¿Dónde están las armas? El Estado lo sabe, el Estado no lo sabe

En Chile no hay un registro único porque Carabineros y la PDI tienen sus propias bases de datos. El problema rebota en las fiscalías, que esperan meses para recibir un resultado.

Es un tema pendiente y que cruza a varias fiscalías, sobre todo las de La Araucanía y la Metropolitana Sur, que investigan hechos de violencia rural y crimen organizado, respectivamente. Para ambas la celeridad en las pericias es clave para saber si una misma arma fue utilizada en varios delitos. Aunque esa trazabilidad podría ser una diligencia que toma horas o días, en Chile demora meses y genera consecuencias en el proceso de investigación penal.

“Hoy si yo encuentro en un sitio del suceso, por ejemplo, una bala loca o un casquillo, no hay una base de datos única donde se pueda revisar si ese casquillo fue disparado en otros hechos o sitio del suceso”, señaló a PAUTA Héctor Barros, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Barros explicó la raíz del problema: “Es porque Carabineros tiene una base de datos y la Policía de Investigaciones (PDI), otra. Y para poder cerrar una investigación, lo mejor posible, los fiscales terminamos pidiéndole a Carabineros que pericie la munición encontrada y, posteriormente, se le lleve a la PDI para que vuelva a periciarla e ingresarla su base de datos”.

El fiscal añadió que “se pierden meses de trabajo cuando eso debería estar en línea en ambas policías, que aparezca el resultado y no haya que hacer la misma pega con las dos policías. Falta modificación legal en temas de armas de fuego, donde exista una base unificada de datos de Carabineros e Investigaciones”.

El caso de La Araucanía

Que cada policía tenga su propio sistema de identificación balística es un problema que también ha tenido un efecto directo en el trabajo de la fiscalía de La Araucanía.

Desde ese organismo señalan a PAUTA que la falta de un sistema unificado de datos es un tema que han planteado en el gobierno de Sebastián Piñera en las mesas de trabajo por la violencia rural. También fue explicitado en el período de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando el subsecretario del Interior era Mahmud Aleuy.

Fue justamente por esta carencia que en 2020 la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que dirige el fiscal Héctor Leiva, creó un área especial. Su foco está en la investigación para la identificación de armas y municiones, y que está a cargo del fiscal Felipe González. A comienzos de junio, por ejemplo, un informe elaborado por la PDI y Carabineros, que publicó El Mercurio, reveló que en la Macrozona Sur 34 armas se repiten en 91 atentados. Se trata de información de hechos ocurridos entre 2013 y 2020.

Este informe se enmarca dentro del trabajo de la Unidad de Coordinación Estratégica que el Ministerio del Interior creó en 2018 para procesar información de los delitos de violencia rural en La Araucanía. Pese a los resultados que muestran la trazabilidad de las armas, el problema de un registro único persiste: los casquillos van y vienen entre una policía y otra.

Galli: “Es parte de un problema de Estado”

Consultado por Primera Pauta, de Radio PAUTA, respecto de por qué no se ha implementado un sistema unificado en línea, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que si bien se trata de antecedentes para la inteligencia criminal y para proveer información útil a los fiscales, su inexistencia “es parte de un problema del Estado completo, la correcta administración de nuestros datos”.

“La [iniciativa de] ley de Control Armas lleva 14 años en el Congreso. Le hemos dado urgencia legislativa y era parte del Acuerdo Nacional en julio de 2018. Hay que mejorar en las herramientas jurídicas de esta ley y también en los procedimientos de gestión para tener una buena base de datos y control de las armas legales. Pero, además, no olvidemos de que muchas veces las armas que se utilizan para la comisión de delitos son armas regulares, pero que no han entrado al sistema de registro, sino que son importadas por partes y piezas, contrabandeadas, robadas o perdidas”, sostuvo.

Galli agregó que una cosa es tener el registro de las armas y de las municiones que son legales, y otra unificar las bases de datos que tienen las policías respecto de armas o municiones utilizadas en la comisión de delitos. “Yo creo que en lo segundo vamos a avanzar más rápido que en lo primero y estamos trabajando, justamente, en eso. Por ejemplo, en la Macrozona Sur tenemos una mesa de armas y hemos focalizado el trabajo en aquellas armas más utilizadas en la comisión de delitos”.

Elizalde: habrá “mejoramientos” a la Ley de Armas

Hoy el proyecto de ley de Control de Armas se tramita en dos comisiones del Senado, la de Seguridad Pública y la Defensa.

El presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Elizalde (PS), explica a PAUTA que cuando se haga la revisión final del proyecto, se plantearán otros mejoramientos que permitan la coordinación de parte de las instituciones encargadas de la fiscalización y de la investigación.

“Nos parece preocupante que cada vez se utilicen más armas de fuego en la comisión de delitos de nuestro país. Ha aumentado en la peligrosidad respecto del modus operandi de los delincuentes y por eso creemos que es necesario modernizar nuestra legislación en la materia”, señala.

Elizalde cuenta que han planteado al Gobierno que “es imprescindible la interoperatibilidad y la coordinación de todas las instituciones que manejan bases de datos e información respecto de las armas en nuestro país”. Y añade que “el Gobierno comparte este punto de vista. Por lo tanto, además de tramitar con celeridad esta ley, es fundamental que por parte del Ejecutivo se implementen todas las iniciativas que modernicen el funcionamiento del trabajo de estas instituciones”.

En tanto, el senador Claudio Alvarado (UDI), quien también es parte de la Comisión de Defensa, dice que la interoperabilidad de los servicios del Estado implica inversión en tecnología a fin de que todas las entidades involucradas puedan abrir sus bases de datos a fin de tener la información en línea”. “Es una aspiración y así debería ser. Pero ahora hay que ver cómo termina esta historia, porque acá actúan muchos entes y separadamente: la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), Carabineros y la PDI. Y cada cual tiene su nicho. Por eso, esta discusión puede ser una oportunidad”, añadió.

Alvarado coincide con Galli en que se trata de un problema de Estado: “Debe ser desde una manera más integral, de lo que significa la modernización del Estado. Estoy hablando desde mi experiencia en la Segpres (como exministro) del concepto de interoperabilidad”.

El parlamentario cita como ejemplo el caso de Chile Atiende, donde para se pudiera sacar un registro de servicio militar al día o un certificado de subsidio, hubo que hacer un convenio entre los distintos servicios para que tuvieran la información en línea. “En este caso, lo que hay que hacer es que la información de las armas que estén registradas, y a las que tienen acceso distintas entidades, puedan abrirse. Y eso es parte de un concepto de modernización del Estado”, puntualiza.