Los cinco ejes y la etapa de “transición” del programa presidencial de Yasna Provoste

Más empresas públicas, directorios con paridad de género, una propuesta previsional que permitiría por ahora elegir dónde ahorrar, y al menos cuatro nuevos ministerios propone la candidata de Nuevo Pacto Social.

El programa presidencial de Yasna Provoste está dividido en cinco pilares estratégicos, en el siguiente orden: desarrollo sostenible, protección social, vida en comunidad, rol del Estado e inclusión social. Pero como preludio hay un plan “transitorio” que aborda la emergencia sanitaria y en parte el impacto del “estallido social”, para lo cual propone destinar hasta US$ 6 mil millones anuales durante cuatro años, que prevé financiar por medio de una recuperación del crecimiento económico y deuda fiscal (por medio de bonos verdes).

Al justificar su candidatura, la postulante de Nuevo Pacto Social habla en forma permanente de un “Nuevo Chile”. Dice que el programa es “una promesa que obliga ética y políticamente a ser cumplida” y agrega que “no es lo mismo la dignidad de la gente, que las tasas y promedios con que se mide un modelo en abstracto”.

La senadora DC asegura que todo su programa tiene tres ejes conductores de cada propuesta: inclusión, descentralización y perspectiva de género.

Asimismo, afirma que busca un sistema colectivo en diversos campos. Por eso, critica “un modelo que se ha asentado en un eje central: el individualismo, que plantea que la vida es una carrera en solitario, y que los vaivenes -de distinta naturaleza- que impactan en las condiciones de vida material de la ciudadanía no se enfrentan de manera colectiva. Este paradigma, sin duda, debe cambiar”. Sin embargo, no explica cómo su apoyo al cuarto retiro previsional puede ser visto como una contradicción a su cuestionamiento al individualismo. 

El programa se financia, en régimen, con una meta de recaudación adicional de 5% del PIB. “En concreto, impulsaremos una reforma tributaria que, sobre la base de la experiencia comparada y un diálogo amplio y transversal en el que estén representadas todas las visiones, permita lograr la mejor combinación de herramientas para el logro de los objetivos previamente enunciados y alcanzar, en régimen, una meta de recaudación en torno a 5% del Producto Interno Bruto”, dice el programa.

Plan transitorio inicial: “Reconstrucción para sanar”

El programa presenta cinco líneas de acción para “sanar” el impacto del covid y del “estallido social”. Allí se apunta que el total de gasto fiscal previsto para los cuatro años sumaría entre US$ 16 mil millones y US$ 24 mil millones. El financiamiento: “El crecimiento extra de la recaudación por mayor actividad económica al prevenir costos de pandemia. También se considerará la emisión de bonos verdes, para repartir esta carga fiscal de manera sostenible en 25 años”.

Salud: la candidata propone establecer un fondo transitorio por entre US$ 8 mil millones y US$ 10 mil millones para fortalecer las prestaciones GES retrasadas, más recursos a la atención primaria y un plan en salud mental, entre otros.

Según esto, el área de salud representaría entre el 42% y el 50% de aquel costo total previsto por el comando de Provoste para el ítem de “sanar”.

Educación: se plantea un subsidio de internet y entrega de dispositivos computaciones a “todos los profesores/as del sector público y a estudiantes del sector público y particular subvencionado hasta 7° básico”. No mencionan el detalle previsto de este gasto.

Agrega un aumento de la gratuidad en forma transitoria para la educación superior: “en dos semestres respecto de las carreras universitarias y en un semestre tratándose de carreras técnicas”. No se estima el costo.

Trabajo: promete llegar al 80% de la población más vulnerable con subsidio femenino (no dice en cuántos años), mayor cobertura de atención parvularia (no dice cuánto), programas ecológicos de empleo de emergencia (no indica cuántos), programa de subsidios proaislación térmica de viviendas (50 mil por año), construcción de “viviendas sustentables” (400 mil al año).

Medioambiente: “Impulsaremos que Corfo actúe como banca de desarrollo para fomentar la resiliencia climática, descarbonización, y la transformación productiva de los sectores económicos, así como el fortalecimiento de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático como una plataforma de transferencia tecnológica hacia la empresa privada y los territorios”.

Añade una propuesta para acelerar programas de energías renovables, instalar un millón de techos solares, redes de monitoreo de calidad del aire, y que el 100% de las licitaciones en Santiago y regiones sean para buses eléctricos.

