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Esto piensan los constituyentes de Chile Vamos en siete áreas clave

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Agencia Uno
POR Andres Aguayo |

Son 37 los escaños que serán ocupados por militantes e independientes de derecha. En temas como la autonomía del Banco Central hay coincidencias completas. En otros hay mayor dispersión.

Son muchas las ideas que convoca la nueva Constitución. Cada constituyente llevará sus convicciones a la mesa de trabajo, aunque seguramente los que pertenecen a un pacto partirán de una base común (aunque con prioridades distintas). Lo que ocurre entre los delegados de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli, PRI) es un buen ejemplo.

PAUTA revisó los programas que los entonces candidatos inscribieron en el Servel, seleccionando cinco categorías para proyectar lo que serán las intervenciones de los 37 representantes de Chile Vamos, entre militantes e independientes en cupos de partido, en la Convención Constitucional.

Derechos sociales

Vivienda

De este grupo de constituyentes, 15 se refieren al acceso a la vivienda como un derecho. Representan particularmente los ejes RN-Evópoli. El denominador común: que sea el Estado el encargado de garantizar ese derecho social.

En el desglose de las propuestas, constituyentes como Cristián Monckeberg (RN, Distrito 12, exministro de Vivienda del actual gobierno de Sebastián Piñera) y el independiente en cupo RN Ruggero Cozzi (Distrito 6) proponen la vivienda como un derecho y que el Estado es el responsable de otorgarlo. La constituyente Bárbara Rebolledo (independiente en cupo Evópoli), representante del Distrito 17, planteó en entrevista con PAUTA que este punto no debe limitarse a la casa como estructura material, sino que también a lo que la rodea. “Que esté ubicada en un barrio seguro y con conectividad, dotada de equipamiento y servicios básicos para que avancemos hacia ciudades más justas y con inclusión social”, dijo.

Seguridad social

En materia de seguridad social, 17 constituyentes incluyeron propuestas garantistas al respecto en sus programas. Nuevamente, son de los ejes RN-Evópoli.

Hernán Larraín (Evópoli, Distrito 11) planteó que la palabra “dignidad” aquí es clave y que la seguridad social debe ser un derecho transversal para todas las personas. “El gran desafío es pasar de un sistema basado en el trabajo formal a uno nuevo que tenga como objetivo primordial asegurar salud y condiciones dignas de bienestar a todas y todos”, comentó.

Coincide con Larraín, aunque de manera más acotada, el RN Luciano Silva (Distrito 20), quien expone en su programa que el Estado debe ser garante de este derecho. 

Por otra parte, Constanza Hube (UDI, Distrito 11) dijo a PAUTA que para ella es fundamental que se mantenga el derecho a la seguridad social de la nueva Carta Magna, “pero estableciendo de manera expresa que le corresponde al legislador determinar la forma de ejercer el derecho y el acceso a las prestaciones [pensiones]”.

Educación

Los 37 constituyentes de Chile Vamos expresaron su visión sobre esta área y es la temática en que parecen tener la mayor cantidad de puntos en común. Sin embargo, respecto de los énfasis se abren dos caminos: un grupo apuesta más por vigorizar el rol del Estado en la educación de los ciudadanos, mientras que otro prefiere una menor presencia estatal.

La exministra de Educación y ahora constituyente por el Distrito 11, Marcela Cubillos (independiente en cupo UDI), manifiesta que existe “un derecho y deber preferente de los padres de educar a su hijo”. En esta misma línea, representantes de Evópoli como Rocío Cantuarias (Distrito 20), plantean que el Estado debe garantizar la calidad en los establecimientos educacionales. 

Los RN Manuel J. Ossandón (Distrito 12) y Cristián Monckeberg (Distrito 10) apuestan por una educación gratuita aplicada en todos los niveles, aunque con énfasis en la etapa parvularia.

Entidades autónomas

Banco Central

Si hay un área en que no existen divisiones y matices entre los 37 constituyentes oficialistas es respecto del Banco Central: todos consideran que debería mantener su autonomía y que su independencia es fundamental para la estabilidad de la economía del país. 

Tribunal Constitucional

Esto no ocurre cuando se aborda la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Su rol, dice la UDI en su programa común, es impresicindible “para un control efectivo de la constitucionalidad”.

Pero otro lado, la constituyente de Evópoli por el Distrito 27, Geoconda Navarrete, estima que su funcionamiento puede perfeccionarse. El objetivo: “Que permita la enmienda de los proyectos antes de su despacho, contribuyendo así a la democracia deliberativa”. El RN Harry Jürguensen (Distrito 25) propone que la conformación de esta institución debería modificarse en algunos aspectos, para que así “pueda legitimarse” y ser “el principal garante del respeto a la normativa constitucional”. 

Libertad de emprender

El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional convoca el respaldo general de los 37 constituyentes oficialistas.

Al referirse a este apartado, todos coinciden en que el Estado no solo debe permitirlo, sino que debe impulsar la libertad de emprendimiento a través de políticas públicas que promuevan el ejercicio de la actividad económica, todo esto consagrado en la Constitución. 

“Que el esfuerzo particular sea reconocido con el legítimo derecho al goce de las invenciones y resultados; incluyendo un sistema tributario no expropiatorio y restrictivo”, propone la RN Patricia Labra (Distrito 18) en su programa.

El agua como un derecho

En esta categoría, solo 14 constituyentes expresan en sus programas la importancia de llevar este tema a la Nueva Constitución. Quienes lo hacen provienen de RN o Evópoli. 

Tanto los representantes de Evópoli como los de RN coinciden en que el agua es un bien nacional de uso público, vital para la subsistencia humana y los ecosistemas. Por ello, esas cualidades deben quedar zanjadas sí o sí en la Constitución. En la actual Carta Magna existe un inciso relativo al agua, en el artículo 19 número 24, que dice: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Asimismo, tanto el Código Civil como el Código de Aguas declaran a este elemento como un bien nacional de uso público.

En su plan de acción, la constituyente Teresa Marinovic (independiente en cupo RN por el Distrito 10) apunta a que se debe garantizar “una gestión sustentable del recurso hídrico, que considera el desarrollo e implementación de un plan hídrico nacional, destinado a proporcionar soluciones de largo plazo para enfrentar periodos de sequía y procesos de desertificación, protegiendo en especial el caudal ecosistémico mínimo necesario para la subsistencia de la biodiversidad, y la disponibilidad mínima requerida de agua potable para consumo humano”.