¿Qué rol tendrá el sector privado en salud? Un debate dividido en la Convención

Desde Chile Digno hasta la UDI apoyan que exista libertad de elección y que las empresas puedan participar en este mercado. Pero hay muchos que se oponen a cualquier presencia.

La discusión sobre los derechos fundamentales será una de las más extensas en la Convención. La comisión encargada de abordar este tema es la más grande y estará integrada por 33 constituyentes. El temario incluye más de 40 áreas y una de ellas es el derecho a la salud. 

Aquí se va a debatir cuál será el rol que cumplan tanto el sector público como el privado. Sobre este último hay constituyentes que han planteado la necesidad de que las isapres tengan mayores limitaciones a la hora de hacer prestaciones de salud, y que el foco deba estar en establecer un sistema único de salud. 

Otros, en cambio, prefieren mantener la participación del sector privado en las prestaciones obligatorias de salud, pero enfocándose en fortalecer el sistema público. En ese contexto, surgen preguntas como la posibilidad de que exista un seguro único de salud o si es que el sistema público podría absorber a las personas que se atienden en isapres.

La discusión sobre este tema la protagonizarán los 33 convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales y en PAUTA rescatamos algunas de sus posturas. 

Mantener la participación del sector privado

Los convencionales de Vamos por Chile son los principales promotores de que el sector privado mantenga su participación en salud, pero su postura también es compartida de manera bastante transversal por la mayoría de los constituyentes desde Chile Digno hasta la UDI. 

En esta comisión, los convencionales de derecha que apoyan la participación del sector privado son Alfredo Moreno (Ind. UDI), Katherine Montealegre (UDI), Rocío Cantuarias (Ind. Evópoli) y Teresa Marinovic (Ind. RN).

Montealegre comentó que “debe primar un derecho a la protección de la salud donde se garantice un acceso libre y justo a las prestaciones que su ejercicio conlleve, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas”. Asimismo, Marinovic dijo a La Tercera que siempre se debe respetar la libertad de las personas, agregando que “no me opongo a la idea de que el Estado provea algún tipo de servicio y que las personas que quieran lo adopten” .

En términos generales, esta posición es compartida por convencionales de otras líneas políticas, como Damaris Abarca (FA), Felipe Harboe (PPD) y Javier Fuchslocher (INN). Harboe planteó en CNN que el derecho a la salud debe estar garantizado, y que es “obligación del Estado proveer un sistema de salud público. Pero que la gente con recursos pueda pagar su sistema privado”.

Su compañero de colectivo Luis Barceló (PPD) tiene ciertos matices. “El Estado debe administrar todas las prestaciones obligatorias de salud, sin perjuicio de que si alguien quiere tener un seguro de salud privado, lo pueda hacer”. 

Por su parte, Abarca sostiene que el Estado debe garantizar los derechos sociales, pero que “luego si tú quieres contratar un seguro privado o atenderte en el sistema público de salud, o tener un seguro de vida, lo que sea, que tengas la posibilidad de elegir”.

“Siempre debe primar el interés público por sobre el interés privado”, agrega Fuchslocher. 

La clave para Roberto Celedón (FRVS) es entregar una prestación de servicios médicos de calidad, sin distinción de sus ingresos. “En Holanda hay un plan de salud común a todos, sin distinción, como mínimo, y el prestador puede ser público o privado, pero es idéntico en cuanto a recurso. La prestación es universal”, dice, quien pone como referente al país europeo.  

En la otra vereda: limitar o eliminar las isapres

Las cifras de la Superintendencia de Salud indican que cerca de 3,3 millones de personas son beneficiarias de las isapres, mientras que unas 14,4 millones lo son de Fonasa. En ese contexto, hay convencionales que proponen eliminar las prestaciones de salud de las entidades privadas.

Esa es la postura de Janis Meneses (MSC), quien en el medio Resumen.cl, explicó que el Estado debe garantizar los derechos sociales. “Lo que queremos decir es sacar el mercado de todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, la seguridad social”, sostuvo. En ese contexto, los convencionales han planteado la necesidad de establecer dos derechos fundamentales básicos: universalidad y solidaridad. Según algunos, con esto podría limitarse la participación del sector privado en la salud.

Al respecto, Mariela Serey (FA) establece en su programa constituyente que “la Salud no puede seguir siendo un negocio ni estar condicionada al lugar de origen, debe volver a estar en el centro de lo público, teniendo un enfoque solidario e igualitario”.

El médico y convencional del distrito 26 Gaspar Domínguez (INN) es aún más explícito. “Debe limitarse el sector privado. Seguro único de salud público con plan universal y sector privado sin fines de lucro solo para entregar prestaciones que sistema público no pueda”, comenta.

Para el convencional del Colectivo Socialista Matías Orellana el foco está en aumentar las patologías que cubre el sector público. Al respecto, dice que “Chile tiene que establecer una base de sistema de salud de calidad, que implique aumentar patologías partiendo desde la atención primaria. Tiene que existir una base para darle una mayor fuerza al sistema público de salud”. 

En cuanto al resto de los integrantes de la Comisión, no registran respuestas en el especial que hizo este medio. Si quiere conocer lo que opinan el resto de los 155 constituyentes, revise aquí el artículo y la infografía.