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La nueva logística del narcotráfico

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Agencia Uno
POR Ana María |

El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, explica por qué los decomisos se duplicaron. Y cuenta que los datos del informe de la Contraloría eran conocidos: “Falta que las autoridades se pongan de acuerdo en ejercer el control que corresponda”, pide.

A junio de 2021 la droga incautada a nivel nacional duplicó a la totalidad de la que se requisó durante todo 2020. Y de ella -cocaína y cannabis sativa, pero en especial marihuana crippy– casi el 40% fue confiscada por operativos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que lidera el fiscal Héctor Barros.

El aumento en la cantidad de droga -que se distribuye desde esta zona a otras comunas de la Región Metropolitana- no es el único problema. Hay otro, y de proporciones: el incremento en la circulación de armas de fuego convencionales. Claro, porque a partir de la información proveniente de los operativos, Barros cuenta a PAUTA que ya casi no se encuentran armas hechizas desde 2018.

“El homicidio con arma blanca o con un objeto contundente hoy es el mínimo en comparación con el de arma de fuego”, dice el fiscal. “El delito que está de base es el narcotráfico. Antes se encontraban armas hechizas, como las “tamara” (escopetas hechizas), pero hoy son convencionales”, precisa.

Una alerta sobre la tenencia ilegal de armas la emitió, este miércoles 23 de junio, un informe de la Contraloría: existen armas inscritas a nombre de personas fallecidas, menores de edad y civiles con antecedentes policiales. Lo detectó en una auditoría a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Héctor Barros, fiscal metropolitano sur.
Héctor Barros, fiscal metropolitano sur del Ministerio Público. Créditos: Agencia Uno

Sin embargo, para Barros esa información no es ninguna novedad. Al contrario, señala que hace más de 10 años ya lo advirtieron cuando fueron desarticuladas importantes bandas narcos como el clan Los Cara de Jarro.

“Es un fenómeno que tenemos desde hace mucho tiempo. Lo que falta es que las autoridades se pongan de acuerdo en ejercer el control que corresponda. Porque el tema de las personas muertas con armas inscritas, o las personas en situación de calle que compran armas a cambio de $10 mil por encargo de un narcotraficante, es muy conocido. Lo hicimos presente cuando tuvimos el juicio de Los Carra de Jarro en 2010, de los problemas que hay en la Dirección General de Movilización Nacional. Incluso, en ese tiempo hubo anuncios de modificaciones legales y no pasó nada”.

Neonarcos y pandemia

-¿Cómo ha cambiado la estructura de organización de las bandas? ¿Cuál es el perfil de los neonarcos?

“Antiguamente, una organización criminal hacía toda la escala de la venta. Pero con el tiempo ha habido una especialización con el fin de ir disminuyendo los riesgos en cada uno de los eslabones que participa en el narcotráfico. El camionero solo transporta; el que tiene la exportación de la droga solo la entrega a grupos intermedios acá, se deshace del problema y va recibiendo los dineros. Lo mismo ha ocurrido con los dineros producto de la venta de las drogas, porque al no tener cómo justificar estas ganacias, empiezan a recurrir a personas para blanquear estos bienes, como profesionales del área jurídica y contable”.

Así, debido a las nuevas dinámicas delictivas es que, a partir del 1 de julio, Barros implementará un órgano especializado: la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado.

Héctor Barros cuenta que en 2020 la incautación de drogas en operativos de la Fiscalía Metropolitana Sur fue de cinco mil kilos. En cambio, a junio de este año, “llevamos 10 mil 500 kilos de droga incautada”.

Esa cantidad ha sido confiscada en siete grandes operativos en 2021. El último fue el fin de semana pasado, y con el mismo modus operandi que describe el fiscal: en la Región de Antofagasta, Antinarcóticos de la PDI detuvo a dos transportistas que trasldaban en un camión, que venía desde Bolivia, tres toneladas de cocaína y cannabis sativa. En otro procedimiento, hace dos meses encontraron casi tres mil kilos de droga.

-¿Qué cambió entre 2020 y 2021? ¿Está entrando más droga a Chile o ha habido más incautaciones?

“Las explicaciones pueden ser diversas; es difícil llegar a una aproximación real. Puede estar influyendo la mayor cantidad de controles, tanto policiales como sanitarios, lo que implica que las organizaciones actúen en forma más estresada en cuanto a la evasión de los controles. Entonces, lo que los narcos están haciendo es traer mayores cantidades de una sola vez. Pero también puede estar llegando más droga que antes”.

-¿Porque hay más consumo?

“Sí, porque esta es droga de consumo nacional”.

-¿Se relaciona la pandemia con el alza del consumo?

