Fouillioux sobre Informe Valech: “La gente no quería hacer públicas las miserias”
“Hubo todo tipo de abusos: violaciones, malos tratos e hijos engendrados en cautiverio”, dice el exmiembro de la Comisión Valech ante la polémica que generó la idea de un grupo de convencionales que quieren levantar el secreto del informe.
En 2003, el abogado Luciano Fouillioux fue parte de los ocho integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech debido a que la presidió el exvicario de la Vicaría de la Solidaridad, Sergio Valech (1927-2010). Una instancia a la que convocó el expresidente Ricardo Lagos y que se sumó a otras dos iniciativas durante la transición: la histórica Comisión Rettig, impulsada por Patricio Aylwin,y la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
A comienzos de esta semana, Fouillioux junto María Luisa Sepúlveda, Elizabeth Lira, Álvaro Varela, Miguel Luis Amunategui y Lucas Sierra –todos excomisionados de la Comisión Valech- suscriberon una carta, que encabezó el expresidente Lagos, rechazando una propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional (CC) que buscaba levantar el secreto del informe.
Y aunque la moción del grupo de convencionales debe pasar por la aprobación del Pleno, los exintegrantes de la Comisión Valech decidieron adelantarse. “Es fundamental considerar que un número importante de las víctimas presentaron sus testimonios sabiendo que sus casos no serían develados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”, dice parte del texto.
Por supuesto, el documento fue refutado por los convencionales que empujan la medida.
No fue solo una organización de víctimas de torturas y violaciones a DDHH en dictadura quienes hicieron esta solicitud, sino que varias. Además, la propuesta dice expresamente que permite levantar el secreto pero no obliga, pudiendo dejar en reserva a quienes no quieran. pic.twitter.com/KIxWxIbUPq
— Manuela Royo Letelier (@RoyoManuela) August 31, 2021
En medio de la polémica, Fouillioux recuerda cómo se gestó la Comisión Valech, la que en el informe final constató las torturas de 35.865 personas durante el régimen de Augusto Pinochet: “Aylwin había hecho la Comisión Rettig para investigar las ejecuciones políticas y también trató el exilio y las exoneraciones laborales. Luego, con Frei vino la Mesa de Diálogo, que fue el gran salto para que las Fuerzas Armadas asumieran la participación en las violaciones a los derechos humanos. Y el expresidente Lagos tenía que generar una política pública en materia de derechos humanos”.
Y, en ese contexto, agrega el abogado en entrevista con PAUTA, de los cuatro grandes delitos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Chile, “la tortura y la prisión política no se había abordado hasta la Comisión Valech”.
Fue entonces cuando Lagos Escobar encargó la elaboración de una propuesta en torno a la tortura y prisión política y Fouillioux, quien entonces era director del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, trabajó en ella.
Poco después, el exmandatario le encargó a su entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS), que convocara a un grupo transversal y así llegaron los miembros de la Comisión Valech.
Los testimonios y el cruce de información
El Informe Valech contiene los testimonios de las víctimas, pero sus nombres no están anexados a los relatos para resguardar la identidad. Y no identifica a los autores de los delitos. “Normalmente, los torturadores actuaban encapuchados y la gente no sabía quiénes eran. Pero después pueden reconstituir, ubicar el recinto. Es poca la información que existe respecto de la individualización de los autores”, explica el abogado.
Pese a eso, la información que contiene el Informe Valech ha sido un aporte para las investigaciones que posteriormente se abrieron en los tribunales. “Ha servido totalmente, porque todas las acciones por torturas parten con el Informe Valech, pues antes no se investigaban. Por ejemplo, yo soy querellante en el caso Covema, de los estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica Eduardo Jara, a quien mataron, y Cecilia Alzamora, a quien torturaron. La causa la alegamos en la Corte y hay muchas investigaciones que se han hecho a partir del Informe. De hecho, en los fallos se le cita”.
Fue el Decreto Ley 1.040, promulgado el 26 de septiembre de 2003, el que creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos en Chile.
El primer trabajo de los integrantes fue la elaboración del reglamento. Luego hicieron un llamado dentro y fuera de Chile a personas que quisieran entregar su testimonio. Y se resolvió que podían declarar quienes hubiesen estado detenidos por causas políticas -salvo las manifestaciones- y que hubiesen sido víctimas de torturas.
Sin embargo, también había que constatar la existencia de los hechos, es decir, si calificaban para que sus relatos fueran parte del informe.
No es todo: la Comisión Valech también tuvo a la vista los legajos de información sobre todos los detenidos que pasaron por el Estadio Nacional.
La razón del secreto
– ¿Por qué se decide que la información entregada por las víctimas fuera secreta?
