Cómo la Consulta Indígena dividió a Pueblos Originarios en la Convención

La Comisión de Pueblos Originarios no cumplió el plazo para entregar el documento base de la Consulta Indígena. Hay acusaciones cruzadas entre constituyentes.

La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad tiene en su mandato velar por la debida implementación de la participación y la Consulta Indígena durante el proceso constituyente. Su primera sesión fue el martes 2 de noviembre. Desde entonces tenían un periodo de 15 días para presentar un documento base para esa Consulta Indígena, un plazo que terminó el pasado 22 de noviembre sin llegar a un consenso. 

El documento base lo elaboró un equipo integrado principalmente por asesores de los pueblos originarios. Fue presentado durante la sesión del viernes 12 de noviembre por Francisco Aliaga Huentrutripay, asesor del coordinador de la comisión, Victorino Antilef (mapuche). 

En el documento se presentan los principios y se “sistematizan los derechos de los pueblos indígenas”. En otras palabras, el documento base establece un marco de orientación para la realización de la Consulta Indígena. 

Si bien la mayoría de los convencionales agradecieron el trabajo, también surgieron algunas dudas al respecto. Antes de la presentación, la coordinadora de la comisión, Margarita Vargas (kawésqar), envió el documento a los integrantes de la comisión para que pudieran hacerle aportes el día anterior a la presentación. Sin embargo, convencionales como Ivanna Olivares (MSC) y Elisa Loncon (mapuche) reclamaron que esos aportes no se incluyeron. “Independiente de que esta propuesta no está considerando las aportaciones que fueron hechas […], voy a tratar de pasar por alto esa situación y, por el bien del proceso, yo votaría a favor”, dijo Olivares.

Finalmente, el documento base fue aprobado por 11 votos a favor y 9 abstenciones. Además, se abrió un plazo de tres días -que vencía el 17 de noviembre- para ingresar indicaciones al documento, el cual se votaría el 22 de noviembre, fecha límite para su aprobación.

Artículos normativos: el problema de fondo del documento

Lo que reclaman algunas convencionales como Rosa Catrileo (mapuche), Loncon, Tiare Aguilera (rapanui), Isabella Mamani (aymara) y Amaya Álvez (FA) es que el documento base que se votó previo a la Consulta Indígena incluye desde ya artículos normativos.

Por ejemplo, hay un artículo que establece que “las comunidades y pueblos naciones preexistentes que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y estas han sido trasladadas legítimamente a terceros, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

{{noticia:120156}}

Asimismo, agrega otro tipo de artículos donde se establece que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía política, territorial, funcional, fiscal y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales”.

Además, se propone una serie de artículos transitorios para incorporar en la nueva Constitución. Uno de ellos establece que se debe decretar “el fin a las concesiones mineras. Una comisión especial deberá evaluar, en un plazo no mayor a 2 años, condiciones de continuidad de aquellas que puedan continuar su funcionamiento, conforme artículo precedente”.

En este contexto, un grupo de convencionales liderados por Tiare Aguilera ingresaron una “propuesta de adecuación” al documento base. Se mantienen varios principios, pero no se incluyen las propuestas de artículos normativos, lo cual generó la molestia de una parte de la comisión.

El debate por mantener o eliminar los artículos

El lunes 22 de noviembre, durante la sesión de la Comisión, el coordinador Antilef señaló que el documento pratocinado por Aguilera, Catrileo, Loncon, Mamani, Lidia González (yagán), Félix Galleguillos (atacameño), Fernando Tirado (chango), Luis Jiménez (aymara)y Adolfo Millabur (mapuche) no se pondría en votación, ya que, según explicó, se trataba de un documento sustitutivo y no una indicación como tal. “No es facultad de la coordinación decidir qué documentos votar. No estamos hablando de un documento que tiene carácter normativo, no estamos hablando de un reglamento, no estamos hablando de una propuesta de norma constitucional”, respondió Catrileo. 

La “propuesta de adecuación” ingresada por Aguilera, Catrileo y otros convencionales no se definía como una indicación. Catrileo explicó que consultó a la secretaria de la comisión, Daniela Abarzúa, respecto de si el documento base tenía carácter normativo. La respuesta fue que efectivamente no constituía normativa jurídica, no eran indicaciones, sino que enmiendas que podían ser presentadas con un carácter desformalizado. “Documento base no tiene naturaleza jurídica normativa, sino que es un documento que luego de que se haga el proceso de consulta y participación, se sistematiza ese resultado y con ello se construirían normas que se verían en su proceso posterior”, explicó Abarzúa.

{{noticia:111940}}

La explicación molestó a quienes estaban por mantener los artículos normativos. Algunos convencionales como la machi Francisca Linconao, Wilfredo Bacián (quechua), Isabel Godoy (colla) y Natividad Llanquileo (mapuche), así como ambos coordinadores, sostenían que ese documento no se debía votar, ya que no se había presentado como una indicación. 

