¿Cuál es el mínimo común denominador de las propuestas de mínimos comunes?
Hay al menos un punto de consenso entre las fuerzas políticas: una renta básica universal de emergencia por sobre la línea de la pobreza.
En La Moneda aún aguardan las propuestas que tanto el oficialismo como la oposición comprometieron hacer llegar para concretar el alcance de una agenda de mínimos comunes que permita brindar asistencia a las familias más vulnerables del país en medio de la pandemia.
La semana pasada, el Ejecutivo envió a la oposición un documento con las bases para llegar a ese consenso. Los personeros de centroizquierda e izquierda, en tanto, se reunieron el sábado pasado en un cónclave que juntó por Zoom a presidentes de partido, jefes de bancada, candidatos presidenciales, gremios, sindicatos y fundaciones, para abordar los ejes sobre los que se entregaría dicha propuesta.
Chile Vamos, en tanto, trabaja con sus institutos, la mesa de la Cámara de Diputados y los jefes de bancada de cada partido; y para partir tomaron como base la minuta que ya presentó el Ejecutivo con cinco puntos para construir esta agenda.
Todos esos insumos deberían estar a mitad de esta semana en el correo del Presidente Sebastián Piñera. Pero los resultados y la conjunción de todas esas propuestas recién está prevista para después de las elecciones, según lo confirmó este lunes el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. El primer mínimo común de toda esta conversación: una renta básica universal de emergencia o un ingreso ético de emergencia, según lo proponga el sector.
Las bases para el Ejecutivo
La presidenta del Senado, Yasna Provoste, delineó el camino que la oposición seguiría con el Ejecutivo a fines de abril: buscar un mecanismo de ayuda a las familias, a las pymes y las formas de financiar todo eso. ¿Reforma tributaria? Para más adelante, de acuerdo con lo que respondió. ¿Derechos humanos? No en estos mínimos comunes, porque el objetivo es ayudar económicamente a la población vulnerable.
Así, posterior a la serie de reuniones que el Mandatario sostuvo el viernes 30 de abril en La Moneda, el Ejecutivo envió un documento a los senadores de la oposición que incluye cinco puntos: lo fundamental tiene relación con ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia del 80% al 100% del RSH. La propuesta no aborda los montos, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, transmitió más de una vez que aquello era parte de la discusión también. Para financiar parte de estas ideas, la minuta habla de aumentar el endeudamiento.
Además, el texto incluye un programa especial de apoyo a las pymes por 1.000 millones de dólares, que tenga como objetivo generar apoyo “expedito y flexible” para que pymes puedan financiar gastos básicos de funcionamiento; eliminar barreras de entrada quitando la restricción para recibir este tipo de recursos a quienes adeuden cotizaciones previsionales producto de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo; fortalecimiento de subsidios Regresa, Contrata, Protege y Empléate.
También propone eximir del pago de concesiones de parques nacionales y borde costero y eximir de pagos de rentas y tarifas de concesiones marítimas que se relacionen con deportes náuticos, mercados, ferias, kioscos, restaurantes, entre otros; y la postergación de pago de patentes mineras en remate.
En segundo lugar, el texto aborda medidas tributarias para apoyar pymes y personas, como la postergación del pago del IVA para pymes con caídas en ventas del 20% o más; disminución transitoria de tasa de interés penal; reembolso de remanente de IVA crédito fiscal a abril 2021; devolución de impuesto de primera categoría que pymes hubieran pagado en 2020 para empresas acogidas al régimen Pro Pyme General.
Asimismo, la revisión de franquicia para las ganancias de capital en acciones o cuotas con presencia bursátil, aumentar la duración del Impuesto Sustitutivo FUT, revisión del crédito especial IVA la construcción, repatriación de capitales y revisión del impuesto a “algunos bienes de lujo”.
Por último también hay una mención a un reforzamiento del financiamiento del sector salud, con inyección de recursos para la atención primaria y los servicios de salud.
El mínimo para la oposición: la renta básica universal de emergencia
La propuesta del Ejecutivo fue calificada en buena parte de la oposición como “insuficiente”. En respuesta y después de un cónclave de ocho horas entre la mayoría de los representantes de ese sector y actores de la sociedad civil, la izquierda concluyó dos propuestas concretas sobre ayudas sociales y transferencias a las pymes. En primer lugar, plantean una renta básica universal de emergencia (RBUE) con un monto sujeto a un “criterio de suficiencia”, determinado por la línea de la pobreza ($176 mil por persona, decreciente mientras más integrantes haya en un hogar) pero también otros gastos familiares esenciales no considerados en esa medición.
