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Desde calumnias a discriminación: las denuncias en el Comité de Ética de la Convención

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Agencia Uno
POR Paul Follert |

Los cinco integrantes del Comité de Ética se encargarán de revisar los conflictos entre los constituyentes y trabajadores de la Convención, quienes arriesgan multas de hasta 750 mil pesos.

“Lo que usted hace, señor Barraza es un acto de mala fe, es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña, porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”. Esas fueron parte de las palabras que emitió el convencional Arturo Zúñiga (UDI), durante el Pleno del pasado 12 de agosto.

En ese entonces, el convencional Marcos Barraza (PC) acusó a Zúñiga de querer obstruir la Comisión de Ética. El constituyente de la UDI se había ausentado de una de las sesiones de la comisión, donde argumentó que no se le avisó con 24 horas de anticipación. Zúñiga explicó que el motivo de la ausencia fue por razones de salud de su hijo. El hecho terminó con una denuncia de la convencional Bárbara Sepúlveda (PC) ante la entonces comisión transitoria de Ética. 

Este es solo uno de los hechos que deberá revisar el Comité de Ética, el cual fue ratificado el pasado 1 de diciembre. El órgano está conformado por cinco integrantes: Macarena Rebolledo, Elizabeth Lira, José Miguel Valdivia, Cristhian Almonacid y Zoilo Gerónimo. El comité estará encargado de “prevenir, conocer, resolver y sancionar toda infracción en los términos que se establecen en el presente reglamento y que afecten a los convencionales”, además de funcionarios, asesores y trabajadores de la Convención. 

Los casos a resolver

El convencional Alvin Saldaña (MSC) fue uno de los primeros en presentar una denuncia formal ante el recién conformado Comité de Ética. Lo hizo en contra de la convencional Marcela Cubillos (Indep. UDI), a raíz de una serie de tuits donde se habría aludido a que la Convención buscaba cambiar el himno y la bandera del país.

Según explica Saldaña, el documento “busca denunciar a Marcela Cubillos por desempeño desleal del cargo y concretamente por desinformar, de manera pública a través de Twitter. Ella dice van por el himno, van por la bandera, van por la cueca, haciendo alusión de que la Convención quiere cambiarlos, cuestión que no se ha discutido en ninguna sesión […] es algo muy perjudicial para el proceso y creemos que no debe quedar impune”.

En esa misma línea, el Comité deberá revisar una denuncia presentada por la machi Francisca Linconao (Mapuche), quien el pasado 23 de agosto ingresó un requerimiento en contra de los convencionales Zúñiga (UDI), Teresa Marinovic (Indep. Republicanos), Ruth Hurtado (Republicanos) y Katerine Montealegre (UDI), a quienes denunció por “acusaciones injuriosas y calumniosas”. En el documento presentado por Linconao, se señala que “me asocian a la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, caso por el cual es de público conocimiento que estuve injustamente en prisión preventiva y fui absuelta de los hechos que se me acusaban en tres juicios que tuve que enfrentar”.

Asimismo, denunció sufrir “discriminación lingüística” por parte de la convencional Marinovic. La convencional por el Distrito 11 criticó el 20 de julio a la machi Linconao por hablar en mapudungún. “Sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show“, expresó Marinovic. En su requerimiento, la convencional Linconao dice: “No es un show ni un espectáculo como lo entiende la convencional licenciada en filosofía, sino que por el contrario, estoy ejerciendo derechos lingüísticos que constituyen, bajo el estándar internacional, derechos humanos tanto individuales como colectivos”. 

Otra de las denuncias que deberá revisar el comité involucra a una asesora de la convencional Dayyana González (Pueblo Constituyente). El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando los constituyentes Ruggero Cozzi (RN), Luis Mayol (RN) y Hurtado realizaban un punto de prensa sobre la violencia en la Macrozona Sur. La asesora, Daniela Sáez, irrumpió para acusar a los convencionales de mentir. “Cada vez que esta gente mienta voy a intervenir, sabemos que la derecha persigue a la gente que piensa distinto […] hoy día esta gente sigue mintiendo para quitarle la tierra a los mapuches, descarados”, dijo la asesora de González. 

La situación fue acogida por la Mesa Directiva en el Pleno del 10 de noviembre, donde la presidenta Elisa Loncon (Mapuche) confirmó que se había ingresado la denuncia al Comité. “Eso se cursó y se instaló en el Comité de Ética para que siga su curso […]. Sepan que también estamos usando los instrumentos que nos hemos dado para la sana convivencia”, dijo Loncon.