Confianza institucional: el programa estaba pensado para ser presentado antes del 18 de octubre de 2021, pues dice: “En pocos días, se van a cumplir dos años desde el inicio del ‘estallido social’, y es claro que Chile tiene una gran deuda en cuanto a las graves violaciones a los derechos humanos realizadas por agentes del Estado, durante las manifestaciones”. Propone en esta línea instalar una “Comisión para la Verdad y la Reparación” sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Política fiscal y tributaria

El programa dice que el crecimiento económico está en el “centro” de los esfuerzos de un eventual gobierno y que buscará rearmar una arquitectura fiscal con una regla estructural modificada y la recuperación de uno de los fondos soberanos.

La propuesta habla de un plan antievasión y antielusión, para lo cual “facultaremos al SII para que tenga acceso a la información bancaria”, se obligará a declarar inversiones en paraísos fiscales, creará la figura de un denunciante anónimo ante eventuales incumplimientos impositivos y revisarán normas de deducción de gastos en empresas, entre otras. 

Como parte de un plan de tributación “progresiva”, el programa plantea ideas. Se citan a continuación algunas de ellas, en forma textual:

• Estableceremos que los fondos de inversión privada pasen a ser contribuyentes, habida cuenta que se trata de vehículos de inversión utilizados principalmente por grandes patrimonios.
• Eliminaremos la exención del pago de impuesto de primera categoría respecto de los retiros de los fondos de inversión, que se efectúan hacia otras empresas o sociedades.
• Eliminaremos, gradualmente, el régimen de renta presunta.
• “Revisaremos y rediseñaremos el crédito del impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de carga e industrias”.
• Aumentaremos el impuesto a las rentas del capital, con especial foco en el aumento de la base tributable, revisando aquellos aspectos que permiten reducir la bases como los gastos necesarios para producir renta, por ejemplo.
• Estableceremos un interés anual sobre impuestos finales diferidos en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).
• Regularemos que los repartos futuros de utilidades deban pagar impuestos asociados
• Estableceremos la obligación de reconocer a los beneficiarios finales del proceso de distribución de las rentas del capital para disponer de mayor control de las bases tributarias declaradas.
• Revisaremos de las tasas marginales y tramos de alta renta a los que se aplica, a fin de garantizar la efectiva progresividad de la recaudación en los tramos de mayores ingresos.
• Revisaremos en profundidad al marco jurídico tributario de herencias.
• Estudiaremos la aplicación de un impuesto patrimonial que grave el patrimonio neto total. Atendida la elevada concentración de la renta y del patrimonio, junto a los elevados grados de evasión y elusión observados en materia de impuestos a la renta, estudiaremos la aplicación de un impuesto patrimonial que grave el patrimonio neto total, siguiendo las pautas de los países que -como Suiza- han aplicado este tipo de impuestos en el contexto de la OCDE.
• Incrementaremos el cobro a las emisiones de fuentes fijas con el fin de acelerar las inversiones para aumentar el uso de energías más verdes y reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles.
• Aumentaremos el pago de impuestos, en el caso de las fuentes móviles, que compensen las emisiones de NOx y otros contenidos que afectan gravemente la salud humana, y revisar el impuesto a los combustibles de modo que todos los agentes económicos paguen proporcionalmente por la contaminación causada según el combustible utilizado.
• Revisaremos los cobros asociados a patentes de exploración y explotación minera.
• Revisaremos la regulación relativa a los derechos uso del agua.
• Revisaremos los cobros por concesiones acuícolas y de uso de borde costero.
• Proponemos un royalty [minero] que conjugue los objetivos de recaudación y de desarrollo, competitividad, empleos y encadenamientos productivos de la industria es posible si se consideran modelos con mayor flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones del mercado y de los yacimientos.

Hay propuestas adicionales para dotar de mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos locales y regionales, y una política de modernización del gasto público.

Ninguna de las ideas específicas sobre impuestos y sobre gastos, aparte de aquellas referidas a la etapa de la “reconstrucción para sanar” que es de índole transitaria, viene con cifras de potencial recaudación y ejecución.

Economía laboral

En materia salarial, habla de aumentar el sueldo mínimo con subsidio del Estado, con la participación de la sociedad civil en “Consejos de Salarios” y plantea brindar “apoyo” a las pymes.

