Sabas Chahuán: “Respeto la presunción de inocencia de Piñera, pero es bueno que se investigue”

El exfiscal nacional dice que, cuando hay dos versiones, es “sano” que se abra una indagatoria. Pero discrepa en la forma: cree que, por la investidura del Presidente, Jorge Abbott debió tomar la causa.

El exfiscal nacional Sabas Chahuán dice que le parece “sano” que el Ministerio Público haya dispuesto de oficio abrir una investigación penal para indagar al Presidente Sebastián Piñera por la venta de Minera Dominga en 2010 a Carlos Alberto Délano. 

“Es una muy buena señal que se haya abierto una investigación. Porque hay argumentaciones en un sentido y en otro. Además, me enteré de que el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella en contra del Presidente de la República y, en cuanto se declara admisible una querella, él tiene la calidad de imputado. Entonces, creo que es necesario y transparente. Respeto la presunción de inocencia de Sebastián Piñera, pero es bueno y y necesario que se investigue”, dice Chahuán en entrevista con PAUTA.

Sin embargo, discrepa de la decisión de que nombrara a una fiscal regional, en este caso Claudia Perivancich, y que no fuera el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien asumiera la investigación.

“La norma ideal hubiese sido la figura del artículo 18 del la Ley Orgánica del Ministerio Público y no el artículo 19. Vale decir, se nombró una fiscal regional por la complejidad de la investigación y por la necesidad de operar en varias regiones. Pero, tal vez, la norma aplicable habría sido el artículo 18, que señala que puede tomar la investigación de oficio, y de manera excepcional, el fiscal nacional cuando la investidura de las personas involucradas, como imputados o como víctimas, lo hacen necesario para garantizar que las tareas propias del Ministerio Público se ejerzan con absoluta autonomía. Ese es el tenor casi textual de ese artículo”. 

–Es lo que hizo usted cuando era fiscal nacional.

“Sí. Esa norma se ha ocupado una sola vez en los casos Penta, Corpesca y SQM”.

¿Cosa juzgada o prescripción?

–La Fiscalía dice que hay un hecho nuevo y quien fue abogado de Piñera en 2017, Juan Domingo Acosta, señala que hay cosa juzgada y que la venta de Dominga fue parte de la carpeta del exfiscal Manuel Guerra. ¿Qué caminos ve para la defensa?

“Juan Domingo Acosta es una defensa técnicamente muy solvente. Yo creo que lo primero que va a hacer es alegar cosa juzgada y, al parecer, ya lo está haciendo porque hay un comunicado de La Moneda que sostiene eso. A ello se contrapone el argumento de la Fiscalía respecto de que hay un antecedente nuevo que no estaba en la carpeta investigativa de 10 tomos del fiscal Guerra, según lo que señaló la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. Si eso es así, ya no serían exactamente los mismos hechos y deberían investigarse”.

-¿Y podrían alegar prescripción por el tiempo transcurrido?

“Si no resulta eso [la cosa juzgada], simultáneamente o en paralelo, la defensa podría alegar que los hechos están prescritos porque habrían pasado más más de cinco años, la pena es de simple delito y, por ende, prescribe en cinco años. Y a eso habría que descontarle todos los días que el Presidente de la República estuvo fuera del país, que se cuentan dos días en vez de uno. Entonces, podría decir que hay prescripción simultánea o, subsidiariamente, al hecho de que haya cosa juzgada”.

Otro camino: entrar al fondo

Sabas Chahuán agrega otro camino para la defensa del Mandatario: “Entrar al fondo y decir que los hechos pueden no constituir delito. Porque rige la ley antigua, anterior al 2018, cuando el cohecho tenía menor pena. Y, además, que un funcionario público haga algo que le corresponde hacer en virtud de una oferta de una promesa, dádiva o dinero, dice el Código Penal, o deje de hacer de hacer algo le corresponde hacer. Porque tenemos cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio, que en este caso también podrían ser algunos de esos delitos. Por lo demás, siempre que hay un sobornante, hay un sobornado; un cohechante y un cohechado. Entonces, no es el único imputado eventual el Presidente Piñera“.

–¿Pueden pedir el sobreseimiento de esta nueva causa?

“Sin duda. Es una las herramientas que tiene la defensa. Pero tendría que alegar, precisamente, una de las causales del artículo 250 del Código Procesal Penal. Es decir, primero, que los hechos señalados no son constituitivos de delito; segundo, que no hay partipación del imputado; tercero, y ahí podría ser, que se encuentra exento de responsabilidad criminal por alguna causal. O, cuarto, que los hechos están prescritos”.

-¿Pueden alegarlo en cualquier momento?

“Tiene derecho a alegarlo en cualquier momento del procedimiento”.

–Marta Herrera dice que hay un hecho nuevo que amerita la apertura de esta investigación y que este no fue objeto del sobreseimiento. Acosta, en cambio, señala que esos antecedentes sí están en la carpeta de 2017. ¿Existe la posibilidad de que Guerra no investigó ese hecho?

“Con el examen de la carpeta se va a saber si Guerra no lo investigó. Ahora, es difícil que no lo haya investigado. Guerra es un fiscal que tiene trayectoria, muchos años de experiencia y no creo que se hubiese prestado para no investigarlo. Pero sí puede ser que el énfasis haya estado en otras cosas. Porque recuerdo que lo principal era Exalmar y Barrancones, y tangencialmente salió lo de Dominga”.

-Fue por una ampliación de la querella que presentó el diputado PC Hugo Gutiérrez. Pero Acosta insiste en que enviaron todos los antecedentes de la venta de Dominga a la Fiscalía.

“Lo entiendo y es una alegación válida. Pero Juan Domingo Acosta está diciendo lo que él hizo. Y, al abrirse una investigación, si se acredita que lo hicieron y que se investigó, y que fue objeto de la discusión en la audiencia de sobreseimiento, y que el tribunal lo tuvo a la vista para decir de que no era delito, tendrán que pedir el sobreseimiento de nuevo”.

–Es lo que dice la Fiscalía, que hay un hecho nuevo que no fue parte del sobreseimiento de 2017.

“Conozco cómo funciona la Unidad Anticorrupción, pues designé a Marta Herrera en ese cargo el año 2017. Y ella, y todos los abogados que están allí, son muy serios. Entonces, no creo que se hayan equivocado en una cuestión tan gruesa”.