El intrincado diseño de la Convención Constitucional que complica a los constituyentes

Cuatro secretarías, 10 comisiones y múltiples unidades. Esa estructura tendrá el órgano constituyente si no se ingresan modificaciones para simplificarla.

Un documento elaborado por la Secretaría de la Convención Constitucional generó alarma entre algunos constituyentes durante este lunes. En este, el equipo liderado por John Smok detalla una serie de inconsistencias en la estructura del órgano constituyente que deberían arreglarse en las modificaciones realizadas a los reglamentos, o, de otra forma, podrían complicar el trabajo a futuro.

Múltiples secretarías técnicas con personal que aún no existe, presupuestos que crecerán y se conocerán recién cuando estén aprobados los reglamentos y unidades con duplicidad de funciones son parte de los asuntos que deberán resolver en las próximas 48 horas.

El plazo máximo para ingresar indicaciones -y así modificar lo ya establecido en los reglamentos– finaliza el jueves al mediodía, por lo que los convencionales ya se encuentran debatiendo de qué forma realizar los cambios.

Cuatro secretarías

“Hay que bajar la pelota al suelo y proyectar la Convención en su funcionamiento, de acuerdo con la estructura digital, los espacios físicos que tengamos. No sacamos nada con armar un tremendo monstruo normativo, una cuestión enorme, si es que no podemos llevarla a cabo”, comentó el lunes el vicepresidente del órgano constituyente, Pedro Muñoz (Colectivo Socialista).

En concreto, lo que ocurrió es que la estructura de la Convención Constitucional no quedó en manos de ninguna comisión en específico. Las ocho comisiones provisorias que funcionaron hasta fines de agosto crearon los organismos que consideraron necesarios para el trabajo a futuro del órgano constituyente.

El diseño original que establece la Constitución actual solo habla de una “Secretaría Técnica” que asesorará el trabajo de la Convención. Nada más. Pero por ejemplo, la comisión provisoria de Participación Popular creó la Secretaría Técnica de Participación Popular, que no es la misma que indica la Carta Magna vigente. 

Esta secretaría tiene el rol de implementar los mecanismos de participación establecidos en el reglamento, bajo la supervisión de una nueva Comisión de Participación Popular integrada por constituyentes. No obstante, la comisión provisoria de Comunicaciones creó una Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia que también tiene en su interior una Unidad de Participación.

Lo mismo ocurre con el programa de educación cívica que estableció la comisión provisoria de Participación Popular. Este debería estar a cargo de la misma Secretaría Técnica de Participación Popular, pero Comunicaciones también diseñó una “Unidad de Educación Cívica” a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia. 

Desde la coordinación de Comunicaciones explican que aquello se pensó en coordinación precisamente con Participación Popular, para que las normas que esa instancia definiera “llenaran” el vacío con el que se dejó a las unidades dependientes de la Secretaría de Comunicaciones.

El problema con las normas de Consulta Indígena

Las normas y estructuras que definió la comisión provisoria de Participación y Consulta Indígena también tienen sus complejidades. Los miembros de esa instancia concibieron una Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que topa en algunas funciones con la Comisión de Participación Popular. También topa hasta con la misma Mesa, pues se le entrega la posibilidad de establecer convenios con organismos externos a la Convención, atribución que el reglamento general le entrega a la testera.

La misma comisión provisoria de Participación y Consulta Indígena creó una cuarta secretaría técnica: la Secretaría Técnica de Participación y Acuerdos Indígenas, que se traslapa con las funciones de la Secretaría de Participación Popular.

“Deberíamos de alguna manera fusionar orgánicamente estás secretarías en una sola, por ejemplo, pero número de integrantes no deberá variar porque las tareas son distintas, son diversas y desafiantes. La Convención necesita una orgánica de este nivel de complejidad para enfrentar adecuadamente todos los desafíos que se vienen y el rol que se espera de nosotros”, responde a este medio uno de los coordinadores de Reglamento, Daniel Bravo (Pueblo Constituyente).

Y otras unidades…

La comisión provisoria de Comunicaciones también creó otro espacio: una Unidad de Transparencia, dependiente de la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia que ya había sido creada por la comisión provisoria de Presupuesto.

Comunicaciones incluyó también una Unidad de Gestión Documental y Archivo, que dependerá de la Secretaría Técnica -la única y original- de la Convención y tendrá que encargarse de resguardar la documentación del proceso.

En Ética, además, se estableció la creación de un Comité de Ética -compuesto por personal externo-, que será el encargado de estudiar las infracciones y sancionar a los constituyentes que incumplan el reglamento; pero también sumaron una Comisión Promocional de Ética y del Buen Vivir, integrada por constituyentes, que busca “prevenir conductas contrarias a las reglas éticas comunes”.

Todo esto sin siquiera contar las siete comisiones permanentes que debatirán los temas de fondo de la Constitución y que ya suman 155 constituyentes, por lo que ningún convencional estaría libre de participar de alguna de esas instancias. Ese punto también complica a los constituyentes, pues hay al menos tres comisiones nuevas, no consideradas entre esas siete, que implican que ciertos convencionales tengan más de un espacio en el que participar.

El problema de los recursos y el personal

“Creo que puede haber más bien un problema técnico y que finalmente no se pueda terminar cumpliendo con lo que dice parte del reglamento. Un problema técnico respecto del personal, de los recursos, de las facultades, de cuáles van a ser las diferencias entre una secretaria administrativa y una técnica. ¿La Secretaría de Comunicaciones no debería ser parte de una secretaría administrativa? Quizás todo eso podría quedar concentrado en un organismo con distintas áreas”, comenta a PAUTA la abogada y convencional Constanza Hube (UDI).

El presupuesto que utilizará cada uno de estos espacios es un asunto futuro, pues aún no existen, pero varias comisiones hicieron una estimación y al menos Participación y Consulta Indígena lo incluyó en el documento que se votó en general este martes. La Secretaría de Participación y Acuerdos Indígenas requiere “al menos $1.300.000.000” para este año. Respecto de los requerimientos del año 2022, se estiman “a lo menos $2.456.700.000”. El ítem de participación, según lo estimado en el Presupuesto para este año, solo contemplaba originalmente $500 millones.

El personal que requerirá cada instancia también levantó una alarma. Cuando la Convención debió aprobar la conformación del Comité Externo de Asignaciones -que solo requería de cinco integrantes- hubo todo un debate y una molestia porque ni la Cámara ni el Senado ofrecieron una terna de nombres, como debían, sino que solo un candidato. En ese momento, el secretario explicó que el Congreso ya no contaba con más personal porque buena parte de los profesionales que podrían servir ya estaban trabajando para el proceso constituyente.

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, la comisión provisoria estimó entre 30 y 40 personas necesarias para cumplir el trabajo que se le encomendaría.

“La Secretaría de Comunicaciones se pensó para que fuesen profesionales acordes, que sepan de comunicaciones y además que apoyen las distintas unidades que creamos. En nuestra mente pensamos entre 30 y 40 personas, no necesariamente todas deben ser contratadas, puede ser por ejemplo en comisión de servicio, o de universidades o instituciones que ya tienen esa información y nos pueden ayudar en eso”, responde a este medio Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), una de las coordinadoras de Comunicaciones.