Arturo Prado, ministro de la Suprema: “Necesitamos que se refuerce el orden público”

El informe que el ministro realizó sobre la seguridad en los tribunales de Cañete fue clave para que el gobierno decretara estado de emergencia en la Macrozona Sur. En entrevista con PAUTA, el juez detalla lo que vio.

“Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aún cuando permanezcan con trabajo a domicilio”.

La frase es parte del informe que el 27 de julio entregó el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, al Pleno del máximo tribunal, cuando dio cuenta de su trabajo tras evaluar la situación de los tribunales de Cañete.

Para elaborar el documento, Prado recogió los testimonios de funcionarios judiciales de Cañete como parte de su trabajo como visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción. Y en el documento dijo que, tras una serie de entrevistas, “la palabra que reiteradamente se repetía y utilizaba era ‘miedo'”.

En el texto, Prado también consignó varios hechos: el ataque incendiario en abril a la casa de un exjuez que trabajó por 15 años en la zona; el incendio que consumió por completo la casa del exfiscal Luis Moreno; el apedreamiento el 8 de julio al Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Cañete; “encerronas” en las calles de funcionarios judiciales y el caso de una jueza que debe usar un auto blindado.

El estado de excepción

Prado sugirió medidas. Una es continuar con las audiencias telemáticas una vez terminado el estado de excepción constitucional por el covid-9. Además, propuso mantener los controles de detención en las unidades policiales y sin traslado de los detenidos y realizar juicios de alta connotación pública en localidades distintas.

El Pleno resolvió enviar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial los antecedentes para la evaluación de entregar un bono de asignación “por trabajos en zona de riesgo y contratar pólizas de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda) durante el desempeño de las funciones judiciales”.

Y la Suprema dio otro paso: pedir medidas de seguridad a los tribunales de Cañete. Este antecedente está entre aquellos que tomó el Presidente Sebastián Piñera para decretar, el 12 de octubre, estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur. El período se aplicaría por 15 días en las provincias de Arauco y Biobío (Región del Biobío) y en Malleco y Cautín (La Araucanía).

Tres meses después de entregado ese informe, Arturo Prado concede esta entrevista con PAUTA. Señala que “se debe restablecer el orden y el control público” y que se necesita “diálogo” en la zona.

-¿Qué le parece que el decreto de estado de emergencia en la Macrozona Sur su informe haya sido uno de los aspectos claves en la decisión del Gobierno?

“Al leer el decreto de estado de emergencia me pareció recoger lo que se había escrito respecto de la situación singular que había existido y que existe en Cañete. Es una situación que para nosotros es extremadamente importante, porque tenemos que desarrollar nuestra función en condiciones en que permitamos la seguridad a todos los intervinientes. No solamente los funcionarios del tribunal, no solamente los jueces, no solamente a los secretarios, sino que todas las personas que pertenecen a la jurisdicción. Esto, para que en los juicios complejos tengan la garantía de que se puedan hacer en condiciones de normalidad, que no tengan ningún apremio por su seguridad y ninguna amenaza para prestar sus declaraciones. Para que se puedan reconstruir y aclarar los hechos y determinar quiénes son los culpables”.

-Su informe solo se refiere a Cañete. ¿La situación se homologa a otros lugares de la Macrozona Sur?

“No diría que se homologa, pero ha habido situaciones también de mucha contingencia y no solo en Cañete. También en Collipulli y Tirúa. Yo fui designado visitador de la Corte de Apelaciones de Concepción y uno de los hechos que me preocupó al comienzo fue que en Cañete existían este tipo de manifestaciones de violencia y eran insistentes. Y cuando hablamos de insistencia es porque en pocos días, en menos de una semana, hubo conflictos con barreras, interferencias del tránsito y comunidades que han sentido tiroteos. Hay una violencia que trae víctimas muy lamentables y es una situación en que no sacamos nada con criminalizar toda la zona, sino que, sencillamente, lo que hay que hacer es restablecer el orden público”.

Y agrega: “Es evidente que esta situación tiene que ser ordenada. Tiene que de alguna manera prosperar y propiciar el diálogo; hay que hacerlo. Hay que sentarse y buscar una salida a este problema y la forma de hacerlo es de una manera tranquila, sosegada, donde no esté la amenaza latente de que todo se va a consumar en un hecho violento”.

-¿Cuál es el clima en que desarrollan el trabajo los jueces?