“Tiene que ver con que hay una creencia equivocada de que el consumo está autorizado o legalizado, cuando las normas no han cambiado. Solo el consumo privado no está penalizado. Esto se relaciona también con que los niveles de consumo y de autocontrol que antes existían ya no son lo son tanto. La gente está consumiendo más droga, principalmente más marihuana, porque hay mucha información de que no produce efecto en la salud y que no sería nocivo. Eso hace que se relajen”.

-¿Ha aumentado el tráfico por la publicidad a favor de la marihuana?

“Al haber más consumo, hay más tráfico. Esto opera, finalmente, por las reglas de mercado”.

-Hay candidatos presidenciales que han propuesto legalizar la marihuana. ¿Cuál es su opinión?

“Solo puedo decir que, afortunadamente, mi labor es jurídica y técnica, vinculada a la persecución penal. No es política. Esa es una decisión que tienen que tomar los organismos correspondientes. Pero lo que sí creo es que se tenga siempre en consideración que, asociado a cualquier medida que se tome, tiene que haber planes de salud destinados a abordar las consecuencias de esa legalización en la salud de las personas de menores recursos. Siempre planteo que quienes tienen recursos pueden someter a un tratamiento médico a un hijo que tenga problemas de adicción”.

Y agrega: “En la jurisdicción que tengo a mi cargo, esas personas terminan, por lo general, muertas en una noche de frío, en un enfrentamiento a balazos o atropelladas. Y eso es porque no tienen acceso a un sistema de salud que permita controlar su consumo excesivo. Por eso es que es preocupante que se mire solo el fenómeno de legalización de la droga sin que vaya aparejado con una política de salud que se haga cargo de las consecuencias que va a producir cualquier medida. Sin manifestarme a favor o en contra, ni si es bueno o es malo, una legalización no va a terminar con el narcotráfico, sino que va a producir que se modifique la forma en que se va a consumir la droga. Y el comercio ilegal va a seguir existiendo aunque se legalice el consumo de la marihuana”.

Homicidios y cargadores Rony

En la zona metropolitana sur hay, en promedio, 10 homicidios semanales y el 70% de ellos está relacionado con ajustes de cuentas.

Esa cifra tuvo un cambio, y para mal, el fin de semana del 12 y 13 de junio, cuando hubo 10 homicidios. Nuevamente el delito base es el narcotráfico.

“El 2018 notamos que los delitos violentos con uso de armas de fuego habían aumentado en un 70% en la zona sur y en un 80% en Puente Alto. Eso nos llevó a buscar las razones para saber cuál era el delito que estaba abajo”, dice Barros.

-¿A qué conclusión llegaron?

“Que tenían que ver con la comisión de delitos. Y el principal es el narcotráfico, aunque también aparecieron personas dedicadas a delitos contra la propiedad, como robos violentos. Las balaceras se producen por enfrentamientos de bandas criminales en el sector sur. Era un tráfico barrial o intermedio que se intensificó durante el último año y que hizo que organizaciones crecieran mucho más que antes. Y con una logística más compleja y refinada y con mayores utilidades. Porque, cuando empiezan a crecer, tienen que enfrentarse a otras organizaciones criminales locales”.

-¿En qué se nota esa “logística más compleja y refinada”?

“En el tipo armas de fuego que usan ahora, porque el poder de fuego aumentó con el uso de armas convencionales, que son más eficientes y hay más disponibles. Hemos visto incluso a sujetos que se han dedicado a importar cargadores Rony, que permiten tener una gran cantidad de municiones. Es decir, ya no es el cargador pequeño de 12 tiros. Además, el uso de estas armas es indiscriminado, disparan grandes cantidades de municiones en algunos enfrentamientos. Eso hace que el riesgo aumente mucho más para la población”.

-¿Cómo pueden ingresar este tipo de cargadores y armas al país?

“Son armas de fuego nuevas, que las traen a través de terceras personas o mediante algún fraude. En 2008, por ejemplo, desarticulamos una armería en La Cisterna donde la dinámica era que una persona que cumplía con la ley iba a comprar un arma de fuego, le sacaban un poder para hacer la compra y se llevaba una. Pero, finalmente, se inscribían seis o siete a su nombre que, al final, iban a parar a manos de narcotraficantes. No es necesario importar armas, porque acá están las condiciones para adquirirlas con el sistema formal y no es necesario recurrir ni a hechizas ni a extranjeras”.

-Lo demuestra el informe de la Contraloría.

“Es una constatación. En investigaciones complejas nos ha tocado poner el ojo sobre los organismos que fiscalizan las armas de fuego, pero también la forma es que los fraudes se van produciendo. Lo hemos planteado y lo que hay que hacer es cerrar esa llave que está goteando y que provoca que esas armas lleguen a manos, principalmente, de los narcotraficantes”.