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¿Falló el Servel? Las preguntas que deja el caso de Karina Oliva sobre el control del gasto electoral

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Agencia Uno
POR Ana María |

Los abogados María Jaraquemada, Gabriel Osorio y Patricio Valdés analizan el papel del Servicio Electoral, que anunció una nueva revisión a los altos gastos de campaña a gore de la candidata de Comunes.

¿Pudo el Servicio Electoral darse cuenta de que, en la rendición de cuentas de la campaña de Karina Oliva (Comunes), podía haber eventuales irregularidades? ¿Tiene las suficientes facultades para fiscalizar? 

Esas son al menos dos de las preguntas que se abren frente al caso de la derrotada candidata a gobernadora regional (gore) que ahora compite para un cupo del Senado. Un reportaje de Ciper reveló que, en la rendición de gastos de la primera vuelta de gore, siete de sus colaboradores entregaron, entre todos, boletas de honorarios al Servel por un total de $137 millones. 

Oliva descartó irregularidades en su primera declaración pública, la noche del 17 de noviembre. Sin embargo, al día siguiente, en una entrevista con radio T13, al explicar el pago de $40 millones por cinco meses a Martín Miranda, su jefe de campaña, dijo que él incluyó en las boletas los pagos a brigadistas. Además, la postulante frenteamplista al Senado justificó pagos por trabajos en meses previos a que comenzara la campaña legal.

Lo abultado de los sueldos y el reconocimiento de que esos dineros no se habrían usado en aquello declarado ni como parte del período oficial de campaña, provocaron que el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, anunciara que revisarían los informes de las cuentas de Karina Oliva. Lo harán nuevamente, pues ya habían sido aprobados. Además, señaló que en base a “los antecedentes adicionales que han salido ahora, haremos las denuncias que corresponden al Ministerio Público”.

Pero el fiscal nacional, Jorge Abbott, fue más rápido. Se le adelantó y abrió de oficio una investigación contra Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones.

Que el Servel haya aprobado las cuentas de la primera rendición de Karina Oliva -teniendo a la vista los altos sueldos- abre ahora las interrogantes sobre su rol fiscalizador. Al respecto, tres abogados consultados por PAUTA, Gabriel Osorio, María Jaraquemada y el expresidente del Tricel Patricio Valdés, analizan sus atribuciones, si cumplió o no ese papel y si se requieren reformas a la ley.

María Jaraquemada: “Las facultades están”, pero…

Para la abogada especialista en transparencia María Jaraquemada, el caso de Oliva “revela que aún existe cierta debilidad en fiscalización” y que, “al parecer, porque todo esto tiene que investigarse, tampoco es tan difícil cometer irregularidades con los fondos públicos y las rendiciones al Servel”. 

Jaraquemada, quien es columnista de PAUTA y oficial del Programa para Chile y países del Cono Sur de IDEA International, recuerda que el Servel recibió nuevas atribuciones con las reformas legales de 2016. “Entre ellas, que puede hacer auditorías, pedir todo tipo de documentos y libros, entrar a la sede de los partidos y los comandos. Incluso, puede pedir que a las personas que son investigadas o que participan en una investigación, ya sea que voluntariamente accedan a abrir las cuentas, o pedir a los tribunales acceso a ellas”.

Por ello, estima que sí hay facultades para fiscalizar. “De hecho, en sus propios manuales el Servicio Electoral señala que una de las causales de rechazo de la rendición de cuentas es cuando hay gastos que no corresponden al valor de mercado. El Servel también hace ese trabajo y puede determinar cuándo hay precios que le parecen que están totalmente fuera del valor de mercado y que, en el fondo, no se van a pagar con la rendición”, dice.

Y agrega: “Las facultades están, pero quizás le faltan recursos y personas para capacitar y poder hacerlo de una manera más exhaustiva. Y, en ese sentido, uno esperaría que el Servel pudiera trabajar esos puntos. Esto es muy importante, porque al final está en juego la confianza de la discusión pública y política”.

María Jaraquemada recuerda que, antes de la modificación a la ley, hubo dos propuestas “que hubiese sido bueno acogerlas”.

Una de ellas provino de la Comisión Engel: “Era para que se regulara el periodo de precampaña, que solo se hizo respecto de los candidatos presidenciales. Eso no se reguló y debería haberse hecho, porque no es real que las campañas duren 90 días”.

La segunda propuesta, explica, era crear un registro de proveedores a fin de que hubiese competencia y precios más adecuados. Pero no se incluyó, recuerda, porque los partidos políticos se opusieron. “Y eso ayuda a bajar precios y a tener la certeza de que se está pagando por, efectivamente, servicios prestados. También impide que se contrate a personas solo por ayudar al partido o a la familia y que, quizás, no tienen las capacidades”.

