El “último” de los Gálvez y la subestimación del “narco” en Chile

Cómo el Gobierno describió un reciente caso de presunto ajuste de cuentas refleja “la poca importancia y la flojera intelectual que la élite que ejerce el poder en Chile le asigna al narcotráfico”.

El jueves pasado, Bryan Gálvez, de 26 años, salía de una vivienda en San Joaquín y se aprestaba a subir a un vehículo cuando recibió 39 balazos disparados desde otro automóvil. Las balas también alcanzaron a una persona que estaba dentro de la vivienda. Bryan se había autoproclamado en Facebook como el “heredero” del clan fundado en la década de los 90 por su padre, Óscar Gálvez Gutiérrez, alias “El Loco Tello”. Entonces el clan controlaba parte de la venta de pasta base y cocaína en San Joaquín.

El asesinato de Gálvez, que se habría puesto al frente del clan junto a su hermano Fabián tras el encarcelamiento en 2014 de su padre, tiene la inocultable marca de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Pese a eso, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lo enmarcó en un balance del éxito de las acciones de la Justicia y la Policía en la represión de estos delitos. “Hace años que preguntan por el clan de ‘Los Gálvez’ y hoy me preguntan por el último”, enfatizó Martorell, y agregó que “ese es el trabajo policial que se ha hecho dentro de La Legua”.

La escasa pericia de Martorell al presentar el asunto ante los medios de comunicación es un indicio de la poca importancia y la flojera intelectual que la élite que ejerce el poder en Chile le asigna al narcotráfico. Durante años se ha vivido bajo la seductora idea de que el nuestro no es un país de destino de las drogas, sino que es una vía de distribución hacia otros mercados. A lo sumo, lo que se estaba dispuesto a admitir es que el país era ‘el banco’ donde los narcos lavaban su dinero.

Pues ya no. El país ha consolidado su propia cultura en torno al fenómeno. Hace unos años, un cura que vive en una población santiaguina me refirió con detalle uno de los primeros ajustes de cuenta con ametrallamiento. Él se lamentaba porque los asesinos habían matado por error a uno de sus jóvenes colaboradores en la parroquia cuyo hermano sí estaba implicado en el narcotráfico. El ametrallamiento desde un coche en marcha se ha convertido en el método clásico de eliminar a los rivales.

Los funerales de los jefes, como Bryan, se convierten en homenajes populares, con disparos al aire y con fuegos artificiales para disimular las detonaciones. Los asistentes acuden en coches de lujo, de gran cilindrada. La despedida de un jefe narco es una exhibición de poder del clan y sus aliados, y una comprobación de la lealtad del pueblo que es cliente o colaborador. “Los niños ya no quieren ser futbolistas, quieren ser narcos”, dice un veterano periodista, vecino de una de estas poblaciones donde los vendedores de droga forman el verdadero poder local.

El narcotráfico no es una actividad delictiva común. Mueve tal cantidad de dinero que no le resulta difícil infiltrarse en todas las áreas de la sociedad, desde la Policía hasta el poder político pasando por la Justicia. La experiencia colombiana fue trágica en ese sentido y al país le costó décadas liberarse primero del reinado de los ‘narcos’, después de su evolución hacia el narcoterrorismo y, por último, de su secuela final: la narcoguerrilla.

El mismo jueves, la Fiscalía notificó al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, de que lo formalizará como encausado por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Aguilera ha sido acusado en varios programas de TV de tener vínculos con el narcotráfico, aunque la investigación de los fiscales, que se ha dilatado durante tres años y medio, parece haber destapado sólo corrupción política y administrativa, según lo publicado por La Tercera el domingo.

Sin embargo, siempre aparece el tráfico de drogas como ominoso telón de fondo: el testigo clave contra Aguilera sería Roberto Martínez Cariz, uno de sus guardaespaldas que fue detenido a finales de 2017 a bordo de un vehículo robado con dos cajas de municiones que pertenecerían a uno de los tres clanes familiares que trafica con droga en San Ramón.

El sábado, en un artículo en El Mercurio, el arquitecto y urbanista Iván Poduje denunciaba la impunidad en que se mantienen los llamados “loteos brujos” y apoyaba su argumentación en un hecho que ha conmovido a la opinión pública, pero por lo visto no a nuestro sistema político: el asesinato por parte de un sicario del empresario Alejandro Correa que denunció la toma de un predio de su propiedad en Quilpué por un vecino que resultó ser un peligroso narcotraficante. La “narcopoblación” ya tiene 100 viviendas instaladas.

En otras circunstancias, sucesos similares, aunque con diferentes víctimas y victimarios, movilizaron a la clase política, al gobierno y a los legisladores para dictar leyes con nombre y apellidos. Esta vez, sin embargo, el poder sigue mirando para el lado.

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