También se ingresó una denuncia en contra del convencional Rodrigo Logan (Ind.). El requerimiento se envió a través de la Mesa Directiva y la presentó la convencional Loreto Vidal (Ind.), quien comentó en un Pleno que el constituyente Logan habría tenido conductas machistas, luego de que se refiriera a una abogada de la Unidad de Transparencia e Integridad Pública de la Convención como “la muchacha” y “la niña”. “La intención era visibilizar este hecho, con la finalidad de que estas prácticas, que son efectivamente prácticas de micromachismo, no se normalicen. Lo que pasó fue que la Mesa tomó este oficio, y efectivamente lo derivó al Comité de Ética”, cuenta Vidal. 

Hay otras denuncias que aún no han sido ingresadas formalmente, pero que ya se trabajan. Es el caso del requerimiento que presentaría esta semana el constituyente Cristóbal Andrade (LLDP), quien ingresará una denuncia formal a raíz de una intervención realizada por Marinovic durante el Pleno del pasado 1 de diciembre. En dicha ocasión, la convencional cercana a los Republicanos se retiró del hemiciclo sin mascarilla y criticando la decisión de los pueblos originarios de votar por separado a los integrantes de la secretaría de participación indígena. 

Las denuncias que se hicieron antes de la aprobación de los Reglamentos de la Convención deberán ser revisadas según el reglamento de ética que aplica a la Cámara de Diputados. Las denuncias presentadas después de la aprobación de los reglamentos serán revisadas a partir del propio Reglamento de Ética de la Convención.

Algunos convencionales, como Zúñiga, Cantuarias y Ruth Hurtado, afirman que no validarán el Reglamento de Ética, al que acusan de ser un “reglamento talibán”. “Me parece que varias de las normas que están contenidas en el reglamento de ética y que tiene que aplicar el Comité de Ética son como de la neoinquisición, hay normas absurdas que en mi opinión coartan la libertad de expresión”, dice Cantuarias.

Zúñiga agrega que “en una convención constituyente se requieren, más que nunca, espacios de debates en donde se expresen las ideas de cada uno en total libertad, sin temor a ser denunciados por pensar distinto”.

¿Cómo será el procedimiento de una denuncia?

Cualquier constituyente, asesor, funcionario y trabajador de la Convención podrá presentar una denuncia ante el Comité Externo de Ética, de acuerdo con el reglamento. Se trata de un órgano compuesto por cinco integrantes que tiene por objetivo “prevenir, conocer, resolver y sancionar toda infracción en los términos que se establecen en el presente reglamento”.

La denuncia debe cumplir con requisitos tales como indicar de manera precisa las normas infringidas por el denunciado. Además, el procedimiento deberá someterse a las reglas del “debido proceso”. Una vez que el Comité recibe los antecedentes, deberá declarar admisible o inadmisible la denuncia. En caso que ocurra lo primero, se fijará la oportunidad en que se citará a las personas involucradas, para que “informen sobre los hechos que se les imputan”.

Pero si se declara inadmisible la presentación de los denunciantes y “el Comité estima, por unanimidad, que ella es temeraria por no contener fundamentos mínimamente plausibles, podrá en la misma resolución iniciar de oficio un procedimiento en contra del o los requirentes”.

Una vez que se haya definido la admisibilidad de la denuncia, el Comité convocará a una sesión con el denunciado, quien se podrá ausentar de manera injustificada por un máximo de tres veces. De otro modo, se dará curso al procedimiento sin posibilidad de recibir el relato del denunciado.

Un integrante del comité hará la función de fiscal para dirigir la investigación de manera “objetiva e imparcial”. Tendrá un máximo de 10 días hábiles para la investigación, los que podrá extender por cinco más si así lo requiere. 

Luego podrá decretar el sobreseimiento definitivo del caso en tres escenarios: si es que no se acreditan los hechos denunciados; si es que no fueron constitutivos de alguna infracción; o si el denunciado no tuvo participación en esos hechos.

También podrá formular cargos, “debiendo referir de manera precisa y clara los hechos y la participación que en los mismos le ha correspondido al denunciado”. En este caso, el denunciado podrá presentar sus descargos, “pudiendo requerir la apertura de un término probatorio de hasta cinco días hábiles, para la producción de cualquier medio probatorio”. 

Luego, el fiscal deberá hacer un informe de la investigación con una “sugerencia respecto de la sanción aplicable o de su absolución según corresponda, debiendo ser remitido al Comité de Ética”. Asimismo, el comité apreciará la prueba conforme a las “reglas de la sana crítica, debiendo expresar las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en su decisión”.

En la etapa final, para la resolución de la investigación el comité emitirá un dictamen en el que deberá realizar una relación “circunstanciada de los hechos” para luego determinar la sanción aplicable o la absolución del denunciado. En contra de las resoluciones del comité “solo procederá el recurso de reposición”.