El programa original de José Antonio Kast para primera vuelta

En su campaña de primera vuelta, el abanderado de derecha presentaba más de 800 medidas. En segunda vuelta introdujo cambios.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su renovado programa para la segunda vuelta presidencial en la que va a enfrentar a Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad.

Este tiene como lema “El Estado al servicio de las personas” y asegura ser “una ruta de navegación de medidas coherentes en los ámbitos más urgentes para las personas y sus familias: Orden y Paz; Crecimiento económico justo; vida digna y buena; trato equitativo y reconocimiento a la mujer; y, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible”.

Revise el nuevo programa de gobierno de Kast para la segunda vuelta.

Las propuestas del programa de primera vuelta

“Atrévete Chile” es el nombre de la portada de las bases programáticas del candidato para la primera vuelta. Es el mismo concepto que utiliza el exmilitante de la UDI como eslogan de campaña. Hasta ahora, se trata del único documento programático consolidado de esta candidatura, aunque el abanderado ha dicho que hay elementos que podrían cambiar.

Kast lideró la primera vuelta de las elecciones presidenciales este 21 de noviembre y disputará ante Gabriel Boric la Presidencia de la República en el balotaje.

En este artículo solo se analiza este único documento consolidado presentado por el propio equipo de Kast como las bases programáticas de su eventual gobierno, al igual como PAUTA ha analizado las propuestas de otras candidaturas.

El  documento parte con “Un Manifiesto Republicano” donde se describe y analiza de forma crítica el contexto político, social y económico del país. Las principales ideas ya estaban contenidas en el libro Ruta republicana, editado por Rojo Edwards, donde expresan que se centran en tres ideas troncales: “La República, la libertad y la Familia”.

En varios segmentos habla acerca de lo que a su juicio son los problemas de la corrección política y sus consecuencias. “Tenemos que fijarnos, por ejemplo, y tener en cuenta las leyes que podrían dañar significativamente nuestra economía hasta aquellas que pretenden emancipar a los hijos de sus padres para intervenir en su desarrollo síquico y ético, pasando incluso por la distorsión y eliminación de nuestros fundamentos y símbolos nacionales-todo ello prioritario en la agenda de izquierda”, asegura. Sin embargo, no proporciona ningún ejemplo que dé cuenta de esos temores.

En cuanto a la idea de nación, refiere que “los ‘conquistadores’ [españoles] se percataron de las características peculiares de nuestro territorio y, desde entonces, el chileno, que asume la herencia del mundo cristiano occidental mestizo, se comporta entre sus semejantes con la lógica de pertenecer a un mismo pueblo”. No se mencionan aquí distinciones sobre origen indígena.

En el programa de gobierno de Kast, se dice que “la polarización, el debilitamiento institucional, el estancamiento económico producto de años de reformas de corte socialista y los intrincados momentos que hemos atravesado, como la violencia acaecida desde el 18 de octubre de 2019 y la pandemia del covid-19, nos demostraron la fragilidad de fundamentos como la libertad, el orden, el Estado de Derecho, la propiedad privada y la economía de libre mercado, todos los anteriores cimientos en los que se sostuvieron décadas más exitosas en la historia de Chile”.

Critica a Chile Vamos por “hacer propias las banderas de la nueva izquierda”, detallan sus “aproximaciones políticas necesarias más elementales, pero, a su vez, más relevantes para enfrentar aquellos tres campos de batalla en los que confluye la defensa de nuestros valores y principios: la libertad, el Estado de Derecho y la familia”.

Cita esta frase atribuida a Milton Friedman: “Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos”. La frase original incluye un énfasis del que en el programa carece: 

“Una sociedad que antepone la igualdad, en el sentido de igualdad de resultados, a la libertad, terminará sin igualdad ni libertad. El uso de la fuerza para lograr la igualdad destruirá la libertad, y la fuerza, introducida con buenos propósitos, terminará en manos de personas que la usan para promover sus propios intereses”.

Capítulo 5 del libro Libre para elegir, de 1980

En este programa, los republicanos se autodefinen como “nueva derecha”. Explican es “una opción política determinada a retomar la batalla cultural, ideológica y programática para retomar el camino de la verdadera dignidad humana y el desarrollo”.