“Nosotros, en la función propia que nos corresponde como jueces, tenemos que realizar nuestra labor en condiciones en que no impere como atmósfera social la violencia, en que impere el diálogo, en que podamos ir de la ley a la ley, en libertad, sin apremios. Eso no es pedir mucho. No sacamos nada con llegar a estos extremos de homicidios, de delitos que no tienen imputados conocidos, de lesiones, de situaciones que se repiten absolutamente por el ingreso de causas, querellas y denuncias”.

Según Prado, “lo que estamos protegiendo no es el metro cuadrado de los funcionarios judiciales ni de los jueces, sino que estamos protegiendo el ancho espacio que les corresponde a todos los ciudadanos que recurren, en este caso, al tribunal de Cañete. Es una situación puntual y precisa, pero que debe estar garantizada por el resguardo del orden público. Y el resguardo del orden público es un problema del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Nosotros somos las personas que vamos a hacer cumplir la ley, no nos vamos a saltar la ley, sino que la vamos a aplicar. Pero tenemos que hacerlo en un ambiente que permita estar lejos de toda perturbación, amenaza, apremio y permanentes contubernios de personas que lo que buscan es alterar este orden público. Y no se saca nada ni se llega a ninguna parte con esto”.

-En su informe usted dijo que una palabra que se repetía entre los jueces y funcionarios era “miedo”. 

“No existe miedo de impartir justicia ni de actuar presencialmente, porque los jueces tenemos por vocación impartir justicia sin temor. El día que tengamos temor, tenemos que abandonar esta función. En otros países, como Colombia, hubo amenazas permanentes cuando las bandas de narcotraficantes amenazaban con plomo y los jueces estaban encapuchados, pero a esa situación no se ha llegado a Chile. Y espero que jamás tengamos que traspasar la barrera de lo que es una justicia con nombre y apellido. Los jueces no tienen miedo, los jueces sabemos que tenemos que cumplir la función para la cual juramos desempeñarnos, con lealtad y con mucho empeño”.

-Pero usted dijo que había miedo: “Existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aún cuando permanezcan con trabajo a domicilio”.

“Lo que creo es que hay una atmósfera contaminada de temor. En una localidad como Cañete, donde los supermercados son uno o dos, me voy a encontrar permanentemente con las personas con las cuales estoy interviniendo en el tribunal. Si voy a colocar gasolina, lo mismo. Si voy a un doctor o a un policlínico, lo mismo. Las rutas que se utilizan para llevar los niños al colegio son las mismas. Y ha habido casos de personal judicial que han trasladado personas al colegio y se han encontrado con que les tiran perdigones a los vehículos o los amenazan”.

–Su informe habla de “encerronas”. Y también se señala que hay una jueza que usa un auto blindado.

“Sí, pero no se puede llegar a pensar que nuestros jueces van a tener que trasladarse en autos blindados”.

-¿Cree que se podría llegar a eso?

“No. Yo creo sinceramente en la sensatez de las partes que intervienen. Espero que no tengamos que llegar a tomar medidas tan drásticas como que un juez tenga que recurrir a un auto blindado para poder trasladarse a cumplir su función. Este informe recoge testimonios de sucesos, pero si usted va a la zona y se da cuenta de lo que está ocurriendo allí, lo visible es que hay temor. Y no es un temor que pueda permear a toda la gente. La gente actúa, pero sabe que tiene que andarse con cuidado. Sabe que está el fantasma y la sombra permanente de la posibilidad de sufrir alguna lesión, alguna amenaza o ataque. Eso es así”.

-Su informe es bastante elocuente en eso. Y usted recomendó seguir con audiencias telemáticas aunque se acabara el estado de emergencia por covid-19.

“Sí. En Cañete hay tres juicios que son muy complejos y se sugirió esta medida de manera que se puedan llevar adelante y cumplir la función. Hoy existe un aumento en cuanto a la potencialidad. Entre 2015 y 2020 hubo 772 atentados y en un solo año los ataques incendiarios subieron un 137% y casi todos son con imputados no conocidos ¿Cuáles son los delitos? Homicidios, lesiones, amenazas, que son los que más se producen; incendios; atentados contra la propiedad; denuncias de usurpación, etcétera. Esa es la dura realidad. Y lo que tiene que entenderse es que los jueces estamos para cumplir una función, estamos para hacerlo con vehemencia, dedicación y empeño. E incluso, dispuestos a entregar la vida para poder cumplir esa función”.

