Anticipo de la Convención: hacia un sistema único de salud

Universalidad y solidaridad son dos de los principios que los constituyentes electos espera reflejar en la nueva Carta Magna. Para muchos eso se traduce en limitar al sector privado en las prestaciones.

Después de al menos una década de propuestas, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de reforma que nunca llegaron a puerto como se esperaba, el sistema de salud está a punto de cambiar. Será la Convención Constitucional la que dé el primer paso en ese sentido, pues la mayoría de los constituyentes tiene una idea concreta sobre las bases que deberían regir este sistema y, por lo tanto, los principios que se deberían consagrar en la nueva Carta Magna: universalidad y solidaridad.

Esas son las palabras que utilizan buena parte de los constituyentes electos, y que muchos directamente traducen en la creación de un seguro único de salud de carácter público. De esta forma, la participación del sector privado quedaría limitada a seguros complementarios o a roles menores dentro de este nuevo esquema, ya no con la preponderancia que hoy tienen las isapres para un segmento de la población, por ejemplo. 

Lo que distintos constituyentes dicen, independientemente del arco político, es que el paso inicial para cualquier cambio es que la salud pública debiera fortalecerse.

“Siempre creímos que el Estado tiene que mejorar y actualizar su manera de proveer esos derechos sociales […] A nosotros lo que nos importa es nivelar hacia arriba, que el Estado haga bien ese trabajo. No [buscamos] asegurarles a los privados que tengan un cupo de participación ahí, pero eso no es lo mismo que prohibirles que tengan algo por su cuenta”, contesta a este medio el activista ambiental y constituyente por el Distrito 12 Juan José Martín (Independientes No Neutrales).

Un seguro único

“Es necesario escuchar con atención las propuestas de la sociedad civil organizada y los colegios profesionales. Muchas de ellas coinciden en la necesidad de la implementación de un seguro único de salud, lo cual no necesariamente implica la desaparición del sector privado, sino de igualar las condiciones en el acceso al derecho al cuidado sanitario”, agrega la abogada y constituyente de Concepción Amaya Álvez (RD) a PAUTA.

La idea de un seguro único de salud es la que han defendido, además, gremios como el Colegio Médico. Incluso se promovió desde la Comisión Asesora Presidencial de Salud en 2014.

Ese grupo concluyó que a corto plazo se debería avanzar en modificaciones al sistema que propicien que las prestaciones de salud se entreguen sobre la base de los principios de la seguridad social. A largo plazo -plantearon- se debería avanzar hacia un fondo y seguro único en salud, constituido con el 7% de cotización de todos los usuarios del sistema público y privado, que termine con la discriminación, las alzas de precios arbitrarias y la desigualdad del acceso de salud entre quienes más y menos recursos tienen.

En ese minuto, Libertad y Desarrollo publicó un artículo en que argumentó que “un fondo y seguro único generaría serios problemas para quienes hoy están en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Agregaría potencialmente tres millones de beneficiarios a un ya deteriorado sistema, tensionándolo aún más en cuanto a la oportunidad de atención, y en consecuencia, disminuyendo la ya baja calidad de servicio que reciben quienes hoy se atienden en el sistema público”.

Las cifras de la Superintendencia de Salud de 2020 indicaban que poco más de 3.300.000 personas eran beneficiarias de isapres y 14,4 millones de Fonasa.

El rol de los privados en salud

Hay un sector dentro de la Convención, principalmente representante de Chile Vamos, que espera que la participación del sector privado se mantenga. El argumento gira en una lógica similar a la que enunciaba Libertad y Desarrollo: hoy el sistema público no podría absorber a las personas que se atienden en isapres, por lo que primero es necesario fortalecer ese sistema.

“Que se garantice el derecho a elegir entre salud pública o privada. Que sin importar si es un hospital público o privado la persona pueda recibir la atención”, dijo el exsubsecretario de Redes Asistenciales y constituyente del Distrito 9, Arturo Zúñiga (UDI), en CNN.

“Libertad de elección en la prestación de servicios sociales, ya que ella empodera a los ciudadanos e influye eficazmente en el mejoramiento de los mismos, y apoya la asociación pública–privada en sus diversas modalidades ya que permite la liberación de recursos estatales para destinarlos a fines sociales prioritarios”, propuso en su programa su par del distrito 18, la abogada Patricia Labra (Ind. en cupo RN).

Para la elaboración de las preguntas a los convencionales constituyentes, PAUTA contó con la orientación de los especialistas en derecho constitucional Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional (TC) y profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, abogado y exintegrante de la mesa técnica que dio forma al proceso constituyente.