Acusación constitucional contra Piñera: la oposición se apura y el oficialismo se agita

La decisión de la Fiscalía Nacional movió las aguas entre los parlamentarios. Desde la oposición ven la nueva arista penal como un empujón para lograr los votos necesarios en el libelo.

Los equipos jurídicos de los parlamentarios de la oposición trabajan sin cesar para conseguir que el martes 12 de octubre esté listo el texto final de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Durante esa jornada se espera la última revisión con los parlamentarios, para que al día siguiente se ingrese el documento y comience el proceso que busca destituir al Mandatario.

Tras conocerse la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de ordenar la apertura de una investigación por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de la Minera Dominga desde la familia Piñera Morel a Carlos Alberto Délano, el ánimo y la presión subió entre los partidarios del libelo. “Esto le da más fuerza y sostén”, defendieron los parlamentarios. De hecho, apenas se supo de la nueva acción del Ministerio Público, los chats de WhatsApp de los partidos de izquierda y centroizquierda se activaron con la petición para que el texto final esté listo el miércoles 13 y no espere una semana más. 

El apunte táctico es “no perder el momento”, esgrimen en las filas opositoras. Ven la arista jurídica y sus implicancias políticas y comunicacionales como un empujón a la acusación constitucional (AC). Subrayan que la Fiscalía puso su lupa en el punto más polémico de la información revelada por los reportajes de Pandora Papers, que es el contrato original del acuerdo y la cláusula que condiciona el tercer pago de la transacción a la no implementación de regulaciones que impidan el desarrollo del proyecto. 

Lo advierte un diputado de oposición: “Esto puede hacer que definitivamente se sumen parlamentarios de derecha”. 

El fortalecimiento del argumento de la oposición

“Cuando vemos que el Gobierno dice una cosa y al día siguiente el propio Ministerio Público lo desmiente, nosotros tenemos más fuerza y más convicción del sentido de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera”, dijo el diputado y uno de los coordinadores del libelo, Gabriel Silber (DC). 

Sus palabras se repitieron a lo largo de los diputados de Nuevo Pacto Social y también de Apruebo Dignidad. En la misma línea estuvieron los candidatos presidenciales del sector, Gabriel Boric (CS) y Yasna Provoste (DC), quienes calificaron la situación como “grave”. Ambos, además, por ser parlamentarios, serán los únicos abanderados que tendrán la posibilidad de votar el texto y definir el futuro de Presidente Piñera en el Congreso. Boric ya ha dicho que apoyará el libelo; mientras Provoste ha sido más cauta, para no quedar inhabilitada en caso de que el acusación llegue al Senado. 

“Si bien esto se presenta justo en la recta final de la campaña presidencial, aquí no había margen para cálculo. Los parlamentarios tenemos esta facultad y los hechos son de extrema gravedad tanto por impacto nacional como internacional. Por tanto, más allá de cualquier cálculo electoral teníamos el deber de presentar esta acusación constitucional”, aseguró a este medio el diputado frenteamplista, Marcelo Díaz (Movimiento Unir). 

La peligrosa indefinición de algunos parlamentarios oficialistas

Aunque la información original con la que los diputados de oposición -incluyendo a la DC- anunciaron que presentarían la acusación cambió, la decisión de Abbott estaría contribuyendo a generar mayor adhesión a la acción considerada como de ultima ratio. Un apoyo más generalizado no solo vendría desde el bloque opositor, pues la discusión también se instaló en los partidos de Chile Podemos Más (Chile Vamos). Las palabras del propio Mandatario este viernes reforzando que es inocente no consiguieron alinear a los suyos.

En el oficialismo los nuevos antecedentes judiciales movieron las aguas. No hubo mucho ánimo para defensas públicas. Los que hablaron se limitaron a decir que “la Fiscalía realice su trabajo” y que esperarán a ver los fundamentos de la acusación constitucional para determinar si apoyarán o no el libelo una vez que se vote en la Sala. Es una postura que pone en alerta a La Moneda y las dirigencias de los partidos de Chile Podemos Más, donde incluso han evaluado sanciones disciplinarias para los diputados que apoyen la acción contra el Presidente Piñera. 

