La Convención emite declaración sobre presos del estallido

La declaración no contó con el apoyo ni de Chile Vamos ni parte de la centro izquierda. Piden que se dé urgencia a la ley de indulto; que el Congreso agilice la tramitación de ese proyecto; y demandan incluir en él a los “presos políticos mapuches” desde 2001.

La Convención Constitucional tendrá su primera declaración y es sobre los presos del estallido social. Por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, los constituyentes de Apruebo Dignidad, el Colectivo Socialista, La Lista del Pueblo, pueblos originarios y otros independientes firmaron un documento que “demanda” una serie de puntos al Poder Legislativo y al Ejecutivo. 

Entre ellos, que se tramite con celeridad el proyecto de ley de indulto general alojado en el Senado; que el Ejecutivo le ponga suma urgencia a ese y al proyecto de ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, además del “retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado” y la “inmediata desmilitarización del Wallmapu”. 

Hubo un punto que se agregó durante la tarde y que estuvo a punto de hacerlo caer todo: que el indulto, “en el caso de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuches”.

La redacción final del documento derivó en una declaración respaldada por una mayoría de la Convención, pero sin el sector de la centroizquierda; y con el rechazo absoluto de Vamos por Chile (bloque constituyente próximo a Chile Vamos). 

“Se trabajó durante todo el día intensamente y la gente pudo colocar lo que eso significaba para el pueblo de Chile. Finalmente, esa convención con voto mayoritario terminó dando una declaración de posicionamiento político para la libertad de los presos de la revuelta y presos de Wallmapu”, declaró Elisa Loncon a la salida.

Dos horas de debate, tres declaraciones

Tras dos horas de debate sobre la posibilidad de emitir una declaración sobre los presos del estallido social, la Mesa solicitó a los constituyentes que se organizaran, redactaran declaraciones y las presentaran a la testera para votar a partir de las 15:00 horas. Aparecieron tres: una impulsada por el Colectivo Socialista, Apruebo Dignidad y algunos independientes; otra de Chile Vamos; y una de la Vocería de los Pueblos junto a los representantes de los escaños reservados.

Chile Vamos pidió durante la tarde que la suya se retirara, pues solo buscaba hacer un punto político asegurando que “nunca aceptaremos que en Chile existan presos políticos” e insistieron durante toda la jornada “lamentar” que el primer punto de la Convención fuera la declaración.

Pero las otras dos eran similares: ambas incluían los puntos indicados arriba más la creación de una “política robusta” de justicia. No obstante, la de la Vocería de los Pueblos sumaba también la creación de una Comisión de Reparación, Verdad y Justicia a cargo de la misma Convención Constitucional, lo que generaba mucho ruido entre los socialistas y otros sectores más moderados.

La Mesa estableció que se votarían ambas en simultáneo y ninguna consiguió la mayoría absoluta. La número uno logró 52 votos, la dos, 49, más 34 rechazos y 16 abtenciones.

Las últimas conversaciones para destrabar aquel punto se dieron cerca de las 18:00 horas, cuando se suspendió por tercera vez la sesión para dar un espacio a las conversaciones. Al regreso de la pausa, quienes habían respaldado originalmente el documento de la Vocería de los Pueblos votaron por la declaración de los socialistas. 

Las dudas de INN y de la ex-Concertación

En el fondo, ambas declaraciones eran sumamente similares. De hecho, se trabajaron en simultáneo por los distintos lotes durante el horario del almuerzo, en los jardines del Congreso Nacional de Santiago. Incluso se utilizó el mismo documento base: la declaración que los constituyentes autoconvocados antes de la inauguración de la Convención emitieron, a partir de una reunión por Zoom.

Pero había al menos dos puntos que complicaban a los socialistas, que redactaron la declaración uno con Pedro Muñoz (PS) a la cabeza: que el documento de la otra vereda añadía una comisión que no correspondía a las tareas de la Convención -a juicio de fuentes del colectivo- y que era necesario incluir en el texto una mención a que el órgano constituyente no pretendía inmiscuirse en otros poderes del Estado.

“La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, se lee en el texto que respaldó la mayoría.

Ambos puntos fueron los decisivos para que, en segunda vuelta, parte de los Independientes no Neutrales añadiera sus votos. Otros de ese bloque, como Javier Fuchsloyer, se abstuvieron.

“En el fondo estabamos de acuerdo. Participamos de muchas de esas conversaciones, queríamos el fondo y estábamos unánimemente de acuerdo con lo que queríamos lograr hoy día. Lo que pasó es que a muchos el vocabulario de las declaraciones no les parecía muy bien, preferían un poco más un vocabulario más reconciliante, que respetara más la separación de poderes del Estado y por esas razones esas personas se abstuvieron”, contestó a PAUTA el constituyente Juan José Martín.

Esa fue la razón por la que buena parte de la Lista del Apruebo (sin contar el Colectivo PS) no se sumó a ninguna de las dos alternativas, de acuerdo con lo que cuentan en ese sector. Fuad Chahin (DC) por ejemplo, se abstuvo; Felipe Harboe (PPD) directamente rechazó los textos. Algo similar pasó con los tres convencionales independientes por el Partido Liberal. Bessy Gallardo y Renato Garín fueron los únicos que se sumaron a las firmas de la declaración que impulsaban los socialistas.

El párrafo de la discordia

Al mediodía, también, se agregó el párrafo que complicó a los socialistas, que demanda que a los “presos políticos mapuches” entre el Biobío y Los Lagos sea aplicable la ley de indulto desde 2001. Aquello se sumó a petición de los constituyentes de pueblos originarios.

En particular, la representante aymara Isabella Mamani y la representante mapuche Natividad Llanquileo fueron quienes participaron de esas conversaciones. Llanquileo, sobre todo, quien contaba con una minuta que reflejaba la situación de los “presos políticos mapuches”, según cuentan en el bloque de los escaños reservados.

De acuerdo con lo que explican en la Vocería de los Pueblos, no hubo negociaciones marcadas para traspasar la votación a la declaración uno. 

“Había dos propuestas y no podíamos arriesgarnos a que, si ninguna llegaba a la segunda vuelta con un consenso, no saliera una declaración. Hay una conformidad, porque se reconoce una posición: hay prisión política de parte un órgano gubernamental que es algo que no había sucedido y para nosotros eso es lo importante. Es el bien común, el que hubiese un pronunciamiento a la altura respecto de la prisión política en Chile”, respondió Rodrigo Rojas Vade, de La Lista del Pueblo, a este medio.

También entre los escaños reservados hacen un punto, en privado: el traspaso de votos fue una forma de “dar una señal de que podemos cruzar puentes, porque no tenemos los votos solo en la Vocería de los Pueblos y pueblos originarios”.

No obstante, el ítem de la Comisión de Reparación continuará apareciendo en las próximas sesiones. “Esto no es suficiente y no vamos a descansar hasta que cada uno de quienes han sido víctimas de violaciones de DD. HH. tengan reparación y justicia”, dijo Manuela Royo, una de las firmantes de la declaración dos.