Plantea que el aporte del empleador para financiar la asistencia de hijos menores dos años a sala cuna no estará asociada al número ni al género de sus trabajadores (hoy solo obliga a empresas con al menos 20 trabajadoras). Hay otras medidas para dar más derechos laborales que compartan padres y madres.

En materia de negociación colectiva, propone especificar la titularidad sindical exclusiva: “Solo los sindicatos debidamente constituidos podrán ejercer el derecho a la negociación colectiva”. Con eso les quitaría ese derecho a los grupos negociadores. En cuanto a la negociación sindical por rama, la reconoce como una posibilidad.

Propone “avanzar” en la reducción de la jornada de trabajo hasta las 40 horas semanales, “con los resguardos necesarios para que ello no afecte la competitividad y las pymes”.

En materia de brecha digital, propone que internet tenga acceso universal, con subsidios del Estado a las familias más vulnerables y que se reconozca a internet “la calidad de servicio público de telecomunicaciones”.

Innovación, tecnología y ciencia

En otro apartado, la candidata destina párrafos para hablar de cómo reorientar más recursos y atención del Estado en materia de innovación, conocimiento y emprendimiento. En ese plano, plantea crear un nueva institucionalidad que cree estrategias de desarrollo, con “política de misiones” y una función desplegada por Corfo en la materia. 

A partir de Corfo, además, se creará un Banco Nacional de Desarrollo, que “apoyará las capacidades de nuestras empresas, y organizaciones para transformar nuestra economía.

Dedica varios párrafos al valor de la ciencia y la tecnología, pero existen escasas medidas concretas o diferentes de las ya en marcha. Una innovación es que “todas las becas [de posgrado] considerarán modalidades de inserción a convenir, de modo tal que se revisarán formas de retribución del becario al país, permitiendo agregar valor a la inversión en conocimiento”. Los recursos, dice, se destinarán tanto a investigaciones orientadas por curiosidad como a las áreas priorizadas en misiones. Hay diversas menciones a emparejar las condiciones entre hombres y mujeres.

Regulaciones empresariales

Impone una obligación a las empresas sujetas a supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): en un plazo de tres años, sus directorios deberán ser paritarios.

En libre competencia, compromete más recursos a la Fiscalía Nacional Económica para que fortalezca sus áreas de “investigación de carteles, de control de operaciones de concentración, de estudios para la evolución competitiva de los mercados y de litigios por infracciones anticompetitivas. El financiamiento del referido aumento será mediante una tasa que deberán pagar quienes notifiquen operaciones de concentración para que la fiscalía las evalúe conforme a la ley”.

En cuanto a las pymes, plantea aumento de los subsidios, mejores condiciones en Chile Compra, y un “Dicom” propymes que informe el plazo efectivo de pagos a pymes por parte de empresas y el Estado.

Medioambiente

La candidatura anuncia que buscará adherir al Acuerdo de Escazú y que declarará “estado de emergencia climática” en todo el país.

Existe una serie de medidas de cuidado del medioambiente. Entre ellas, plantea una legislación de protección a los humedales de turberas “que establezca la prohibición para la extracción minera y la alteración de cubierta vegetal”; una ley de reparación a las llamadas “zonas de sacrificio”; cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030 con una meta de carbono-neutralidad al 2040, y “con 100% del suministro eléctrico [que] sea renovable”; nuevas normas sobre arbolado urbano; prohibición de verter relaves al mar, e iniciativas de economía circular.

Dice que agregará “Cambio Climático” al nombre del Ministerio del Medio Ambiente”. En cuanto al Sistema de Evaluación Ambiental habla de “fortalecerlo” por medio de la reducción de asimetrías, pero no ahonda en detalles. Eso sí, asegura: “Eliminaremos el Comité de Ministros como instancia recursiva a fin de despolitizar la decisión”. Habla de crear “una Defensoría Ambiental”, pero no dice una palabra de qué se trata esa medida. Agrega que habrá más impuestos verdes.

Una de las medidas de infraestructura energética es la promoción de un calendario para que todos los estacionamientos de nuevos edificios tengan cargadores para vehículos eléctricos. Por ejemplo, que en 2025 al menos el 20% de los estacionamientos tengan cargadores o ductos, y en 2027, el 50%.