Diagnóstico de la situación de Chile

Según el documento, la propuesta económica y social se divide en cinco áreas: disminución del gasto público; reducción tributaria y regulatoria; modernización del Estado; “aporte social sustancial a la sociedad civil”, y gasto social focalizado.

Gasto público: en el documento se describe el alza del impuesto de primera categoría hasta el 27% (aquel salto se terminó de concretar durante la actual administración de Piñera). Asimismo, la candidatura asevera que “Chile tiene la tasa de impuesto efectiva a las empresas más alta de la OCDE”, para lo cual cita el Corporate Tax Statistics editado por la OCDE en 2020. Pero esa afirmación de la candidatura no es lo que muestra la OCDE: para 2020, la OCDE calcula que es Costa Rica -no Chile- el país que tiene el mayor gravamen corporativo efectivo (y Japón también es más ato si se mira la tasa efectiva marginal). En una página posterior (68) esa misma información es modificada en el programa.

Entre los elementos mencionados para una “eliminación” se habla del “gasto político y las pensiones a los falsos exonerados; fusionar ministerios y subsecretarías y profesionalizar la administración pública para eliminar todo tipo de clientelismo”. Esas expresiones no aparecen acompañadas de una definición clara sobre qué es, por ejemplo, el “gasto político”, qué se determina como un exonerado “falso”, qué fusiones ministeriales se estiman y cómo se identifica el “clientelismo”. Dado que no existen definiciones, tampoco hay estimaciones de un supuesto ahorro en gasto fiscal.

Se propone una modificación al Código del Trabajo para permitir “la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y privado”. No obstante, el Código del Trabajo no aplica a los funcionarios públicos (artículo 1). 

En materia educacional, ofrece “educación online” que tendría un menor costo. Y propone avanzar en la disminución de la duración de carreras uniersitarias.

Plantea modificar la ley de donaciones para que se “promueva la solidaridad y la generosidad” asociadas a la filantropía.

Son 22 los ejes temáticos en los que se dividen las propuestas de gobierno. Aunque en el documento de 204 páginas se enumeran 829 ideas, en el apartado de sustentabilidad las propuestas 415 y 416 son literalmente las mismas: se refieren a la aceleración del desarrollo y la implementación de la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”. Otras repetidas son la 39 y 53, que establece el reemplazo del Sename por dos entidades nuevas.

Por lo tanto, en rigor son 827 las propuestas y enunciados del programa de gobierno.

Sistema de pensiones

Siete de las 204 páginas del programa abordan el sistema de pensiones propuesto por la candidatura de Kast. Toda la introducción apunta, en la práctica, a una defensa del actual sistema de capitalización individual con esquema subsidiario. Identifica que “la falta de empleo formal [es] el mayor causante de las bajas pensiones, como consecuencia de la baja densidad de cotizaciones y el menor ahorro que genera”. Culpa al Estado por el “descrédito ciudadano” en que ha caído el sistema de AFP.

Enfatiza que la propiedad de los fondos previsionales son de los trabajadores y el destino no puede ser otro que la pensión: “El Estado no puede expropiar estos ahorros ni directa ni indirectamente, ni permitir que se desvíen al consumo presente ni a ningún otro destino distinto del financiamiento de las pensiones”. Aunque en rigor lo que dice el programa de Kast es lo mismo que decía la legislación original, los reiterados retiros del 10% han modificado ese criterio.

En línea con las otras candidaturas presidenciales, Kast plantea también la instauración de una “Pensión Básica Universal”, que estaría “financiada con recursos fiscales y no con impuesto al trabajo”. Beneficiaría a “todos los residentes” mayores de 65 años, pero no define un monto. En esta medida no se revela ningún cálculo de costo fiscal ni cuál sería la transitoriedad.

Plantea un aumento de la cotización desde 10% a 14%, “gradual” (no indica su gradualidad), pero agrega que algunos de estos cambios deben estar vinculados con un parámetro que genere modificaciones automáticas. Otro elemento es que en el futuro subiría la edad mínima de jubilación de las mujeres (hoy en 60%), hasta equiparar la de hombres (hoy en 65 años), pero solo para las trabajadoras que recién estén entrando al mercado laboral.

