Anticipo de la Convención: los referéndums revocatorios en Chile

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período por el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria a un referendo para revocar su mandato. 

Si el cincuenta por ciento más uno del número de electores y electoras, hubieren votado a favor de la revocatoria, y siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato al reemplazo de conformidad a lo dispuesto en el art. 51 de esta Constitución”.

Ambos párrafos forman parte del proyecto de reforma constitucional ingresado en 2006 por los entonces diputados Sergio Aguiló, René Alinco, Eduardo Díaz, Marcelo Díaz, Marco Enríquez-Ominami, Iván Paredes y Alejandro Sule. Hay al menos otras siete iniciativas similares en tramitación en el Congreso, y el senador Alejandro Navarro (PRO) anunció dn junio que impulsaría otra de este tenor. 

El referéndum revocatorio se ha levantado como una tendencia en la Convención Constitucional. Y esta vez mucho más concreta que antes, pues una amplia mayoría de constituyentes cree que habría que incorporar mecanismos de democracia directa, o bien de “democracia participativa” como hablan otros, para que las personas se involucren con mayor intensidad en la política. Esta medida y la iniciativa de ley popular, que permite que los ciudadanos firmen un proyecto y lo envíen al Congreso, son las más nombradas.

Una Constitución que permita revocar autoridades

“Estoy de acuerdo con la iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios, plebiscitos vinculantes donde la ciudadanía pueda opinar sobre diferentes materias para la toma de decisiones de nuestro país. Es muy importante que la ciudadanía dé su opinión, no puede ser que el pueblo sea invisibilizado frente algunas materias”, contesta a este medio la dirigenta y constituyente por el Distrito 16 Gloria Alvarado (LLDP).

Los 27 representantes de La Lista del Pueblo proponen en su programa compartido incorporar este tipo de mecanismos. No son los únicos. También hay respaldo para aquello entre los constituyentes de Apruebo Dignidad, otros independientes y la Lista del Apruebo.

No así en la derecha, sector en el que si bien hay quienes respaldan algún tipo de iniciativa de ese tipo, no son la mayoría. Un caso que sí: “Tiene que haber algunos mecanismos de participación directa de las personas. Cuando un político deja la tendalada con cierto grado de responsabilidad, lo castigas con el voto, pero eso es insuficiente. Tiene que haber una forma en que el ciudadano pueda responsabilizar a sus autoridades, obviamente en materias determinadas, no todo, porque si no empezamos de nuevo con el circo que hemos visto en el último tiempo; con cuórum importante, no simplemente dos personas que se juntaron, y con un organismo que defina que sea serio también”, dijo a La Tercera la columnista y constituyente por el Distrito 10 Teresa Marinovic (Ind. RN).

Proyectos de ley presentados por la gente

No obstante, la iniciativa popular de ley incluso es respaldada en algunos casos por representantes de la lista Vamos por Chile. Hay asimismo proyectos de reforma constitucional que abordan este punto actualmente en tramitación. Por ejemplo, el de los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso De Urresti (PS), Pedro Araya (PPD), Guido Girardi (PPD) y Adriana Muñoz (PPD), que fija un mínimo de 150 mil firmas para que la ciudadanía pueda ingresar una iniciativa legislativa.

“Estoy de acuerdo con la iniciativa popular de ley como en los cantones suizos, sujeta a normas que deben quedar plasmadas en la misma Constitución”, respondió a PAUTA Roberto Vega (RN), abogado y constituyente del distrito 5.