“El Decreto Ley 1.040, en su artículo 5°, establece que todos los antecedentes quedan bajo el concepto de la reserva. Y esa también fue la razón de por qué las personas fueron a declarar. Fueron a entregar su testimonio a una institución establecida por ley, no al kiosko de la esquina. Porque hubo un marco normativo y respaldado de trabajo”.
– ¿La reserva tuvo que ver con que muchas personas relatarían por primera vez lo que vivieron?
“Muchísima gente nunca lo había hecho. Conozco muchos casos, pero no puedo dar nombres, porque está bajo reserva de la ley. Pero hubo muchas personas que por primera vez en la vida dieron su testimonio y que fueron con su hijo, hija o su pareja. Hubo casos de personas que habían convivido por 30 años y que no sabían lo que les había ocurrido. Hay situaciones desgarradoras y, claramente, la gente no quería que después se hicieran públicas estas miserias ocultas y culposas”.
– ¿Y se relacionó también la reserva por el tipo de abusos que sufrieron?
“Estamos hablando de todo tipo de abusos sexuales: violaciones, malos tratos, todo tipo de humillaciones, hijos engendrados en cautiverio y contra de la voluntad. Está en el informe la naturaleza de las torturas que se cometieron e, incluso, en los lugares. Fue por eso que cuando entregamos el informe, nosotros recomendamos al gobierno un secreto de todos por lo que habíamos conocido de a lo menos 30 años”.
-Pero finalmente fue de 50 años.
“Sí. Y fue el gobierno con el Parlamento, porque esto fue una ley, la 19.992, que en su artículo 15 estableció el secreto por 50 años. Es decir, 20 años más de lo que nosotros habíamos propuesto”.
-Según la Comisión de DD.HH. de la Convención, fueron algunas víctimas las que pidieron levantar el secreto.
“No necesitaban pedirlo. Ellas ya iban con la protección de la reserva desde el momento en que fueron a declarar, habiendo pedido el secreto o no. Ahora, si esas personas no lo pidieron o no quieren mantener la reserva, son libres para poder publicar su propia experiencia y pedir la carpeta de su caso, que está en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ya ha entregado más de cuatro mil carpetas”.
-Pese a que la propuesta de la Comisión de DD.HH. de la Convención debe ser aprobada por el Pleno, ustedes se adelantaron al escenario y junto a Ricardo Lagos Escobar enviaron una carta rechazando a priori la idea.
“Porque a diferencia de otras instancias, para nosotros el trabajo esencial es la persona, la víctima. Hombre, mujer o niños. A ellos se abocó la constatación y protección. Y una vez que teníamos calificado ese trabajo y el impedimento legal del secreto, claramente entendimos que aquí todas las personas fueron a dar su testimonio sobre un elemento de fe pública involucrada. Tú no le puedes decir a una persona que venga a declarar y decirle ‘cuénteme todo, a ver si se le puede calificar y que esto no lo va a saber nunca nadie si usted se mantiene en el secreto de la norma’. Y, unos años después, señalarle: ”¿Sabe qué más? Lo pensé de nuevo y todo lo que usted me contó va a salir publicado en una separata que se va a vender en el Paseo Ahumada’. Eso es una vulneración a la fe pública a la cual el expresidente y los comisionados nos sentimos obligados a defender, pero no por nosotros mismos, sino porque somos parte de la confianza pública que las personas nos otorgaron”.
-Hay posturas que señalan que ese secreto vulnera normas internacionales.
“Si hoy se piensa que la cosa es distinta, o que es ilegal o inconstitucional o violenta todas las formas de derechos humanos nacionales e internacionales, nadie recurrió al Tribual Constitucional (en 2003) ni impugnó esta ley. Porque es una ley, no una discusión política. Entonces, cuando se trata de eliminar el secreto se está haciendo con otros fines, no pensando en la persona, en las víctimas ni tampoco en sus familiares. Nosotros no tenemos problemas en que la gente voluntariamente quiera que se sepa, pero ese es su derecho. Así como también tiene su derecho a resguardarse”.
-En el Informe Valech también calificaron como víctimas informantes de la DINA como Marcia Merino, alias “la flaca Alejandra”; Luz Arce y Carlos Estay Reyno, alias “el Fanta”, condenado por el caso Degollados. Todos antes de convertirse en delatores fueron detenidos por los servicios de seguridad. ¿Cómo explican esa situación?
“Ellos quedaron porque también fueron víctimas de prisión política. Y eso te confirma que nosotros trabajamos teniendo presente la situación de la persona más que la situación en general. Porque las miles de víctimas hacen una causa completa, pero cada una tiene una individualidad propia”.