Por la vía de separar las funciones que hoy cumplen las AFP de inversión y de gestión operativa, en teoría se acabarían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con ese nombre. Darían paso a dos tipos de entidades nuevas, siempre de giro único.

Incluye propuestas como una hipoteca revertida para que adultos mayores mejoren su pensión, seguros colectivos por retiro programado; retiro de ahorros a quienes no tengan más de cinco años cotizados (el programa no lo dice, pero de esa manera esas personas en la práctica no tendrían una “pensión” autofinanciada y sí un subsidio solidario).

En ahorro voluntario tipo APV, propone que se active por defecto al inicio de la vida laboral, que tenga un bono $1 millón a recién nacidos del 20% más vulnerable de la población, y que lo acumulado allí permita financiar el pie de un crédito hipotecario.  

Reducción de impuestos y crecimiento económico

Hay 44 ideas sobre crecimiento económico. Hay 37 de desarrollo económico.

La idea que recorre todo este segmento es la reducción de impuestos de todo tipo. A juicio de la candidatura, esos recortes serán absorbidos por un menor gasto fiscal, todo lo cual, asegura, llevará a que la tasa de inversión privada se eleve desde 19% al 28% del PIB. “Gracias a esta alza, Chile crecerá a tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona, cruzando el umbral de desarrollo”. Este segmento del programa de Kast no incorpora detalle alguno sobre plazos ni gradualidad, y tampoco determina cómo esos factores tributarios serían capaces de generar el impacto que prometen en términos de crecimiento económico. No hay referencia alguna basada en supuestos que se encuentren en la literatura.

Hay varios ejemplos de propuestas para bajar impuestos. Uno de ellos: recortar el IVA desde 19% a 17%. No indica el efecto fiscal de esta medida, que de por sí es considerable dado que se trata de uno de los gravámenes de mayor recaudación.

Otro ejemplo de alta magnitud: que el impuesto de primera categoría caiga de 27% a 17%. También dice que las reinversiones de utilidades no tributarán y que se volverá a un sistema tributario completamente integrado (hoy es semiintegrado en esa categoría). Pese a su alto impacto, no dice nada sobre todo este proceso de transformaciones ni revela tampoco los cálculos de sus efectos fiscales.

Plantea transformar el impuesto de timbres y estampillas por uno aplicable a los servicios financieros, y terminar con “todas las exenciones tributarias especiales, con excepciones en pequeñas empresas”.

Este ítem parte con la propuesta 184: “Eliminaremos todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio personal, cuya formación ya tributó, tales como contribuciones, herencias y donaciones”. No menciona ni gradualidad ni focalización en estas propuestas, por lo que -así planteada- en la práctica favorecería a los patrimonios más elevados. 

Entre otras medidas, propone el establecimiento de un “impuesto negativo a la renta” (aunque no lo dice, eso es lo mismo que un subsidio) a quienes reciban entre el sueldo mínimo y el límite exento de tributación (casi $680 mil); rebaja de “hasta $15.000 mensual” por cada menor de 18 años a cargo del contribuyente; y modificar la norma de gratificaciones para que los empleados reciban el 2% de las utilidades de las empresas (no hay detalles normativos).

Asimismo, se plantea incorporar un “capitalismo popular” en las empresas públicas como Codelco, Enap, Enami, Ferrocarriles del Estado y TVN, pero tampoco hay delimitación de alcances jurídicos y financieros sobre esa idea. 

Propone también eliminar más aranceles a la importación y subsidio a las cotizaciones para incentivar el subsidio juvenil.

En materia laboral, plantea que todos los contratos de trabajo sean “con indemnización por años de servicio a todo evento”. Hoy, esa indemnización suele aplicarse solo en caso de despido, pero ya existe esa opción para trabajadores con más de seis años de relación laboral.

Administración pública

En el documento se propone fusionar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Consejo de Auditoría Interna del Gobiernoy el Consejo para la Transparencia para crear una entidad que evalúe en forma preventiva eventuales conductas de corrupción o delitos de lavado de activos y similares. Monitorearía el sector público -incluido el Poder Judicial- y “los privados”. En ese sentido, plantea que todos los funcionarios públicos efectúen una declaración de patrimonio e intereses, no solo aquellos de mayor grado.