En relación con el plan sobre el agua, propone una nueva agenda de conservación y eficiencia, con la creación de una nueva institucionalidad llamada Autoridad Nacional del Agua. Plantea que el Ministerio de Obras Públicas agregará “Resiliencia” a su nombre. 

Propone la creación de un nuevo ministerio: el del Mar. Lo justifica para que articule “la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el Instituto de Fomento Pesquero, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, y otras de alcance transversal,
como los gobiernos regionales, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Corfo”. Entre otras medidas, la candidata dice que impulsará “una nueva ley de pesca con un proceso abierto de licitación de cuotas a tasas sustentables”.

Minería

“Impulsaremos un nuevo royalty a la actividad minera que permita asegurar el justo pago por los recursos no renovables que se exportan y al mismo tiempo, reconozca la complejidad de cada yacimiento minero. Parte de esos recursos se destinarán al desarrollo del conocimiento e innovación, así como al desarrollo territorial de las localidades donde se efectúan las respectivas faenas”, dice el programa de gobierno de Yasna Provoste.

En otra área, plantea que buscará que exista una flota de camiones de alto tonelaje en el sector, con uso de hidrógeno verde, que demuestre la descarbonización de esta industria y de todo el sector productivo. De modo similar, “incentivaremos” la generación eléctrica a partir del agua de mar, “mediante plantas desaladoras multipropósito, impulsadas por energías renovables, normando y ordenando el uso del borde costero”. 

El rol del Estado

“Propiciaremos la creación de nuevas empresas públicas”, dice el programa de Provoste. Serán articuladas a partir del Sistema de Empresas Públicas en áreas estratégicas que incluyen aquellas de energías renovables no convencionales. Menciona tres ejemplos de nuevas empresas estatales: Empresa Nacional de Hidrógeno Verde; Empresa Nacional del Litio, y una firma que “avance en innovación del riego desalinizado desierto”.

En cuanto a la distribución territorial, compromete la supresión de la figura del delegado presidencial (exintendente): “Fortaleceremos las competencias de los gobernadores regionales, para ello se requiere crear una nueva institucionalidad de representación nacional en la región, que permita mayor eficiencia y eficacia en la coordinación y articulación región-nación”.

Aparte de los nuevos ministerios de Seguridad Pública y del Mar, también Provoste propone crear el Ministerio de Descentralización. Esa repartición reemplazaría a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Sistema de seguridad social

Yasna Provoste propone “seguros colectivos” ante contingencias para la clase media, con subsidios a las familias más vulnerables, el cual “deberá cubrir, al menos, obligaciones de salud ante enfermedades extremas de alto costo, pago transitorio de créditos hipotecarios y gastos asociados a la educación de los hijos e hijas en circunstancias extremas”. Dice que “operar estos seguros tiene también economías de escala, por lo que se facilita la operación desde el Estado”. En otras secciones del programa se habla del “seguro único de salud” y hay menciones al seguro de cesantía, pero en este apartado en particular no hay más detalles acerca de si todos ellos corresponden a una misma iniciativa integrada.

Al apartado específico sobre área previsional el programa dedica tres de sus 179 páginas. Su propuesta previsional se levanta sobre tres pilares: no contributivo (hoy se llama “solidario”), contributivo obligatorio y de carácter mixto (hoy no tiene el concepto de “mixto”) y voluntario (similar al actual). Textualmente, la propuesta de Provoste propone lo siguiente:

• “Esquema No Contributivo: se financiará por el Estado, con cargo a rentas generales y contempla el otorgamiento de una Pensión Básica Universal garantizada de $225.000, para el 90% de la población sobre los 65 años. La enorme diferencia respecto del pilar solidario actual, al que reemplazará, es que las personas recibirán un piso parejo, común, y sobre eso funcionará su pensión contributiva. Este componente representa una parte importante del presupuesto adicional del programa. Esta iniciativa la presentaremos dentro de los primeros 100 días de nuestro Gobierno”.
• “Esquema Contributivo Obligatorio y de carácter Mixto: se financiará combinando las contribuciones de seguridad social de trabajadores/as y empleadores/as. Se propone mantener la actual cotización del trabajador/a e incorporar una nueva cotización obligatoria del empleador/a, que se implementará de manera gradual para llegar a un porcentaje que oscilará entre el 6 u 8%. La totalidad de las cotizaciones antes mencionadas (trabajador/a y empleador/a) se destinarán, en la proporción que determine la Ley, a un componente de ahorro individual y a un componente de ahorro colectivo, el que considerará un componente solidario, tanto inter como intra generacional, incluyendo equidad para mujeres”.
• “Esquema Contributivo Voluntario: se financiará con cargo a los aportes voluntarios que efectúen las y los trabajadores/as, ya sea individual o colectivamente, permitiendo complementar las pensiones. Igualmente, a fin de introducir mayor justicia en este esquema, se focalizarán los estímulos al ahorro previsional voluntario para las y los trabajadores/as de clase media, eliminando los incentivos a depósitos convenidos, que hoy benefician principalmente a ahorrantes de altos ingresos”.