Esta renta estaría dirigida al 100% de las familias vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), cerca de 6.6 millones de hogares. Además proponen simplificar el acceso al RSH, ampliar el cohorte de beneficiarios y que se pueda financiar el trabajo de municipios u ONG para catastrar a personas que no estén en el RSH actualmente pero les correspondería.
La duración de este beneficio sería tres meses, prorrogable según las condiciones de la pandemia. El pago debería ser automático, con la excepción de quienes no estén en los registros previos.
Para la oposición, la forma de financiar dicha RBUE tiene tres aristas: recursos que vengan de incrementos en el precio del cobre; endeudamiento público y fondos soberanos. Un cuarto punto dice relación con el fin de ciertas exenciones tributarias, lo que se ha exigido transversalmente y sobre todo Evópoli ha convertido en su bandera.
En cuanto a las pymes, la propuesta incluye un paquete de transferencias no reembolsables por un monto total de 3.000 millones de dólares, dirigido principalmente a empresas con ventas netas de hasta UF 25.000. Asimismo, líneas de crédito de Banco Estado con un año de gracia, similares al Fogape I, suspensión de pagos de patentes, eliminación de multas por incumplimiento tributario durante 2021; y suspender también en este año los pagos por derechos de aseo, entre otros.
Pero ojo, porque el Partido Comunista y los diputados del Frente Amplio decidieron restarse de todas estas instancias. El PC, por un lado, exige que se integre dentro de estos mínimos comunes el royalty minero y el impuesto a los súper ricos. El FA, en tanto, pide que las conversaciones se den en las comisiones que correspondan.
Agregar o no un capítulo sobre derechos humanos fue parte de las conversaciones, mas aquello no tuvo unanimidad, pues dentro de la izquierda algunos plantean que si bien eso debería ser parte de las conversaciones a futuro, lo que está en juego ahora es dar una respuesta urgente a las familias afectadas por la pandemia.
Los tres ejes de Chile Vamos
El oficialismo comenzó a rearticularse a propósito del fracaso que significó la promulgación del tercer retiro del 10% y para hacerse parte de las conversaciones que, hasta mitad de la semana pasada, protagonizaban solo la oposición y el Gobierno. En ese contexto empezaron a trabajar sus propuestas con los institutos ligados a cada partido. Hasta el cierre de esta edición no existía una fecha clara de presentación, pero sí contemplaban tres ejes: ayuda a las familias, a las pymes y un marco de institucionalidad para evitar volver a debatir proyectos considerados inconstitucionales.
El documento se está redactando aún, pero en concreto, lo que han transmitido desde ese sector es que el piso coincide con la propuesta opositora de un “ingreso ético de emergencia” que supere la línea de la pobreza y se entregue al 100% de las familias del RSH. Ahí ya existiría al menos un mínimo común, pues el ministro Cerda no descartó que ese parámetro pudiera ser utilizado para las próximas transferencias de recursos.
No obstante, en la UDI por ejemplo hay voces que critican que se entreguen recursos no focalizados, como lo comentó el senador Juan Antonio Coloma este lunes. Evópoli está impulsando que, además, se extienda el Bono Clase Media a 1,5 millones de chilenos que quedaron fuera por no cumplir los requisitos exigidos.
En cuanto a las pymes, el mismo partido que dirige Andrés Molina se encuentra redactando un documento del que están participando técnicos de Horizontal y que contempla nuevas propuestas de apoyo y liquidez para las pymes, como por ejemplo “un apoyo monetario directo, no reembolsable, equivalente a 2 meses de pago de IVA en un año normal, lo que tendría un costo aproximado de US$826 millones”, según anunciaron la primera semana de mayo.
La UDI postula, por ejemplo, que dentro de los 1.000 millones de dólares que el Presidente anunció para el apoyo de ese sector, se pueda entregar un cheque de 2 millones de pesos de estímulo a pequeñas y medianas empresas relacionadas al turismo y restaurantes, que alcanzaría a 77 mil pymes, y tendría un costo de 220 millones de dólares. Este lunes, además, tres diputados oficialistas solicitaron que dentro de los beneficios se incluya a los locatarios y residentes de Plaza Italia, con el argumento de que es una zona a la que especialmente le ha costado reactivarse.
El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, conversó la semana pasada con los la bancada de diputados parte de las propuestas: apoyar el incentivo de repatriación de capitales que presentaron un grupo de parlamentarios del bloque, término de exenciones tributarias y un royalty minero más reducido que el que planteó la oposición y pasó al Senado. Asimismo, el abanderado de Evópoli propone la eliminación de 10 exenciones tributarias, que, según los números que maneja el partido, permitirían recaudar 3.300 millones de dólares de forma permanente.