Anticipo de la Convención: el incierto destino de los colegios subvencionados

¿Se terminarán los colegios subvencionados? La propuesta surge entre los constituyentes electos, pero hay una gran resistencia en el sector que representa a Chile Vamos. El consenso está en fortalecer la educación pública en la nueva Constitución.

Las bases del debate sobre el derecho a la educación en la nueva Constitución estarán dadas por dos claves: el deseo mayoritario de los constituyentes electos de fortalecer la educación pública y la intención al mismo tiempo de otros tantos de mermar el rol de los privados en el sistema. 

De hecho, una de las propuestas que surge entre los convencionales -según la información que recabó PAUTA– tiene relación con terminar con los colegios subvencionados para evitar derivar los fondos públicos hacia instituciones privadas.

Ese punto tiene la resistencia del sector que representa la derecha en la Convención. Sus representantes argumentan que el sector público no está preparado para absorber a los alumnos de ese tipo de colegios, que en agosto de 2020 concentraban al 54,4% de la matrícula total.

Quiénes buscan restringir al sector privado

“Debe haber un sistema de educación pública de calidad, gratuita, práctico, en que el niño salga de la educación media con un oficio determinado. Sobre los particulares, pueden existir los que sean, pero sin el apoyo del Estado. Debemos avanzar paulatinamente en el fin de los particulares subvencionados”, contesta a este medio el abogado y constituyente por el Distrito 21 Luis Barceló (PPD).

El debate del fin de la subvención estatal a los colegios particulares, a pesar de corresponder en el detalle a la ley y no a la Constitución, tendrá lugar sin duda en el proceso constituyente. El transfondo es la contraposición, como la entienden algunos, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

“Se debe erradicar el principio de libertad de emprendimiento en la educación. Se debe consignar en la nueva Constitución el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, laica, no sexista y multicultural. Además, [existirá] la responsabilidad integral del Estado para esta garantía social. La iniciativa privada en ningún caso puede centralizar la provisión de este bien público, solo debe ser un complemento desprovisto de lucro”, opina el exministro y representante por el Distrito 13, Marcos Barraza (PC).

El sociólogo y máster en política educacional de Harvard Cristián Belleï escribió a fines de 2020 una columna en Ciper a propósito de la nueva Constitución, en la que critica que la Carta Magna de 1980 “asimiló la libertad de enseñanza con la libertad de empresa, abriendo un enorme espacio de arbitrariedad para que los dueños de las escuelas privadas las organizaran y gestionaran según su interés y preferencias, sin preocuparse del bien común; pero al mismo tiempo, garantizándoles amplio acceso a los recursos del Estado”.

De esa manera, critica Belleï, esos colegios no están obligados a aceptar políticas educacionales para mejorar equidad, la no discriminación y la participación, y reciben recursos del Estado de cualquier forma. 

“Sin platas del Estado puede haber establecimientos privados. Me gustaría decir que solo se tenga un único sistema de educación y uno de salud, pero es un tema que se debe debatir y será de amplia discusión. Me gustaría llegar a un Estado fuerte y sólido en estas áreas, donde se garantice la calidad y acceso, pero siento que es un tema que tratar en la Convención”, agrega la exalcaldesa de Paillaco y constituyente por el Distrito 24, Ramona Reyes (PS).

Quiénes esperan mantener el sector privado

En tanto, el Instituto Libertad y Desarrollo publicó hace en mayo un artículo sobre el tema, argumentando que se vislumbra una “gran amenaza” de que se imponga una visión “estatista” de la educación al restringir el derecho a la libertad de enseñanza.

Esto, pues “la mayoría de las familias chilenas que hoy prefieren estos proyectos educativos dejarían de recibir ayuda para financiar la educación en los colegios de su elección, debiendo aceptar la educación pública monopolizada por el Estado o bien, si pueden costearlo, cubrir todos los gastos de la educación de sus hijos en colegios particulares pagados”.

En ese sentido, los constituyentes de Chile Vamos proponen que la participación del sector privado se mantenga. Asimismo, plantean que se fortalezca la educación pública para que los padres ejerzan su derecho preferente a educar a sus hijos, lo que requeriría de la protección de la libertad de enseñanza entendida como en la actualidad.

“La libertad de enseñanza y el derecho a la educación consagrados en nuestra Constitución han permitido el desarrollo de un nivel de cobertura educacional que ha mejorado de manera notable la movilidad social en nuestro país. Esto es justamente fruto de un sistema que no ve a lo estatal y lo privado como enemigos, sino que es capaz de complementarlos, por ejemplo, en el segmento particular subvencionado, que representa gran parte de la matrícula de estudiantes en Chile”, según respondió a PAUTA Ricardo Neumann (Ind. Vamos por Chile), representante del Distrito 16. 

La dimensión de la matrícula que hoy llenan esos colegios es uno de los puntos que, además, utilizan para defender la postura de la mantención de los privados en el sistema.

“Sí, se debería mantener. Es lo mismo que la salud. Ojalá todos los colegios públicos fueran tan buenos como el mejor de los privados. Cuando eso pase, la gente preferirá el público y el privado desaparecerá, por lógica. Pero tenemos que llegar a eso, no podemos pretender sacar a todos ahora y quedarnos con la mitad de la gente sin colegiatura”, agregó en conversación con este medio la empresaria turística y constituyente de La Araucanía, Angélica Tepper (Ind. RN)

Para la elaboración de las preguntas a los convencionales constituyentes, PAUTA contó con la orientación de los especialistas en derecho constitucional Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional (TC) y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, abogado y exintegrante de la mesa técnica que dio forma al proceso constituyente.