Mi Congreso en 60 palabras: cambiar el mecanismo de la acusación constitucional
Solo en los últimos cuatro años, la Cámara presentó 11 acusaciones constitucionales, pero solo una fue aprobada. PAUTA preguntó a candidatos del distrito 7 si modificarían el mecanismo de presentación del libelo.
Ya son 11 las acusaciones constitucionales presentadas y tramitadas desde el inicio del mandato del Presidente Sebastián Piñera, aunque solo en una el acusado fue encontrado culpable.
La primera fue en 2018, contra el exministro de Salud, Emilio Santelices. El mismo año un grupo de diputados acusó a los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller.
Al año siguiente, pocos días antes del estallido social, fue el turno de la exministra de Educación, Marcela Cubillos. A propósito de la crisis que detonó en octubre también se acusó al extitular de Interior, Andrés Chadwick, que fue el único caso en el que el Congreso se impuso; luego la Cámara lo intentó con Piñera; siguió con el entonces intendente de la RM Felipe Guevara; luego con la jueza de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso; y cerraron el año con una acusación al exministro de Salud, Jaime Mañalich; y otra al de Interior, Víctor Pérez. En 2021 se presentaron dos: una contra el líder de la cartera de Educación, Raúl Figueroa; y la última, nuevamente contra Sebastián Piñera.
Para presentar una acusación, solo se exige la firma de al menos 10 diputados -20 como máximo- y que el fundamento sea, en el caso del Presidente de la República, que en actos de su administración haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. En caso de los ministros, se exige haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
Con esos antecedentes, PAUTA preguntó a candidatos a la Cámara de Diputados por el distrito 7 (Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar) lo siguiente:
“¿Propondría cambios al mecanismo de acusaciones constitucionales contra autoridades?“
Andrés Celis (46), egresado de Derecho y actual diputado. Candidato Renovación Nacional de Chile Podemos Más.
“De ser mal empleado este recurso, se podría generar una inestabilidad gubernamental enorme; por lo que propondría causales mucho más precisas para restablecer el fin de la acusación constitucional, que es sancionar a aquellas autoridades que cometieron faltas graves”.
Jorge Luis Passadore, vicepresidente PDLG. Candidato de Partido de la Gente.
“Sí. Debería haber una instancia en que se le pueda preguntar a la gente y que no solamente sean espectadores pasivos. Es por eso que yo crearé una plataforma digital de democracia directa y participativa, en donde la gente pueda dar su opinión y votar al respecto. Cambiaremos la forma de hacer política en nuestro país”.
Antonio Páez, dirigente PTR. Candidato de Partido de Trabajadores Revolucionarios.
“Creo que el problema es más de fondo; hoy el Congreso y el Ejecutivo tienen una profunda desconexión con la base que los elige, por lo que apuntaría a sistemas de revocabilidad, en todos los niveles, por los electores. Hasta ahora las acusaciones tienen poco peso debido a que es solo un muñequeo entre las principales coaliciones”.
Susana Calderón (46), abogada. Candidata Socialista de Chile de Nuevo Pacto Social.
“Incorporaría al mecanismo de acusaciones la posibilidad de dictar medidas administrativas para solicitar información reservada o sometida a secreto; asimismo solicitar la designación de un representante de la Contraloría como asistencia técnica normativa. Lo anterior, con el objeto de preparar de forma fundada y respaldada el libelo acusatorio. Finalmente, con el solo mérito de gravedad de los antecedentes, la separación inmediata del cargo”.
Jorge Estay, contador público auditor. Candidato de Unión Patriótica.
“Sí, porque Chile tiene un régimen hiperpresidencialista y de autoridades locales, como los alcaldes, los que ejercen de manera autoritaria sus funciones. Se necesita un moderno mecanismo de acusaciones constitucionales, procedimiento investigativo y resolutivo, donde la sanción sea más dura: dejar el cargo, sino de la restitución económica de todo el daño y la suspensión para siempre de ejercer cargos públicos”.
Frederick Soto, trabajador cultural. Candidato Igualdad de Dignidad Ahora.
“$43 mil millones cuesta mantener el Senado, el mecanismo existente está condicionado por el actual sistema bicameral. Esperamos que del proceso constituyente pasemos a tener solo una cámara, el nuevo mecanismo tendría que adaptarse a estos nuevos principios y orgánica. Que existan estas posibilidades de acusaciones constitucionales es bueno y necesario porque es la forma de hacer contrapeso al poder”.
Luis Fernando Sánchez (33), abogado. Candidato Republicano de Chile de Frente Social Cristiano.
“Las acusaciones constitucionales han sido usadas de forma populista, abusando principalmente la izquierda de este mecanismo para atacar a autoridades por razones ideológicas. Le haría modificaciones en la línea de exigir etapas previas a la acusación, como son las comisiones investigadoras, con el fin de promover que estas se funden en hechos bien establecidos. Incluso evaluaría sanciones para quienes promuevan acusaciones constitucionales que no cuenten con un apoyo mínimo”.
Jorge Brito (31). Candidato Revolución Democrática de Apruebo Dignidad.
“Creo que otras modificaciones dependen de lo que suceda en la Convención Constitucional que está trabajando en una nueva Constitución, ya que, si define terminar con el régimen hiperpresidencialista, podrían abrir otros mecanismos para sopesar el poder político como la censura parlamentaria o figuras así. Lo importante es que los poderes tengan contrapeso, ya que es clave para cualquier democracia sana”.
Nota metodológica: este artículo forma parte de una serie que PAUTA está realizando en todas las regiones que elegirán senadores y en 10 de 28 distritos que eligen diputados. A cada zona le fue asignada discrecionalmente una pregunta y el contacto con un candidato de cada lista inscrita en esa zona. Los representantes seleccionados, también discrecionalmente, recibieron la misma pregunta y tuvieron igual plazo y extensión para responder (o fue editado para ajustarse al máximo de 60 palabras). Cuando un candidato estuvo inubicable u optó por no responder, se pasó al siguiente postulante.