Macrozona Sur: un estudio revela que ninguna causa por usurpaciones tiene condena

El Observatorio Judicial analizó el período 2018-2020 y detectó que hay desincentivos para denunciar: “La mayoría de las causas quedan en nada” y un terreno tomado luego no puede venderse al Estado.

De las 77 causas por usurpaciones de terrenos en la Macrozona Sur entre 2018 y 2020, y que fueron informadas por el Ministerio Público, ninguna de ellas tiene sentencia. Asimismo, de total de casos, solo en un 7,7% ha habido formalizaciones.

Así lo revela un estudio del Observatorio Judicial, el cual además muestra que mientras en 2018 ingresaron solo cinco causas, en 2019 llegaron a 41. La cifra bajó en 2020 a 31 casos. Y si bien el informe del Observatorio aún no cuantifica las causas a 2021, recuerda que, según el Ministerio de Interior, este año las usurpaciones en la Macrozona Sur, particularmente en La Araucanía, tuvieron un incremento del 688%.

Basándose en el libro Delitos contra la propiedad, de Guillermo Oliver Calderón, según lo referencia la Biblioteca del Congreso Nacional, los delitos de usurpación corresponden a aquellos que abarcan “casos de apropiación por medios materiales sobre bienes inmuebles, derechos reales o aguas, donde la circunstancia de ser ajeno el objeto del delito no sería una exigencia general del tipo legal, como si lo es en el hurto y el robo, que deben recaer sobre bienes ajenos”.

El panorama general de la zona

El informe del Observatorio Judicial fue elaborado a partir de una base de datos entregada por el Ministerio Público a la Multigremial de la Araucanía. Y en él se estudiaron cada uno de los procesos tanto de usurpaciones violentas como no violentas abiertos en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Así, de las 77 causas de usurpación identi­ficadas, 33 están asociadas al delito de usurpación no violenta (43%) y 27 al delito de usurpación violenta (35%). Esto, mientras que 10 causas tienen calidad de reservadas, lo que corresponde a un 13%.

Además, de total de los casos, existen siete procesos en que se invoca tanto la usur­pación violenta y como la no violenta, lo que corresponde al 9% del total.

El informe, además, señala que “quienes sufren este ilícito son principalmente los residentes y propietarios de terrenos, en su mayoría agrícolas, así como empresas propietarias de terrenos usurpados. Adicionalmente, se encuentra un caso de usurpación de un terreno de propiedad municipal”.

Denuncias poco efectivas

El investigador a cargo del estudio es el abogado José Miguel Aldunate, director del Observatorio Judicial. En entrevista con PAUTA, explica que si bien por el período analizado hay algunas causas -las más recientes- que podrían no tener condena pues aún están en trámite, que también hay otros factores que dificultan el proceso.

De hecho, una de las conclusiones del estudio es que hay varias razones de contexto frente a este tipo de causas; entre ellas, que no exista motivación para denunciar. “Una de las razones es que las condiciones de hoy hacen que sea poco conveniente denunciar y por varias razones. La más obvia es porque tiene poca efectividad hacerlo. Y la verdad es que lo que vemos en general en materia de usurpaciones en La Araucanía es una situación de impunidad total. Hay excepciones con uno u otro caso paradigmático, pero, en el grueso, la mayoría de las causas terminan en nadala mayoría de las causas terminan en nad”, dice el abogado.

Por ejemplo, del total de 77 causas analizadas, el estudio señala que el Ministerio Público solicitó la autorización de desalojo al juzgado de garantía correspondiente en 15 ocasiones, lo que equivale al 29,5% de los casos. Y que, en cuatro de estas ocasiones, el desalojo también fue solicitado por la parte querellante.

El abogado señala que, por un lado, los desalojos “no tienen ninguna efectividad”. Y, por otro, “la glosa que está en la Ley de Presupuesto que dificulta la compra de tierras cuando ha habido una agresión en contra del terreno”.

Sobre este último punto, Aldunate explica que cuando las personas sufren una usurpación y la denuncian, puede ocurrir que el Estado finalmente no les compre el terreno. “Entonces, quedan en el peor de los mundos. Así, una norma que está pensada para desincentivar la usurpación, como no va a acompañada de un cumplimiento efectivo del Estado de derecho y con medidas efectivas de hacer valer el derecho de propiedad de las personas, termina produciendo un efecto contraproducente”.

Este efecto contraproducente, agrega, implica que “las personas no denuncian, primero, porque creen que no van a obtener nada y, segundo, porque en ese caso puede que el Estado no les compre el terreno. Entonces, quedan con un terreno usurpado que no sirve para nada”.

Sobre este punto, el estudio concluye que actualmente “la disposición del Estado a comprar tierras, sumado a la falta de acceso a la jus­ticia de las víctimas de la zona, configuran un escenario propicio para presionar a los propietarios a vender sus terrenos, viéndose conminados a abandonarlos. En este contexto, la referida glosa presupuestaria no neutraliza esta presión, produciendo el único efecto de desincentivar la denuncia del delito de usurpación para evitar la prohibición estatal de comprar el terreno usurpado. De este modo, el propietario se ve forzado tanto a vender su terreno como a no denunciar a la justicia”.

Modificar la ley de usurpación de predios “para que las sanciones sean acordes a la gravedad de ese delito”, fue una de las cinco medidas que el 22 de febrero pasado anunció el Presidente Sebastián Piñera cuando propuso un acuerdo nacional por la violencia en la Macrozona Sur.

“Un círculo vicioso”

Un punto que además abordó el informe es el hecho de que al tener la usurpación una pena baja, es decir, que no se aplican medidas privativas de libertad, solo se puede realizar un desalojo y sacar a las personas del predio. “Pero luego vuelven a entrar con total impunidad. Entonces, es un círculo vicioso que no tienen ningún sentido”, dice Aldunate.

Al respecto, el texto señala que “es impor­tante puntualizar que las razones por las cuales esto ocurre pueden tener que ver más con un déficit en el diseño legal que con el mal desempeño de los actores ins­titucionales. En efecto, las penas asignadas al delito de usurpación son sumamente bajas, porque el legislador estimó que este delito no afectaba la propiedad sino solo el ejercicio de sus facultades, atendido el sistema registral de la propiedad de los inmuebles”.

Otra arista que mostró el estudio es que los imputados por usurpaciones no son desconocidos. “A diferencia de los ataques incendiarios, o los que se realizan con armas, que es el fenómeno más clásico de la violencia rural, las usurpaciones se cometen a rostro descubierto y las personas quedan en el lugar. Entonces, en principio no debiese ser difícil para la policía identificar a los hechores”.

Sin embargo, dice el abogado, al revisar los partes policiales y las declaraciones en estos 77 procesos analizados, se lee que hay ocasiones en los funcionarios policiales señalan que “no cuentan ni con atribuciones ni con estructura, como autos blindados, para hacer los desalojos. Entonces, luego no se hacen”.

Pero hay otro factor relacionado con la policía que el estudio detectó. También incide en la decisión de no denunciar, o pedir de que no se haga un desalojo por parte de quienes les han usurpado sus terrenos, “se debe a que tienen miedo a que agredan a carabineros. A ese nivel hemos llegado. Francamente, es el mundo al revés”, expresa Aldunate.