“Se pretende meter como una indicación sustitutiva, de las cuales muchos estuvieron en desacuerdo de cuando era el reglamento, y presentamos una indicación sustitutiva. Inclusive hasta pidieron disculpas por haberlo presentado de esa manera, y hoy hacen lo mismo“, afirmó Godoy. En la otra vereda, Mamani dijo que “son las comunidades las que quieres aportar, ellas no van a aceptar que se traiga articulados ya escritos y cerrados”.

En la sesión no se logró llegar a un acuerdo, a pesar de que ese día terminaba el plazo para votar el documento base. Los coordinadores tuvieron que suspender la sesión, para retomarla al día siguiente.

El segundo intento fallido y las acusaciones cruzadas

Ese mismo lunes en la noche, los pueblos originarios de ambas partes se reunieron para intentar llegar a un acuerdo. En la reunión participaron convencionales como la machi Linconao, Aguilera, Llanquileo y Catrileo. Ahí habrían llegado a un acuerdo para complementar ambos documentos.

En la sesión del martes 23 de noviembre, los coordinadores afirmaron que el documento base no podía ser reemplazado por la propuesta de la convencional Aguilera, y pidieron votar una “fusión” de ambos documentos. Sin embargo, Catrileo insistió que esa propuesta de votación, en sí, debía ser votada por la comisión.

La machi Linconao respondió: “Por favor, respeten el uno con el otro, seamos derechos. Anoche puso otras palabras la ñaña Rosa y eso a mí no me gusta. Si van a seguir así, se suspende la reunión, yo no voy a votar”.

A medida que avanzó la sesión, la discusión se intensificó. La convencional Godoy dijo que era “lamentable que de ciertos convencionales se quiera pasar máquina”, y agregó que iba a “exigir el derecho a la libre determinación del pueblo colla y nosotros vamos a ver cómo lo hacemos”.

Luego de cerca de una hora de sesión, el coordinador Antilef determinó que se debía votar si es que la “propuesta de adecuación” que buscaba eliminar los artículos normativos era complementaria, y que no se iba a someter a votación para definir si es que era una indicación sustitutiva.

“A mí me sorprende mucho la coordinación, no sé si escuchan lo que estamos diciendo ya en dos reuniones”, dijo en tono molesto la convencional Loncon: “Ese es un documento base, no tiene articulados”.

En medio de la sesión vía Zoom, el convencional Bacián se retiró de la comisión y dijo que “no hay posibilidad de llegar a consenso. Independientemente de lo que aquí se acuerde, como convencional del pueblo vamos a hacer nuestro propio trabajo, en base a nuestra autonomía, en base a nuestra autodeterminación”.

En este contexto, algunos apoyaron la idea de que la Mesa de la Convención debía pronunciarse respecto de la naturaleza de la indicación. Una de ellas fue Llanquileo, quien dijo que en ese caso deberían inhabilitarse la presidenta Loncon y las vicepresidencias adjuntas que integran la comisión, ya que tienen intereses en el conflicto. “Estamos acá para superar el colonialismo, incluso ese colonialismo interno de algunos convencionales que buscan que el reconocimiento de los partidos pasen máquina a los pueblos”, dijo.

En tanto, la presidenta Loncon respondió que “hay una equivocación muy fuerte y dañina de la opinión que hace la convencional Natividad [Llanquileo], de que yo no podría tomar decisiones […] Sobre todo cuando se hacen estas opiniones que buscan descalificar, que digan de que aquí hay cuestiones políticas detrás”.

A pesar de múltiples intentos por llegar a un consenso, la comisión no logró encontrar una salida. La coordinadora Margarita Vargas dijo que el documento base aprobado no debía modificarse, “ni en estructura, ni en contenido”, y Antilef llamó a votar la complementariedad de la propuesta de Tiare Aguilera.

La decisión provocó que varios convencionales emplazaran a los coordinadores, a quienes acusaron de tomar decisiones “arbitrarias” y fuera del Reglamento. “Me parece que la coordinación está imponiendo que se trate de una indicación complementaria […] Esto es algo grave”, dijo la convencional Amaya Álvez. Agregó: “usted (Antilef) no puede imponer su voluntad, porque además usted es parte interesada de esto, porque usted tiene una labor de coordinación, pero usted ha manifestado voluntad […]. Le pido que por favor no haga esto, porque esto de alguna manera ensucia un proceso que tiene la aspiración de ser legítimo, abierto, democrático”.

Finalmente, la votación no se concretó y la coordinación envió un oficio a la Mesa Directiva para que se pronuncie al respecto. El convencional Eduardo Cretton (UDI) sostiene que debe haber una reforma al Reglamento, ya que el plazo de 15 días para presentar el documento base expiró el lunes 22 de noviembre. Hasta el cierre de este artículo, los integrantes de la comisión aún no habían recibido una citación para votar el documento.

La Secretaría de Participación y Consulta Indígena será la encargada de “diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación y consulta, cumpliendo las recomendaciones que le imparta la Comisión”, órgano que debería conformarse luego de que se apruebe el documento base.