Hernán Larraín: el TC “es una institución muy adecuada al Estado de Derecho democrático”

El exsenador habla como especialista en derecho constitucional, pues plantea que, como ministro de Justicia, “no queremos interferir en las decisiones de la Convención”.

En la Convención Constitucional ya comenzó el debate de las grandes ideas que después se transformarán en artículos de la propuesta de nueva Constitución. Entre los temas más discutidos en las últimas semanas ha surgido uno de amplia atención entre abogados: el futuro del Tribunal Constitucional (TC).

En la Comisión de Sistemas de Justicia, una mayoría hasta ahora parece inclinada a la supresión del Tribunal Constitucional. Al menos, tal como hasta ahora se le conoce. Las voces de especialistas, como la de la expresidente del propio TC Marisol Peña, han expresado su preocupación dada la relevancia de la entidad en el control constitucional del sistema jurídico chileno.

La abogada Marisol Peña no está sola.

Hernán Larraín Fernández, exsenador y quien ha sido profesor de derecho constitucional, también cree que esa materia requiere de un análisis profundo. Lo dice como especialista del derecho constitucional, advierte, dado que como ministro de Justicia no quiere dar ninguna impresión de que habla a nombre del Gobierno.

“Me cuesta hablar de estos temas”, reconoce en entrevista con Pauta Final, de Radio PAUTA: “Como Gobierno no queremos interferir en las decisiones de la Convención ya que esta tiene su camino, comisiones, forma de trabajo. No hemos sido consultados sobre estas materias, por lo que lo prudente es dejar que la convención reflexione y tome sus decisiones”.

Por qué existen los tribunales constitucionales

Como experto en la materia, sin embargo, Hernán Larraín considera que debe haber una entidad que haga revisiones sobre constitucionalidad.

“Solo puedo decir, como profesor de derecho constitucional, que en el desarrollo constitucional moderno, por la década del 60, aparecieron los tribunales constitucionales, principalmente en Europa, y se fueron extendiendo a la mayor parte de los países democráticos del mundo”, comienza.

“Me parece que es una institución muy adecuada al Estado de Derecho democrático contemporáneo”, afirma: “Sobre su forma y composición no hay dos modelos. Piense que Estados Unidos no tiene un TC, pero allá la Corte Suprema funciona como si lo fuera, porque cada Estado tiene su sistema judicial con su propia Corte Suprema que ve los problemas de última instancia en el estado respectivo”.

La Corte Suprema de Estados Unidos “ve los temas constitucionales como una especie de TC. Cada uno tiene su sistema y mecanismos. Los países han definido un camino. La Convención Constitucional deberá reflexionar, ver qué es mejor para Chile y las experiencias”, plantea.

Recuerda que el TC de Chile fue creado “durante el gobierno de Salvador Allende. En la reforma del 2005 cambió radicalmente su composición y atribuciones. Hasta en Chile tenemos modelos diferentes de TC”.

Y entonces enfatiza: “La palabra la tiene la Convención y nosotros no interferimos en sus decisiones”.

Agrega para dar contexto: “Yo lo que quiero decir, desde el punto de vista del derecho constitucional comparado contemporáneo: la tendencia es a tener tribunales constitucionales sin tener una sola fisonomía, estructura orgánica y eso es lo que tiene que decidir la Convención Constitucional. Yo no quiero pautear a la Convención, no me parece que el ministro de Justicia o el Gobierno deba decirle a la Convención cómo debe hacer las cosas. Pero, si nos pregunta la Convención nuestra opinión, encantado se la vamos a dar. Pero no quiero aparecer presionando en forma indebida un trabajo que yo valoro mucho y espero que lo hagan bien”.

La renovación automática de las cédulas de identidad

Entre las imágenes que han dejado las ciudades en las últimas semanas hay varias que muestran largas filas afuera del Registro Civil. En buena medida corresponde a la demanda por la renovación de los carnés de identidad.

Ante ese problema, el Gobierno resolvió una renovación automática. “Cuando se produce la pandemia y nos dicen no se muevan de sus casas, las oficinas ya no pueden atender público. Se empieza a producir una situación complicada, porque la gente empieza a renovar sus cédulas de identidad en una cifra del orden de los 200 mil, 220 mil al mes”, recuerda.

Prosigue: “Tan pronto avanzó la pandemia, se decidió el año 2020 extender la cédula de identidad por un año. En 2021 el problema seguía, por lo que decidimos prorrogar la vigencia de las cédulas al 31 de diciembre. Todas las cédulas que no se renovaron, es decir las vencidas del 2020 al 2021, vencen el 31 de diciembre”.

La natural congestión, reflejada en las filas, motivó un nuevo cambio. “Quedaron en el orden de 1 millón 400 mil pendientes que al 31 de diciembre no se iban a alcanzar a prorrogar. No podíamos seguir postergando por varios meses, por lo que decidimos hacer un cambio de régimen, manteniendo el sistema de agendamiento, pero hacer una prórroga en el tiempo de otra naturaleza para tranquilizar a la gente sobre la validez de sus documentos, y también por el propio Registro porque esta saturación de personas impacta en la buena calidad de atención”.

Ante ello, “lo que decidimos es que todas las cédulas que vencieron el año 2020 al 2021 se van a prorrogar a partir del 1 de marzo en adelante. Si yo tengo una cédula de identidad cuya fecha de vencimiento sea el 2020 o 2021, es entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre, se prorroga su vigencia hasta el mismo día de su vencimiento entre esas fechas. Por ejemplo, si yo tengo una cédula que vence el 27 de abril del 2020 o 2021, ahora quedó prorrogada al 27 de abril del 2022″. 

Revise la entrevista completa con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en Pauta Fiinal