Para corregir por género, la propuesta declara que “a partir de los 65 años de edad, hombres y mujeres, con igual saldo y edad, obtengan igual pensión. También impulsaremos el establecimiento de una compensación previsional que reconozca la contribución no remunerada que realizan las mujeres al interior del hogar en las labores de cuidado de hijos, hijas y otros familiares”.

Plantea que una nueva institucionalidad estatal, a la que llama “Sistema de Pensiones Público”, “dará garantías de transparencia, gobernabilidad y que no lucrará con los ahorros de las y los trabajadores/as, respetando en su inversión la diversificación y el crecimiento de sus fondos”. No proporciona más detalles. 

Dado que de todos modos la Convención Constitucional intervendrá en este asunto, Provoste sostiene que “dentro de los cuatro meses siguientes de realizado el plebiscito de salida que se pronunciará sobre la nueva Constitución, sin perjuicio de que los esfuerzos en materia del esquema no contributivo se podrán adelantar al mes de mayo de 2022”.

En el período de transición entre el actual esquema y el nuevo, “los actuales cotizantes tendrán la libertad de elegir entre mantenerse en el actual sistema con los ajustes que se le incorporarán o migrar al nuevo sistema”. En cualquier caso, “afirmamos con toda claridad que la reforma previsional que impulsaremos respetará la propiedad de los ahorros acumulados por los chilenos y chilenas en sus cuentas de capitalización individual”.

Educación

La propuesta programática de Provoste habla acerca de “justicia educativa” y de cómo propone un tránsito más “fluido y conectado entre niveles educativos” preescolar, escolar y superior. Se reiteran adjetivos que se asocian a educación “inclusiva”, “territorial”, “descentralizada”, “diversa”, “democrática”, “digna” y “participativa”. 

Enumera planes para crear un “sistema único de Educación Parvularia Pública”, un giro para priorizar la educación pública con programas masivos de tutorías, y una “arquitectura curricular” con coherencia territorial y “sentido de trayectoria e integralidad”, entre otras ideas. Por ejemplo, propone reemplazar la prueba Simce por “evaluaciones según su propósito; diagnósticos para el monitoreo de los aprendizajes de carácter muestral y no censal”.

Señala que en su gobierno “pagaremos la deuda histórica de los profesores”, sin mencionar el monto.

En educación universitaria se reitera el aumento transitorio de la cobertura de gratuidad. Agrega el fin del sistema CAE de préstamo bancario, cuyo reemplazo solo se concretaría “al final del período presidencial”.

En enseñanza técnico-profesional (TP), entre otras medidas plantean la creación de la “Agencia Nacional de Cualificaciones, que permita validar, registrar y certificar las cualificaciones del ámbito TP, logradas en el ámbito laboral y en la capacitación, así como su articulación con la educación formal”.

Salud

Buena parte del programa se destina a materias vinculadas con la superación de la pandemia por covid, y en general se refuerzan políticas de testeo, trazabilidad y vacunación.

Agrega políticas para atraer y retener médicos especialistas, planes de telemedicina, mayor gasto en personal e infraestructura, y el objetivo de reducir el precio de los medicamentos.

La propuesta más relevante es la de crear “un sistema universal de salud, comenzando con la implementación de un seguro único público que permita mancomunar el 7% de las cotizaciones, garantizando un acceso equitativo y de calidad a las atenciones de salud, incluidas las atenciones de urgencia vital; el procuramiento, donación y trasplante de órganos; y un moderno sistema de rescate prehospitalario y una cobertura financiera que brinde una adecuada protección a las personas. Se permitirá la existencia de seguros complementarios de salud regulados”.

