Por qué la Fiscalía abre una arista penal contra Piñera por la venta de Minera Dominga

Aunque la causa fue sobreseída en 2017, el fiscal nacional Jorge Abbott abre una carpeta de oficio para indagar eventuales delitos de cohecho, soborno y tributarios. La Fiscalía dice que hay antecedentes nuevos.

La Fiscalía Nacional anunció que se abrirá de oficio una nueva investigación penal en contra del Presidente Sebastián Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano, por los eventuales delitos de cohecho, soborno y materias tributarias.

El anuncio ocurre días después de que los medios Ciper y LaBot revelaran, como parte de los Pandora Papers, que existió un contrato de compraventa de la Minera Dominga depositado en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Aquel acuerdo está fechado en 2010 e involucra sociedades relacionadas con la familia Piñera Morel y con la Inmobiliaria Duero -de Carlos Alberto Délano. Contiene una polémica cláusula que condiciona un pago a que no existan cambios regulatorios ambientales en la zona de operaciones de Dominga, justo cuando Piñera cumpliría su primer mandato.

Al Ministerio Público le pareció que había antecedentes nuevos proporcionados por la investigación periodística que no habían sido parte de las indagaciones previas del caso. De hecho, la causa original, conocida como Exalmar-Dominga, había sido sobreseída en 2017.

Pero este viernes 8 de octubre se ha abierto otra causa. “El fiscal nacional (Jorge Abbott) ha tomado esta decisión atendido a que podían revestir caracteres de delito de cohecho, con correlato de soborno, eventuales delitos tributarios”, dijo la vocera y directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. La indagatoria quedará en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

El eventual cohecho se aplicaría a un funcionario público, mientras que su contracara, el soborno, apunta a un privado.

“Respecto a la circunstancia que los hechos difundidos por los medios de comunicación pudieran revestir caracteres de delito, en un análisis preliminar vinculado únicamente a la apertura de una investigación penal, se concluye que los mismos eventualmente podrían configurar los delitos de cohecho -contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal-, soborno en el caso de particulares -tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal- y delitos tributarios”, dice la resolución abierta por Abbott.

Se trata de un anuncio que ocurre un día después de que Juan Domingo Acosta, el abogado que representó a Sebastián Piñera en 2017 en el caso Exalmar-Dominga, insistiera de que “hay cosa juzgada”. Fue el exfiscal Manuel Guerra quien ese año cerró la causa.

El anuncio de la Fiscalía se produce mientras un grupo de parlamentarios de oposición estudia una acusación constitucional contra el Presidente.

Los hechos que estiman “nuevos”

Según Marta Herrera, cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente la causa en 2017, los detalles de la compraventa de Dominga -una parte realizó en las Islas Vírgenes Británicas- no estaban incluidos en esa decisión.

Marta Herrera dijo que la decisión de abrir la investigación fue tomada luego que la Unidad Especializada Anticorrupción, que ella dirige, emitió un informe. “Y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento […]. Esos hechos no estarían cubiertos en esa decisión, por ende, no estarán amparados por el efecto de la cosa juzgada. Y por lo tanto, lo que corresponde es investigar”.

Y agregó que “los hechos que deben ser investigados al día de hoy, tienen que ver con las posteriores o quizás coetáneas negociaciones relativas a la compraventa de la minera Dominga”.

Dijo que mientras en 2017 los hechos indagados se refieren a que el Presidente “haya intervenido, supuestamente, para detener Barrancones con el objeto de que aquí se instalara Dominga, los hechos actuales que deben ser investigados corresponden a la compraventa de minera Dominga”. La mención a Barrancones corresponde a la decisión de Piñera de gestionar que se suspendiera la instalación de una central termoeléctrica en una zona próxima a donde también se planifica la construcción de Dominga.

Marta Herrera añadió que si bien en la indagatoria que realizó Guerra en 2017 hay mucha información, “un antecedente que no fue incorporado tiene que ver con el contrato del 10 de diciembre de ese año (2010), que en definitiva materializa un acuerdo previo que era de octubre, en relación con la compraventa de la minera Dominga. El contrato, en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que es un antecedente nuevo“.

Respecto de si los hechos podrían estar o no prescritos, Marta Herrara dijo: “Si están prescritos o no, eso es algo también deberá verficarse en el curso de una investigación. Para eso necesitamos allegar antecedentes respecto de si hubo negociaciones posteriores, la ejecución del pago, etcétera. Y todo eso justamente se esclarece con una investigación”.

La disputa que viene por la “cosa juzgada”

La investigación de Guerra partió por una querella que presentó el diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien impugnó los negocios del family office Bancard en la adquisición de acciones de la pesquera peruana Exalmar durante el litigio en La Haya. Y luego abrió otra arista respecto de venta de Dominga de los Piñera Morel a Délano, que se realizó durante el primer año de gobierno de Piñera. 

En 2017, la indagatoria sobre Exalmar también contenía una arista que se refiere tanto a la Central Termoeléctrica Barrancones, que se instalaría en la comuna de La Higuera, como sobre Dominga, que se proyecta en el mismo sector. Ese es justamente parte de lo que ahora podría dilucidar el Ministerio Público, pues en agosto de 2010 Piñera canceló sorpresivamente la construcción de Barrancones.

Pero la versión de la defensa de Piñera es completamente distinta.

Según Acosta, quien el 7 de agosto emitió un comunicado de prensa, la Fiscalía tuvo entre sus antecedentes los detalles de la venta de Dominga que hoy son cuestionados y dijo, además, que estos fueron periciados por la PDI.

El abogado señaló que el 7 de abril de 2017, Nicolás Noguera, gerente general del family office Bancard, entregó a la PDI a requerimiento de la Fiscalía, “un disco duro que contenía todos sus correos electrónicos para que se revisasen aquellos relacionados relativos a Pesquera Exalmar y al Proyecto Dominga, autorizando expresamente a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía a acceder a esos correos, según consta del acta respectiva”.

Agregó que entre esos correos “se encuentra uno de fecha 5 de octubre de 2010 dirigido por el Sr. Iván Garrido a los Directores de Minería Activa Uno, incluyendo al Sr. Noguera, en que se acompañaban dos documentos, uno de los cuales se denominaba ‘Acuerdo’, de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito entre Minería Activa Uno SpA. e Inmobiliaria Duero Limitada”.

Los correos, añadió el penalista, y los documentos adjuntos, “formaron parte del Número Único de Evidencia (N.U.E.) 4491614 y fueron revisados por la Policía de Investigaciones por instrucciones de la Fiscalía. De ello existe constancia en diversos antecedentes incorporados en la carpeta respectiva”.

Y agregó que ese documento denominado Acuerdo, “contiene todos los acuerdos alcanzados entre comprador y vendedor en relación a la compraventa, incluyendo en su cláusula 3.03., aquella relativa al pago del saldo de precio de la compraventa, su monto y plazo, así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago. Su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos”.

“Como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo”, dijo.