En otras proposiciones, se incluye la reforma a la Contraloría para que su dirección sea colegiada y no unipersonal; que empresas proveedoras del Estado declaren cuáles son sus beneficiarios finales; e incluir a partidos políticos y ONG dentro del marco regulatorio de un nuevo modelo de prevención del delito, y una política de transparencia sobre parentescos en el Poder Judicial y nombramientos notariales.

Ofrece disminuir el sueldo del Presidente en 50%. En septiembre el Jefe de Estado percibió una remuneración bruta mensualizada de $11,1 millones. 

Plantea también la creación de un “Alto Consejo de Estado”, integrado por mayores de 70 años que hayan servido como ministros de Corte Suprema, Tribunal Constitucional o contralor general de la República. Su función será “velar por la debida conducta parlamentaria”, revisión “preventiva” de constitucionalidad y “sancionará” a los presidentes de las comisiones parlamentarias que no respeten las urgencias dispuestas por el Ejecutivo. Todo esto se establece en el contexto de un sistema presidencial, aunque ese régimen político será discutido y redactado en la propuesta de nueva Constitución que prepara la Convención Constitucional.

Plantea, entre otros puntos, la reducción del gabinete, desde 24 a 12 ministerios. En ese diseño se mantendrían seis carteras (Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Salud) y fusionaría el resto. En otro segmento dice, por lo mismo, que “implica el término del Ministerio de la Mujer”. Estas reformas incluirían, según este documento, el despido de al menos el 10% de los funcionarios públicos “que han sido asignados solo por motivaciones políticas o vínculos familiares”.

En esta materia, propone reducir la Cámara de Diputados desde 155 a 100 miembros, y el Senado desde 50 (cuando se complete el actual ciclo electoral) a 29. Para ello expone que debe cambiar el sistema electoral desde uno proporcional, como el de ahora, a uno mayoritario (donde solo se elija un representante por distrito).

Seguridad y orden público

José Antonio Kast destina 10 de sus 204 páginas en forma específical al ítem de seguridad.

La primera de las promesas que se menciona es “quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles. Son los delincuentes los que tienen que vivir encerrados y no los chilenos honestos que hoy viven con miedo y desesperanza”. Si se toma en forma literal, esta propuesta equivaldría a que el Estado extraiga parte de la propiedad privada de las personas (“rejas de las casas”), pero como en realidad es sentido figurado, no es en rigor ninguna “propuesta”.

En general, otros enunciados son de corte similar. Un ejemplo: promete aplicar “todo el rigor de la ley” si policías, bomberos, gendarmes o funcionarios de la salud son agredidos “física o verbalmente”, para lo cual promete que todo responsable será “juzgado y condenado”. Pero más allá de una declaración de intenciones, es el Poder Judicial -un poder independiente en el Estado- el que puede comprometer algo así, no el Ejecutivo.

Plantea, entre otros asuntos, la intervención de las Fuerzas Armadas en La Araucanía, financiar la defensa jurídica cualquier carabinero que “sea detenido injustamente por cumplir su deber”, la implementación de un test de drogas para todos los cargos de elección popular, crear un “Comité de Seguridad Nacional” que reemplace el Comité Político de La Moneda, penas más elevadas contra “asesinatos robos y ataques”, sanciones más altas contra el vandalismo, combatir la “narco-pirotecnia”, nueva fuerza policial contra el crimen organizado, y crear una “Defensoría de las Víctimas” (similar en recursos a la Defensoría Procesal Penal). 

En particular, el programa propone modificar los protocolos de uso de la fuerza de las policías y FF. AA., “de modo de no ser juzgados por haber hecho un uso excesivo de ella, judicial o administrativamente”. Esta idea implica correr los límites de responsabilidad penal actual de las fuerzas de orden.

En cuanto al Ministerio Público, propone revisar las atribuciones de los jueces de garantía y sugiere sancionar a los superiores jerárquicos de fiscales cuyas causas se “filtren”. 

Pide revisar el mecanismo de nombramiento de jueces y fiscales a todo nivel, mediante la creación de una institucionalidad similar al sistema de Alta Dirección Pública. Y envía un mensaje en particular a la Corte Suprema, al indicar que “la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder Judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible”. Esta crítica responde a acusaciones a que en particular la Tercera Sala Constitucional de la Suprema ha dictado fallos con impacto en políticas públicas.

Propone la “clausura” del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Habría una institución reemplazante que busque los mismos objetivos, solo que añade que defienda también a “organismos intermedios, personas naturales y funcionarios estatales”. No obstante, la legislación internacional de derechos humanos distingue que su eventual violación corresponde usualmente a una responsabilidad estatal.

En la misma propuesta incluye la derogación de la Ley de Exonerados Políticos y el fin de los beneficios compensatorios a las víctimas de “violaciones a los derechos humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en el pasado”. Es decir, desestima la evidencia de que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura.

Una mención llamativa es la creación de una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda”, que apuntaría a una colaboración -no precisada desde el punto de vista legal- “con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”. No delimita qué entiende exactamente por radicalizados. Desde el punto de vista de politólogos como Cristóbal Rovira, en todo caso, el propio partido de Kast es del tipo de “derecha populista radical“.

Entre los elementos más controversiales está aquel que le permitiría a un Presidente ordenar arrestos y disponer de lugares de detención distintos de aquellos que la ley permite. Lo dice el programa de Kast en la disposición relativa a atribuciones del estado de excepción constitucional de emergencia, en que propone que el Jefe de Estado tenga la facultad de “interceptar, abrir o registrar documentos, y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”, para lo cual se otorgarían a las FF. AA. y Carabineros “todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden público”. Este estado de emergencia “no deberá durar más de cinco días”; solo sus eventuales prórrogas quedarían sujetas a la aprobación del Congreso. 

Esta propuesta del candidato Kast guarda similitudes con la vigesimocuarta disposición transitoria original de la Constitución de 1980 -durante la dictadura-, que en su letra a planteaba la opción de “arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días, en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles”.

Entre otras iniciativas del programa, Kast habla de declarar las barras bravas del fútbol como “organizaciones ilícitas”, tipificar las “funas” como delitos, y aumentar la protección legal en casos de “autodefensa”.

Otras materias

El tema que más tiene propuestas es sobre medioambiente, con 138. Entre ellas, “alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental, cubierto por áreas silvestre protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental cubierto por áreas marinas protegidas”.

Le sigue agricultura con 60, y barrio y comunidad, con 59. En la idea número 669 plantea el “fin a los campamentos”, donde se responsabiliza de la situación actual a “la inmigración ilegal desatada y el enorme impacto de la pandemia”.

Son 58 las propuestas para el ítem de accesibilidad, y 46 en cultura, donde se menciona a Televisión Nacional de Chile: “TVN será privatizada vía venta directa o a través de un sistema de capitalismo popular en que el Estado haga socios accionarios a todos los ciudadanos del país, pago de dividendos mediante”, proyectan.

Son 43 los proyectos relacionados con salud, 41 de sustentabilidad y 36 de erradicación de la corrupción. En el ítem sobre familia hay 29 ideas, entre las cuales está el compromiso por “derogar la ley que posibilita el aborto y reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia”.

Hay un apartado especial que habla de la violencia en La Araucanía y la Provincia de Arauco, con 27 ideas. En este tema se propone revisar la Ley Indígena. Propone volver a la definición de “indígena”, “denunciar el Convenio 169 de la OIT”, impulsar la utilización de “agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos” y en casos de alta connotación pública obligar a “optar por tribunales alejados geográficamente de la zona de conflicto”.

Además, plantea reformar la Ley Antiterrorista, que la Agencia Nacional de Inteligencia sea integrada por especialistas de “las tres ramas de la FF. AA., de Carabineros y la PDI”, y en paralelo crear un “Fondo de Reparación de las Víctimas de la Violencia”.

A todo lo anterior se suman 24 propuestas sobre educación, 22 de emprendimiento, 19 sobre defensa nacional, 18 de regionalización, 13 en política exterior y 12 sobre paz social.

Hay 10 planteamientos sobre inmigración, ítem que pone fin al documento. Allí se propone “crear una unidad especializada de la Policía de Investigaciones que replique el modelo de la unidad de Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales”.

Revise el programa completo de José Antonio Kast: