El día en que la República reveló el verdadero poder del Presidente
La inesperada decisión del Tribunal Constitucional exhibe la profunda orfandad institucional que vive hoy Sebastián Piñera.
El 7 de mayo de 1974 el abogado Enrique Evans de la Cuadra propuso redactar esta indicación como parte de su trabajo en la Comisión Ortúzar, que elaboraba los primeros apuntes de la Constitución de 1980: “El Gobierno es republicano, democrático representativo y presidencial“. Una semana después, Alejandro Silva Bascuñán, otro de los juristas de la comisión, retrucó que no le parecía conveniente introducir la parte “presidencial” en “un aspecto que no es esencial al pueblo, pues es lisa y llanamente la manera de gobernarse”.
La opinión de Silva Bascuñán prevaleció.
El 27 de abril de 2021, una de las últimas rocas institucionales que sostenía el poder de un Presidente de la República, desde la recuperación de la democracia en Chile, también se desvaneció. El Tribunal Constitucional, una entidad republicana a cuyo regazo La Moneda se había encomendado para enmendar un proyecto de ley de tercer retiro despachado desde el Congreso, rechazó el requerimiento del Ejecutivo.
En este caso, las circunstancias importan.
En primer lugar, los asesores legales de La Moneda enviaron un requerimiento con errores que le costarían el puesto a cualquier procurador. Segundo, los encargados de enlace entre Palacio y el TC olvidaron sus teléfonos o malinterpretaron algún mensaje de WhatsApp si creyeron que reeditarían el empate que obtuvo el Gobierno en diciembre ante el mismo tribunal, con un proyecto casi igual, y que solo fue dirimido por la presidenta de la entidad, María Luisa Brahm. Tercero, Brahm, exjefa de asesores de la primera administración de Piñera, pasó de convertirse en activo (dirimió aquel desempate) a un peso: su conflictivo manejo de relaciones interpersonales no solo la tiene enemistada con quien debería ser su mayor aliado interno, Iván Aróstica -otro exfuncionario de Piñera I-, sino que la tiene inmersa en un sumario por maltrato laboral. Y cuarto, los ministros del TC fallan en un contexto: parece simbólico que Aróstica no solo cometió la audacia de en la práctica adelantar su voto antes de entrar a la deliberación, sino que su rostro y sus declaraciones por primera vez atravesaron la galaxia que separa el edificio del TC de los masivos matinales de la televisión chilena.
Las circunstancias explican un momento, pero sirven para graficar una serie completa. Salvo por un Banco Central cuyas advertencias silban como una brisa a oídos de los parlamentarios, otras instituciones republicanas caminan por el lado a otro ritmo.
Durante esta administración, la Contraloría General de la República se ha enfrentado en numerosas ocasiones también a La Moneda. Con su visión de la ley, el contralor Jorge Bermúdez entintó derrotas en materias diversas como el protocolo del aborto en tres causales o incluso, en pleno inicio del estallido social, echó abajo el fundamento jurídico de convocar al Cosena. Y en el Poder Judicial, la Tercera Sala de la Corte Suprema corrige políticas públicas y ahora además dinamita instrumentos sanitarios de control de la pandemia.
El estallido social se abalanzó sobre toda la clase política. Pero la arquitectura institucional chilena lesionó en particular a la figura presidencial, que además debió rodar la cuesta con las acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos. La principal entidad cuestionada por su manejo de las protestas es Carabineros. La ironía vino vestida de aniversario: este martes 27 de abril se conmemoraban los 94 años de su fundación y allí estuvo el Presidente en la mañana cuando el TC sofocaba su requerimiento contra el Congreso.
En un bote cada vez más pequeño, los parlamentarios han escogido. Con un Mandatario golpeado por una impopularidad que se hizo crónica, y en medio de la extraña pausa de la pandemia, los legisladores del propio oficialismo resolvieron poner a Piñera sobre la borda. Lo entregaron.
No hay que ir atrás en el tiempo para dar el mejor ejemplo del abandono. En el primer retiro del 10%, la mayoría de los diputados de RN -la mayor fuerza oficialista de la Cámara- votó a favor de esta iniciativa. Y para el tercer retiro, el viernes 23 de abril, solo el 11% de los diputados votó con el Gobierno. Eso equivale a pensar que el 89% es oposición. Se sorprendería un visitante extranjero -o, a estas alturas, un selenita- si supiera que 71 de los 155 diputados son oficialistas: el 46%.
Los partidos políticos del sector tampoco ordenan. Los jefes de bancada ni transmiten ni empujan ni mandan. En una puesta en escena agónica de las luces del ocaso, el domingo 25 de abril el Presidente anunció su propio proyecto de tercer retiro. Estaba rodeado de ministros debilitados, y de parlamentarios y candidatos presidenciales de Chile Vamos que se sumaron a un estímulo del mal cálculo. No bien concluido el anuncio presidencial, Joaquín Lavín pidió pasar ya a una etapa de universalidad y Mario Desbordes relativizó la batalla del TC.
De que Sebastián Piñera ha quedado cada vez más solo en su propio sector es ya un dato. Lo novedoso no es la persona, sino la investidura: es el Presidente de la República quien se ha ido quedando sin la república que dirige. En su breve alocución en La Moneda la tarde del martes 27 de abril, el Jefe de Estado actuó como un primer ministro que obedece lo que la mayoría en el Parlamento le señaló y lo que la institucionalidad que aún le quedaba a mano le denegó.
La legitimidad del Presidente no es un asunto en cuestión, dado que nace de su maciza elección de diciembre de 2017. Y en una democracia como la que hoy rige en Chile, eso no debe olvidarse. Pero el presidencialismo chileno pareciera estar mostrando ahora su verdadero rostro. Cuando hay una mayoría en contra en el Congreso, cuando los partidos oficialistas no ordenan, cuando el propio sector político abandona las convicciones originales ante la inminencia de las elecciones, y cuando una serie de instituciones fundamentales empuñan la autonomía constitucional con fervor, la República reduce la figura del Presidente al tamaño que siempre tuvo.
Hasta ahora existía una corriente de pensadores que han sostenido que Chile es un régimen “hiperpresidencialista”, basándose en las numerosas atribuciones que la Constitución le entrega al Jefe de Estado, sobre todo en su dimensión como colegislador. Otros autores, sin embargo, como el politólogo Christopher Martínez, sostienen en cambio que ya hay suficientes dispositivos limitantes del poder presidencial. Este 27 de abril ha dado más evidencia a esta última tesis.
En su argumentación contra incluir “presidencial” en las características de la república chilena, Silva Bascuñán fue particularmente anticipatorio, según se recoge de las actas de la Comisión Ortúzar:
“En principio, el señor Silva Bascuñán duda de que convenga atarse tanto en esta parte de la Constitución con este homenaje tan indiscutible al régimen presidencial, que se rinde casi como rutina. Cree que hay que elaborar una norma mucho más flexible y racional, con una división de Poderes que sea más lógica, que evite los abusos, que no constituya al Presidente de la República en un verdadero monarca o emperador”.