En materia de salud sexual y reproductiva, establece lo siguiente: “Impulsaremos un programa de salud sexual y salud reproductiva, que incorpore calidad de atención a mujeres en situación de aborto, que avance en universalizar el acceso a regulación de fertilidad, mejore acceso a tratamientos de reproducción asistida y en una atención de la gestación, parto y postparto desde una experiencia positiva y respetuosa de la integridad y dignidad. Nos ocuparemos de entregar una atención integral de salud a personas trans, no binarias y género no conforme, y dar cumplimento al programa de acompañamiento de la ley de identidad de género, entre otras”. 

Durante los debates la candidata Provoste ha declarado que está a favor de avanzar en la despenalización completa del aborto, lo que en su programa avala al apoyar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el programa propone, además, que “se ofrecerán una serie de alternativas farmacológicas y no farmacológicas en el caso que una mujer o una persona gestante requiera interrumpir su embarazo”; no hay detalles sobre sus etapas o condiciones.

Vivienda

La propuesta de Provoste indica una política de apoyo a la vivienda propia y arrendada: “El desafío de la vivienda social o asequible debe ser enfrentado con una oferta de soluciones complementarias. Esto incluye grandes planes de vivienda propia; proyectos para arriendo e incluso con opción de compra posterior (leasing); y una agilización de la gestión del Estado para aumentar la velocidad de producción de viviendas para grupos vulnerables, superando la barrera de las 100.000 viviendas propias por año (se debe diversificar de acuerdo a las propuestas vigentes y otras nuevas). Adicionalmente, se estudiará nueva institucionalidad de cooperativas para venta y arriendo”.

Agrega la idea de crear un “Banco de Suelos” para detectar dónde hay terrenos fiscales inactivos y otros con “atributos humanos”.

A ello se suma una “consideración” consistente en “una meta de reducción del déficit de vivienda, mediante el desafío de sumar 100.000 unidades de vivienda propia al año”. Y agrega: “Impulsaremos Programas que fomenten desarrollos inmobiliarios privados con vivienda de inclusión. Esto permite perpetuar una alianza público-privada en el desarrollo de viviendas sociales y viviendas asequibles, para que sean objeto de interés privado”.

Entre otros objetivos, busca nuevos programas de superación de campamentos, urbanizaciones, modificar la Ley de Loteos Irregulares de 1968 y una cuota de género que beneficie a las mujeres jefas de hogar que postule a beneficios de la vivienda.

En cuanto al mercado de créditos hipotecarios, sostiene que el Estado será un regulador. Entre las medidas específicas, plantea “la eliminación de las discriminaciones en el otorgamiento de créditos hipotecarios en razón de la edad”, aunque no da detalles.

Seguridad pública

Las primeras propuestas apuntan al control del narcotráfico y el crimen organizado. Entre las materias destacadas, habla de modificar la ley para enfocarse “sobre el gran tráfico y en evitar que se utilice para abultar detenciones bajo una lógica de pesca de arrastre que termina por encarcelar la pobreza, dejando impunes a los grandes narcotraficantes. Es indispensable reformar la normativa vigente para centrarnos en la persecución eficiente de grandes narcotraficantes, en el marco de una política integral de Estado centrada en la recuperación de los territorios más afectados y de las personas atrapadas por el mercado del tráfico. Regularemos de forma estricta y responsable el consumo y autocultivo del cannabis y fortaleceremos un marco regulatorio que permita uso medicinal. No caeremos en las utopías que con esto se terminará el problema”.

Con la propuesta de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la candidata plantea que los gobernadores regionales participen en el diseño de seguridad. En materia de armamento, la supervigilancia de las armas pasaría desde la Dirección General de Movilización Nacional al nuevo ministerio, y se iniciaría “la prohibición selectiva y total de armas en manos de civiles para fines de defensa personal”. También plantea crear una nueva Agencia Nacional de Inteligencia.

Anuncia reformas a la estructura de Carabineros, y menciona que una “institucionalidad civil” será la que “liderará este proceso”. Habría, en ese esquema, un “alto comisionado” que tomará denuncias contra la acción policial en materias como violaciones a los derechos humanos.

En los barrios más críticos, la candidata promete un plan de recuperación “con comisionados sectoriales para cada uno de los 40 sectores más críticos”.