“Tenemos que analizar en su mérito la presentación que se haga, que todavía no se ha presentado. Por lo tanto, una vez lleguen esos antecedentes, nos asesoraremos jurídicamente para ver si tiene méritos la AC o no”, dice a PAUTA el diputado de la UDI Gustavo Sanhueza.

En un línea similar se mantuvo la diputada de RN Camila Flores. “Hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de evaluar la acusación constitucional. Dijimos que lo vamos a evaluar en su mérito, y en consecuencia vamos a actuar al momento de hacer la votación”, detalló la parlamentaria. 

De hecho, en RN reconocen hay más preocupación por los eventuales descolgados. Diversas fuentes del partido que dirige el senador Francisco Chahuán aseguran que la apertura de una arista penal sí genera un impulso en la acusación. Agregan que difícilmente algún parlamentario (sobre todo los que van a la reelección) saldrá a defender explícitamente al Presidente, menos si el propio candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, marcó el tono y la distancia del Mandatario.

Pero eso no es lo único. Por ejemplo, un importante dirigente de RN advierte que en este debate podría haber una reacción por otros temas. Por eso, observa una probabilidad de que quienes han tenido “consecuencias” por apoyar el cuarto retiro del 10% y han acusado desvinculaciones de sus cercanos en el sector público, terminen por respaldar la acusación o al menos utilizarla a su favor. Entre los que están “evaluando” qué pasará con el texto final de la AC estarían nombres como los de Hugo Rey, Francesca Muñoz, Frank Sauerbaum y Leonidas Romero, entre otros.  

Uno de los que también está en la mira en la tienda es el diputado Jorge Durán. El parlamentario, quien ha sido un activo díscolo, llamó a “investigar con la mayor transparencia, porque acá lo más grave es que se está poniendo en riesgo la credibilidad económica y política de todo el país a nivel mundial”.

Por otra parte, el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, dijo que respeta la decisión de la Fiscalía. “Esperamos que dicho trabajo sea realizado con la mayor transparencia y rigurosidad posible. Le hacemos un llamado al Gobierno a colaborar, y también a la izquierda a dejar de lado su aprovechamiento político”, señaló.

Las alertas y las amenazas

En la UDI la situación no es muy distinta. Su presidente, Javier Macaya, ya advirtió eso sí que si alguno de sus parlamentarios apoya a la acción contra el Mandatario terminaría en el Tribunal Supremo del partido. 

“El Presidente Piñera tendrá que responder si es que así la justicia lo pide; se tendrán que abrir todas las causas que sean necesarias”, planteó el diputado de ese partido Cristián Labbé. Reiteró que aquí lo que se debe hacer es una comisión investigadora y no un nuevo libelo. “La acusación constitucional solo busca desestabilizar y generar más caos en Chile”, dijo. 

Similar postura es la que plantea el también diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien descartó que la investigación penal influya en un eventual respaldo de parlamentarios oficialistas. “Tratar de obtener dentro de Chile Podemos Más una consecuencia política no tiene mucho hilo conductor. No creo que los parlamentarios que pudieron haber insinuado algo se vayan a inclinar por la AC, dado que hoy día va a pasar a manos del Ministerio Público, lo que me parece muy bien”, dijo a PAUTA.

Entre los senadores oficialistas las posturas también difieren. Como ellos tienen la decisión final en caso de que la acusación sea aprobada en la Cámara de Diputados, esto también mantiene en alerta al Gobierno.

Por ejemplo, el senador de la UDI Claudio Alvarado criticó a los diputados de Chile Podemos Más (Chile Vamos) que han abierto la ventana al libelo. “De ahí a que parlamentarios de Chile Vamos levanten voces sumándose a una acusación constitucional, es simplemente no darse cuenta de una operación política electoral de la oposición”, detalló.

Contrario a esta postura, el senador RN Manuel José Ossandón calificó de “grave” la apertura de la investigación contra el Mandatario y aseguró que “esto les dará más fuerza a los diputados para una acusación constitucional”. Ossandón fue más allá: “No me va temblar la mano si hay pruebas suficientes para acusar al Presidente, pero tampoco voy a juzgar por percepciones”.