Acusación Constitucional: la peligrosa espera del libelo

En La Moneda no han realizado coordinaciones con las bancadas oficialistas y esperan conocer el contenido. Sin embargo, el rechazo oficialista no es unánime.

Tan solo minutos bastaron para que, luego que el martes 5 de octubre los diputados de oposición anunciaran que acusarían constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera por el caso del proyecto Dominga, el Gobierno saliera a hablar y no en una, sino en dos ocasiones.

Primero fue el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien se encontraba en el Senado y respondió a las declaraciones de los parlamentarios de oposición acusando una jugada electoral y desacreditando el mérito de la acción. Horas más tarde, pero en el Palacio de La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo lo propio.

Bellolio aseguró que el anuncio tiene razones políticas, electorales y que se basa en una mentira. El argumento de la mentira se repitió por ambos ministros el miércoles 6 de octubre, pero a través de las entrevistas que dieron a los medios de comunicación.

Por ahora, los movimientos en La Moneda se centran en discursos y distintos parlamentarios del oficialismo aseguran que todavía no son contactados por el Ejecutivo, ni tampoco se han agendado reuniones para coordinar el trabajo que permita hacer que la acusación se caiga. Siempre con la conciencia de que lo más probable es que la Cámara de Diputados termine por aprobar la acción debido al apoyo de la DC y, sobre todo, porque la oposición es mayoría.

El miércoles comenzaría todo

Según fuentes en la oposición, el próximo miércoles 13 de octubre debería presentarse el libelo. Los asesores trabajan en la redacción del documento que fundamentará la acusación y se ha adelantado que el foco apunta a faltas a la probidad y daño a la honra de la nación.

También se adelanta que al día siguiente [jueves 14 de octubre] se conformaría la comisión revisora. Un proceso que es al azar. Luego hay dos días para notificar oficialmente al Presidente, 10 días para la contestación, seis días para la revisión de los antecedentes y elaboración del informe de la comisión, y al día siguiente se vota en Sala.

Con todo, incluyendo semanas distritales y una probable aprobación en la Cámara, un parlamentario oficialista cree que el Senado votaría la Acusación Constitucional aproximadamente una semana antes de las elecciones del 21 de noviembre. 

Sobre la intervención del Gobierno, diputados oficialistas discrepan sobre el momento en que debe darse esa acción articuladora. A penas se conozca el libelo, dicen algunos; otros, creen que una vez que se conozca la composición de la comisión revisora.

El diputado de la UDI Osvaldo Urrutia dice que “solo hemos escuchado el anuncio de un grupo de parlamentarios que están en plena campaña política. Están campaña, todos creen que con esto van a obtener réditos políticos”.

Argumento similar al que utiliza el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, quien apunta a que las acciones del Gobierno, como la articulación del oficialismo y las conversaciones con los parlamentarios de oposición que consideran moderados, se harán una vez que se conozca el libelo.

“Cuando uno es acusado de algo tiene que conocer primero de qué lo están acusando. Hoy día solamente hay declaraciones, no hay ningún documento oficial que diga, que conste en qué se está basando”, dice Pérez.

Precisamente es lo que ocurre en La Moneda. Una fuente alta de Gobierno confirmó a PAUTA que están a la espera de conocer el contenido de la acusación antes de emprender acciones directas, más allá de las comunicacionales.

Una espera peligrosa

“El Presidente de la República, obviamente por todo lo que ha ocurrido en Chile, está con su popularidad bastante baja, así que pegarle es fácil. Y mientras más le peguen, algunos creen que más votos van a tener”, dice el diputado Urrutia.

La abatida figura del Presidente Sebastián Piñera y su baja adhesión podrían ser factores a considerar, pero no solo para leer la acción opositora, pues en el oficialismo el rechazo a la acusación no es unánime.

“Por ahora no tengo una opinión, porque tengo que ver los fundamentos de la acusación. Yo no me cierro a nada, porque uno debe ponderar el mérito del requerimiento. Sería irresponsable tomar una resolución y anticipar una votación sin los antecedentes a la mano”, dice el diputado Eduardo Durán (RN). Mismo argumento usado por el ex-UDI Álvaro Cárter.

Esas posturas no son las únicas que llamaron la atención por no inclinarse derechamente por el rechazo. El diputado de la UDI Cristián Labbé cree que “es súper importante y relevante que Sebastián [Piñera] ponga a disposición toda la información a la Justicia y a todos los chilenos. No es posible que hoy día el Presidente que nos representa a todos, hoy día esté cuestionado a nivel mundial“.

La diputada Camila Flores (RN) fue más allá y puso en duda la palabra del Presidente Piñera respecto a su rol en la venta de Dominga. “Veo muy difícil y no creo que el Presidente no haya tenido información respecto a este negocio cuando están involucrados sus hijos”.

Los cuatro parlamentarios oficialistas no serían los únicos con dudas respecto al rechazo a la acusación constitucional y eso genera incertidumbre sobre una eventual nueva división entre los parlamentarios de Chile Podemos Más, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que el Senado dirima si procede o no la destitución del Presidente de la República a cinco meses de dejar su mandato.