Política exterior, migratoria y de defensa

La candidatura de Provoste promete un “nuevo ciclo” en política exterior, que se caracterice por “orientar la acción internacional del Estado hacia el diálogo, la cooperación, y el desarrollo sostenible”. Eso incluye incorporar materias sobre medioambiente, participación ciudadana y la corrección de grupos subrepresentados, como las mujeres.

Plantea que “la primera medida de nuestra administración en esta área será la adhesión al Acuerdo de Escazú”, al que se agregarán los compromisos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

Propone fortalecer el interés de Chile por las instancias multilaterales. Menciona iniciativas como estas: “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas; al régimen internacional de derechos humanos, ratificando acuerdos pendientes; al Tratado Global sobre Pandemias, proceso ya comenzado en la OMS; y a la suspensión, en el seno de la OMC, de las reglas de patentes aplicables a vacunas contra el covid-19, para que países menos desarrollados puedan beneficiarse de la fabricación genérica”.

Hay otras propuestas que en general consolidan la estrategia de política exterior de Estado de las últimas décadas, incluida la intención de Chile por “empujar” una “convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur”, y el fortalecimiento de las relaciones con los países limítrofes.

“Respecto a la inversión extranjera directa”, dice el programa, “respaldaremos iniciativas que fortalezcan la atracción de acuerdo a estrategias de desarrollo territorial, así como la transparencia y eficiencia en la solución de controversias Estado-inversionista”.

En cuanto a la política migratoria, propone avanzar en la cooperación internacional (“un albergue humanitario levantado con apoyo internacional en la Región de Tarapacá”), diálogo regional y el principio de juridicidad (“las rápidas expulsiones masivas constituirían violaciones a los DD. HH.”). 

Respecto de la defensa nacional, propone medidas para modernizar la formación y diversificar las funciones para asistir a tareas territoriales, entre otras. Asimismo, sostiene que hay una “necesidad de profundizar el control civil sobre la toma de decisiones en defensa, y limitar la justicia militar al ámbito castrense”.

Niñez, adolescencia y vejez

Existe un número de propuestas para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes (NNA). Entre ellos, habla de fortalecer la Defensoría de la Niñez; cambiar la ley de adopción para “eliminar el orden de prelación para la elección de los solicitantes, privilegiando el interés superior de NNA, con independencia del tipo de familia de que se trate (homo o lesbo parentales, entre otras)”, y “posibilitar la participación de NNA en materias que impacten en su desarrollo y/o bienestar. Del mismo modo fomentaremos la constitución de Consejos Consultivos de NNA a nivel comunal”.

En relación con los adultos mayores, entre otras medidas plantea crear “un seguro de dependencia para las personas mayores dependientes, que se financiará, en parte, con el aumento de la cotización previsional de cargo del empleador”. También propone una nueva institución que reemplace al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Política indígena

Buena parte de la discusión sobre pueblos originarios está instalada en la Convención Constitucional, reconoce el programa. Entre ellos, que Chile eventualmente se convierta en un Estado Plurinacional.

De todos modos, Provoste plantea iniciativas de reconocimiento y promoción de lenguas indígenas en sus territorios y habla de respetar la cosmovisión de esas comunidades.

En participación indígena, “impulsaremos y promoveremos la representación indígena conforme a sus propias instituciones tradicionales y mecanismos de representación de los pueblos indígenas para decidir asuntos que les conciernen en sus territorios en el ejercicio a su autonomía”.

Propone la creación de otro ministerio: el Ministerio de Pueblos Indígenas.

Culturas y deporte

En su programa, Yasna Provoste usa los verbos “actualizar”, “promocionar” e “impulsar” en medidas como patrimonio material e inmaterial, acceso a bienes culturales y donaciones. Y promete que el presupuesto sectorial pase “del actual 0,36 al 1%, en el plazo de tres años”.

Aunque no distingue recursos específicos en la promoción del deporte, compromete una revisión y rediseño de los actuales instrumentos de fomento como Fondeporte, así como donaciones y subsidios.

Animales

“Modificaremos el estatuto jurídico de los animales para reconocerlos como seres dotados de sensibilidad, y por tanto objetos de protección”, dice el programa.

Entre las medidas, plantea un plan de reconversión del transporte urbano de tracción animal, no así de transporte rural. Tampoco se mencionan cambios al rodeo.

Revise el Programa de Gobierno de Yasna Provoste: