Chile Transparente: “Servel podría haber fiscalizado mejor estas cuentas, pero le faltan aún más capacidades”

Su director ejecutivo, Alberto Precht, pidió mayor coordinación entre órganos del Estado para evitar casos como el de Karina Oliva.

Tras la revelación de pagos millonarios a colaboradores de la excandidata a la gobernación metropolitana y actual aspirante al Senado, Karina Oliva, y sus propias declaraciones en medios de comunicación, la Fiscalía Nacional anunció una investigación de oficio por presunto fraude.

En entrevista con Primera Pauta, de Radio PAUTA, el miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, señaló: “Aquí no hay que tener medias tintas, esto es un descaro, es no haber aprendido ninguna lección. Pareciera que no hubiera pasado ni Penta ni SQM en el financiamiento ilegal de la política”.

“Hicimos esfuerzos tan grandes el 2016, muchos, por tener financiamiento público de la política, por sacar a esas empresas de esa financiación, de tener sistemas de rendición mejores, de poder efectivamente fortalecer el Servel, para que alguien nuevamente busque la quinta pata y quiera torcer el espíritu de la ley”, añadió.

El también director ejecutivo de Chile Transparente destacó las declaraciones de Oliva en las que -entre otras cosas- aseguró pagó seis meses en vez de los tres de periodo legal. “Ella está confesa de que estos recursos fueron mal utilizados y que todos los chilenos estábamos pagando. Espero que estos montos se puedan devolver al fisco”, dijo.

“Señala que con esos montos se pagaron otros servicios. Entonces está reconociendo un ilícito tributario”, añadió Precht. “Reconoce, de cierta forma, que con determinadas facturas que hay servicios que no se prestaron”.

Y respecto a la contratación de familiares como colaborador de campaña, dijo que “un caso con tal nivel de descaro no lo habíamos visto”. Y añadió: “Karina Oliva apostó a sacar una cantidad de votos, sacó muchos más y después, al parecer, preparó una declaración adhoc a esa cantidad que obtuvo, generando los documentos tributarios para obtener ese reembolso”.

“Es de esperar que esas normas del 2016 y otras, fraude a las subvenciones, el aspecto tributario -que el Servicio de Impuestos Internos (SII) esta vez sí efectúe las querellas y denuncias que no se hicieron en otros casos- se hagan parte para tener la tranquilidad de que hemos avanzado en el financiamiento de la política”, siguió.

¿De quién es la responsabilidad?

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, fue designado para investigar de oficio un presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos para la campaña de Oliva a gobernadora. Pero las responsabilidades de que esto fuera revelado por Ciper y no detectado en la entrega de los documentos apuntan al Servicio Electoral (Servel).

“El Servel ha demostrado ser muy bueno organizando elecciones y entregando resultados a tiempo, pero no tan bueno revisando cuentas electorales”, dijo Alberto Precht.

Eso sí, aclaró que “no es bueno para la democracia que entre órganos autónomos constitucionales estén tirándose la pelota de quién hace la pega y quién no” y que se necesita coordinación entre distintas instituciones, como el Servel y el SII, para lograr una efectiva fiscalización.

“El Ministerio Público no puede investigar delitos electorales porque esa acción es privativa del Servel. El Servel tiene muchas más facultades que antes y a nuestro juicio podría haber fiscalizado mejor estas cuentas. Pero le faltan aún más capacidades”, sostuvo el director ejecutivo de Chile Transparente. “Lo que uno se pregunta es por qué el Estado no tiene la capacidad de coordinarse y en momentos de campañas generar fuerzas de tarea que puedan investigar estas facturas de fondo, no solamente en lo formal”.

Esto, pues aseguró que incluso con la legislación actual “las campañas pueden servir, por desviación, para financiar gastos personales. Lo vimos en casos de parlamentarios, Jaime Orpis hoy está condenando. Hay que ser más mal pensando porque estas cosas las hemos visto y no las podemos volver a permitir”.

Y añadió que esto no se soluciona modificando la ley: “No le podemos poner al legislador de ser una especie de oráculo de estas deformaciones absolutas en la conducta ética humana. Estamos hablando de un servicio que costaba tres y cobró ocho, estamos hablando de notarios muertos, de personas que no pisan el territorio nacional para hacer campaña. No le podemos pedir al legislador lo imposible”.

Vea la entrevista con Alberto Precht en Primera Pauta