Tras el caso de Oliva, Jaraquemada dice que hoy habría que analizar si se puede retomar en el debate estos dos propuestas o, “derechamente, establecer inhabilidades respecto de que no se puede contratar a determinadas personas, como familiares u otros vínculos”.

Gabriel Osorio: “Faltó arrojo y energía”

Gabriel Osorio, profesor de derecho electoral, dice sobre el Servicio Electoral: “Tiene todas las facultades para fiscalizar”. Incluso, señala que el papel del Servel es de una superintendencia: “Fiscaliza, dicta normas, controla y sanciona”.

Cita: “El artículo 73 de la ley del Servicio Electoral establece la amplia facultad de fiscalización y control de las normas sobre aporte y gasto electoral”.

Por ello, en el caso de Oliva, señala sobre el Servel que “las facultades las tiene. Lo que le faltó fue energía, arrojo y una nueva forma de entender que las reglas tienen que tener una aplicación concreta y un efecto concreto cuando se señala, específicamente, que el Servicio Electoral lo que hace es el control de los gastos electorales”.

Osorio dice que este control, de la aprobación o rechazo de la contabilidad, no solo se relaciona con el periodo posterior a la campaña, sino que es una labor que tiene que ser permanente, algo que el Servel ha hecho respecto de los partidos políticos. En ese rol, “pudiese dictar instrucciones que son aplicables a los candidatos respecto de los requisitos de contratación; normas sobre verificación de los procesos. O también ir viendo si puede haber disfrazado un aporte ilegal, como inflar los precios o precios irrisorios que no sean ciertos”.

El abogado apunta a que el Servel, por un lado, “se prepara mucho para este momento. Pero esta preparación dice relación con contratación de personal y contadores que revisan la contabilidad electoral. Pero no dice relación con una preparación ex ante. Por ejemplo, en señalarles a los partidos los requisitos de las personas que pudiesen contratar”.

Osorio, quien es panelista del programa Derecho a la Convención, de Radio PAUTA, detalla que en la facultad de fiscalización el Servel puede solicitar no solo los informes de los gastos de una campaña a las candidaturas, sino también el material confeccionado. Y, si no le son suficientes los informes, también puede requerir a los proveedores que detallen cada uno de los aspectos de los servicios prestados.

Además, explica que el Servel puede confeccionar una tabla sobre los precios de mercado que se transan a propósito de los servicios que las candidaturas requieren. “Pero no solo eso. También tiene una facultad dictaminante, de instrucción, para la aplicación de las normas electorales”.

Respecto de si son necesarias algunas reformas a la ley, como señaló Andrés Tagle, el abogado discrepa: “No creo que sea necesaria una reforma legal, sino más bien que se tomen medidas administrativas tendientes al efectivo cumplimiento de la normativa electoral de los partidos y candidatos”.

Patricio Valdés: “Grave y ordinario”

El expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) Patricio Valdés es tajante en señalar que, preliminarmente, el caso denunciado “es abuso aquí y en la quebrada del ají” y que “es grave y ordinario”.

Valdés señala que, en las revisiones de cuentas de campaña, el Servel “debe preocuparse de que no sean gastos abultados”. Sin embargo, “son tantas las cosas que tiene que haber revisado, de tantas personas, que a lo mejor se les pasó. Pero uno tiene que partir de la base de que una candidata a gobernadora no puede estar abusando de los recursos fiscales”.

Para el exjuez, a su vez, es indudable que si una persona asesora a otra, tiene derecho a una remuneración. “Pero no sé hasta dónde el Servicio Electoral puede analizar hasta qué monto es razonable”.

Precisamente, este tema también lo abordó Tagle el 18 de noviembre: “Servicios intangibles como los honorarios profesionales es difícil de establecer la veracidad de lo efectuado y la justa remuneración, cuánto es un honorario correcto para un profesional no es fácil de determinar”, dijo el presidente del Consejo directivo del Servel.

“Ese para mí es el punto. Lo que ocurre es que la ley está hecha para que sea cumplida de buena fe. Pero usted no puede estar financiando una familia ni a la expareja de una persona, pagándole unos honorarios extraordinarios si es una persona que no tiene las competencias. Es lo mismo que contraten a una persona de arsenalera en una operación y no lo ha sido nunca”, señala el exministro.

Valdés se refiere a Jorge Ramírez, expareja de Karina Oliva y hasta el miércoles 17 presidente de Comunes: rindió boletas por $16,2 millones por asesorías comunicacionales a la candidata.

A Valdés, el caso, preliminarmente, le parece “una asesoría simulada que está muy cerca del problema de las boletas ideológicamente falsas”. Se pregunta: “¿El servicio que prestó el señor expareja vale en realidad lo que está cobrando?”.

Y agrega: “Esto es de un poco de perogrullo, pero las leyes están hechas para cumplirse de buena fe. Y cuando se puede determinar que en un caso determinado hay mala fe, incluso se puede llegar en una situación delictual”.