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Consulta indígena obligatoria: el debate que impulsan los pueblos originarios en la Convención

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Twitter de Isabel Godoy, constituyente colla
POR Cecilia Andrea |

En el Ministerio de Desarrollo Social están evaluando los antecedentes. Tanto el Gobierno como la propia Convención coinciden en que los recursos deberán surgir de esta última instancia.

El lunes de caos en el que la Convención Constitucional tuvo que suspender su primera sesión por no contar con los sistemas adecuados para funcionar, se frustró también una reunión entre Ana Millanao, la coordinadora de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, y Elisa Loncon, presidenta del órgano constituyente.

El objetivo de ese encuentro era conversar sobre un tema que cobrará mayor fuerza durante los próximos días: la posibilidad, las formas, características y plazos de una potencial consulta indígena durante el trabajo de la Convención Constitucional. Según comentan desde el Ministerio de Desarrollo Social, el tema aún se está evaluando internamente, puesto que hay quienes plantean que sería obligación hacerla y quienes argumentan que no. 

¿Por qué de debería realizar una consulta de este tipo a partir de la puesta en marcha de la Convención Constitucional? Porque de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

“Yo soy de la opinión de que sí debe hacerse consulta a los pueblos indígenas, bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas. Eso sí, esto no deja de ser complejo en la práctica por los tiempos establecidos para la Convención y los tiempos que una consulta indígena requiere”, responde a este medio la académica de la UDP Maite de Cea, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.

Los 17 representantes de escaños reservados argumentan que sí es necesaria. Y no solo eso: ya han estado trabajando en una propuesta para ejecutarla durante los nueve meses -o tal vez 12- que dure el trabajo de la Convención.

El estándar para la consulta

El decreto n°66 de Desarrollo Social es el que regula el reglamento bajo el que se realizan estas consultas, pero el bloque de constituyentes de escaños reservados busca instalar el estándar que fija la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que el detalle y procedimiento los determine una Comisión de Participación y Consulta Indígena en la misma Convención. Esto porque, según dicen en ese grupo, el decreto n°66 “bajó” el estándar de participación de los pueblos.

El 7 de julio, de hecho, entregaron a la mesa de Loncon y Bassa un documento llamado “Propuesta de normas y principios mínimos para el funcionamiento provisorio de la Convención Constitucional plurinacional”. En este piden que se instale “a la brevedad” dicha comisión, cuyo objetivo será proponer el mecanismo para la consulta.

Los mecanismos de participación activa de los pueblos, dicen en el texto, deben ser vinculantes.

“La idea es que se genere esta comisión para ir estableciendo el mecanismo y la estructura que va a permitir esa consulta indígena. El estándar es la declaración de las Naciones Unidas, y sobre eso establecer los mejores mecanismos para que todos los pueblos originarios puedan ir validando todo el proceso constituyente”, responde a este medio Wilfredo Bacián, constituyente quechua.

“Vamos a considerar la cultura de cada uno de los pueblos. No puede ser una consulta uniforme para los diez pueblos presentes en los márgenes estatales, por lo tanto estamos también trabajando una propuesta de consulta que no se va a regir por el Decreto n° 66, porque no estamos hablando de la consulta del convenio y porque la convención es un órgano autónomo”, agrega Rosa Catrileo, representante mapuche y abogada.

¿Y los recursos?

El proceso se enfrenta a una complicación: la logística en medio de la pandemia y los recursos. Según se lee en el texto que entregaron a la directiva, “el deber de llevar adelante la consulta es de la Convención, debiendo procurar en coordinación con otros poderes del Estado, los recursos necesarios para ello”.

En caso de que efectivamente se decida realizar el proceso, desde Desarrollo Social coinciden en que los recursos deben provenir de la misma Convención, que hasta el momento tiene asignado un presupuesto de $500 millones para el ítem de participación. Y a pesar de que ni siquiera se ha debatido cómo gastar ese fondo, ya hay propuestas de llevar el órgano constituyente a regiones. 

Si bien los constituyentes aún trabajan en una propuesta más acabada sobre cómo llevarla a cabo, aseguran que la Convención debería apoyarse en otros entes para facilitar el proceso. 

“Sabemos que no hay dinero para eso. Si ya el dinero es insuficiente para la participación, es mucho peor en el caso de los pueblos originarios. Pero están las municipalidades que tienen oficinas de asuntos indígenas, hay ONG que nos pueden ayudar. Estamos en la búsqueda de quiénes van a ser nuestros aliados en este proceso”, suma en conversación con PAUTA la constituyente colla Isabel Godoy.

Lo que no está en duda para el bloque es que dicho proceso debe ser mandatorio y que insistirán a la mesa su discusión.

“Vamos a presentar nuevamente la moción para que se lleve a discusión este sistema de participación, que debe de ser diferenciado por las características que tienen los pueblos indígenas, y además porque el no cumplimiento de una consulta indígena bajo los estándares internacionales de derechos humanos implicaría en el futuro una responsabilidad internacional”, concluye la abogada y constituyente mapuche Natividad Llanquileo.