Las gestiones de la Mesa de la Convención para asegurar el pago de asignaciones
La noche del martes, la Mesa solicitó una reunión técnica con Dipres que ocurrió este miércoles a las 10:00. No hubo humo blanco y se espera una cita entre el ministro de Hacienda y Jaime Bassa durante la tarde.
“Un balde de agua fría”. Esa es la expresión que utilizan desde la Mesa Directiva de la Convención Constitucional para describir lo que significó la respuesta de la Dirección de Presupuestos, que rechazó el nuevo monto fijado para las asignaciones de los constituyentes.
El 20 de agosto, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, envió un oficio a la Segpres solicitando $1.773 millones de pesos adicionales a los ya establecidos en la Ley de Presupuestos para este año. Se formalizaba de ese modo el aumento en el monto de las platas para asesorías, viáticos y otros gastos de convencionales que aprobó el Pleno de la Convención a mediados de ese mes.
En un oficio remitido el miércoles de la semana pasada, y según publicó El Mercurio, Dipres contestó que no era posible dar curso a la petición por la “estrechez fiscal” de los recursos disponibles, la “política de austeridad fiscal que ha obligado a los servicios a financiar estrictamente su operación y evitar todo tipo de gastos no obligados” y la necesidad de “dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia del covid-19”.
Por ese motivo, la Mesa solicitó durante la noche del martes una reunión técnica con Dipres para abordar el conflicto que, para la testera, tiene consecuencias de índole “laboral”. Plantean que dado que el grueso del aumento en el monto de asignaciones apunta al pago de los asesores, que según las mismas fuentes calculan, serían entre dos y tres por constituyente.
Durante la tarde, además, parte de la Mesa esperaba sostener una reunión clave -de carácter más político- con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Asistiría el vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Bassa. Hasta el cierre de este artículo no había sido agendada.
Sin humo blanco en la primera reunión
La cita con Dipres comenzó a las 10:00 horas en las dependencias del Ministerio de Hacienda, con la presencia de José Cortés, director de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención; el secretario ejecutivo para el órgano constituyente dependiente de Segpres, Matías Cox; y Cristina Torres, directora de Presupuestos.
En esa instancia se revisaron las cifras. Dipres solicitó un detalle de los montos, argumentando que la Mesa no hizo el desglose de todos los gastos ni justificó por qué esos serían los adecuados para el funcionamiento de la Convención Constitucional.
Así, posterior a la entrega de mayores antecedentes, Dipres evaluaría durante este miércoles si correspondía hacer distintas reasignaciones presupuestarias para cumplir con lo solicitado por el órgano constituyente, de acuerdo con lo que comentan fuentes presentes en la reunión.
El argumento principal que esbozan desde el órgano dirigido por Elisa Loncon y Jaime Bassa es que el Ejecutivo está mandatado por la Constitución para responder ante las necesidades financieras que pueda tener la Convención, dado que en su artículo 133, inciso final, se explicita que el Ejecutivo debe prestar apoyo técnico, administrativo y financiero “necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”. Además, en el 134 se establece la remuneración de los convencionales y sobre las asignaciones se dice que se establecerán en el Reglamento de la Convención.
“Las asignaciones son necesarias para que funcione la Convención, pero la presidencia y vicepresidencia de la Convención han procesado mal los requerimientos. En primer lugar, nunca se debió, y eso siempre lo dijimos, haber aprobado un aumento de asignaciones sin tener el presupuesto necesario para pagarlas. En segundo lugar, el tema de las asignaciones debía haber sido delegado al Comité Externo de Asignaciones”, comenta a PAUTA el constituyente de la comisión provisoria de Presupuesto Bernardo Fontaine (Ind. en cupo RN).
La molestia y explicaciones de la Mesa
La lectura que hacen en la testera de la Convención sobre lo que pasó con Dipres es que allí hay un problema político y no técnico. Las mismas altas fuentes recalcan, por ejemplo, que Dipres haría una distinción y sería más proclive a aceptar aumentos de presupuesto para otros ministerios o unidades dependientes dentro del Ejecutivo; y que habría entonces un sector “obstruccionista” del trabajo de la Convención, dentro del Gobierno.
Esto a pesar de que desde la misma Mesa reconocen que la relación con Segpres mejoró en las últimas semanas. Entre esos pasos de acercamiento hubo una conversación que Jaime Bassa sostuvo con el ministro Juan José Ossa, lo que se unió a la llegada de Matías Cox a la secretaría, a quien en la testera consideran “diligente”.
“Esta es una pésima señal si el Gobierno realmente quiere que el proceso constitucional llegue a puerto. Es indispensable que el Presidente Sebastián Piñera le ordene su ministro de Hacienda que entregue los recursos que necesita la Convención Constitucional”, comentó la constituyente Patricia Politzer (INN).
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aclaró en Primera Pauta, de Radio PAUTA, que “tenemos una situación con finanzas públicas complicadas y eso significa que queremos entender bien para qué son los recursos. No solamente eso, sino también les solicitamos que nos indiquen cuáles pueden ser las reasignaciones que se pueden hacer dentro de su marco presupuestario. Estamos en esas conversaciones y seguiremos conversando”.
Desde la Mesa se defienden argumentando que el detalle del que habla Cerda sí se presentó, y que de hecho la solicitud de aumento de presupuesto se construyó con Cox, lo que se observa en un documento de la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional con fecha del 23 de agosto.
El documento se titula “Solicitud de aumento de recursos programa 08 Convención Constitucional” y hace un desglose sobre los dineros y reasignaciones solicitadas para personal de apoyo al órgano constituyente y otros requerimientos técnicos y administrativos, pero no aborda en detalle el aumento en el subtítulo 24 del presupuesto, correspondiente a los viáticos, asesorías y otros gastos de los convencionales.
El impase se da justo en medio de las negociaciones previas a la presentación del Presupuesto 2022, cuyas gestiones fueron delegadas a los vicepresidentes Isabel Godoy (colla) y Rodrigo Álvarez (UDI). Para esa partida, la Convención solicitaría lo mismo ejecutado en 2021 más el reajuste anual por inflación. De cualquier forma, desde la Mesa anticipan que el mismo Jaime Bassa iría a defender esos montos en el Congreso.