-Hay una diferencia entre el miedo a trasladarse y el miedo a impartir justicia.

“Son cosas distintas. Una cosa es el temor que puede existir por una situación generalizada del lugar, y otra, el miedo a resolver los asuntos. Eso no existe. Quiero dejar bien claro que el juez que tiene miedo a cumplir su función, no puede ser juez. Porque justamente la justicia es una aspiración y el juez no solo tiene una labor de reflexión y conducción, sino también de coraje. Y ese coraje es el que nosotros tenemos que mantener como parte de nuestra propia idiosincrasia. A nosotros nos han enseñado que esta función es irrenunciable e inclaudicable. No puede haber amenazas y eso en Chile afortunadamente no existe. Nuestra formación y nuestra carrera funcionaria ha contribuido a que tengamos los pies bien puestos en la tierra y creemos que todavía en Chile no existe esa ambigüedad de la que presión pueda significar miedo a impartir justicia”.

Estado de Derecho

–¿Ha cambiado la situación en los funcionarios judiciales de Cañete desde su informe en julio o sigue igual?

“Los funcionarios han seguido cumpliendo su labor con vocación, independencia y objetividad. No creo que hayan cambiado esos aspectos de la función jurisdiccional. Sí pueden cambiar los hechos, porque son externos, esta situación que hoy existe de hechos que son violentos, que están  mostrando a cada rato al público lo que ha sido el odio y la violencia, de alguna manera tendrán que aplacarse. Y esos hechos, para nuestra función, son parte del mundo externo. Nuestra función es específica: los hechos hay que juzgarlos, resolverlos y hay que aplicar la ley. Eso es”.

-Cuando se decretó el estado de excepción, se señaló que había que resguardar el Estado de Derecho. ¿Hay Estado de Derecho en esa zona?

“Qué se entiende por Estado de Derecho: el cumplimiento de la ley. Las instituciones están vigentes en todas las zonas a las que nos hemos referido. El Ministerio Público está actuando permanentemente y con un afán investigativo bastante grande. Lo que ocurre es que la situación en la zona que desarrollan algunos grupos hace que la investigación sea difícil. Aquí existe esa función y se está cumpliendo, pero se cumple en situaciones muy adversas. Y mantener el orden público es cada vez más difícil, pero esa no es una tarea nuestra. Este es un hecho que sale todos los días en los diarios, porque la frecuencia de los delitos está publicada. Todos los días existen ataques a empresas forestales, a personas que viven por los caminos. Y a pesar de que hay formalizaciones, hay usurpaciones de tierra; hay homicidios frustrados, otros consumados; hay lesiones más o menos graves, y hay amenazas. Es decir, esto se repite y se repite y se repite”.

Prado agrega que los jueces también están cumpliendo con su función: “Decretar órdenes de investigar, detener, dictar medidas cautelares… Nosotros debemos tener un respaldo fuerte de quien hace el control, y el que tiene el monopolio de la fuerza pública es el Gobierno, y el Gobierno tiene que cumplir esa función”.

-Si no, ¿se dificulta el trabajo de los jueces?

“No es que se dificulte, porque nosotros vamos a hacer el mismo trabajo. Lo que pasa es que nosotros no somos parte ni se nos puede atribuir responsabilidad en el hecho de no cumplir eficazmente o no adoptar eficientemente las medidas de control, porque no son medidas que adoptemos nosotros, sino que de otro poder del Estado. Y para eso, según la Constitución, está el Gobierno, que tiene el monopolio de la fuerza pública”.

-Hay un fallo de la Corte Suprema de agosto de 2020 que apuntó a las autoridades de Gobierno por la seguridad en La Araucanía.

“Si yo me pongo a pensar en lo que ocurre en los juzgados de Cañete, de Collipulli o de Victoria, y esto es algo manifiesto, público y notorio, que la prensa ha publicado y las redes sociales lo comentan, es que permanentemente hay hechos violentos. Es imposible que nosotros como jueces nos podamos sustraer de esta situación. Nosotros vamos a cumplir con la misión, porque es lo que juramos desempeñar cuando asumimos este trabajo. Pero necesitamos refuerzos, necesitamos que se refuerce el orden público, necesitamos que se ejerza la autoridad. Y la manera de ejercer esa autoridad es de quien tiene el monopolio de la fuerza pública. Esto es como la regla de tres: no hay otra”.