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El interregno presidencial chileno

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Agencia Uno (archivo)/PAUTA
POR Eduardo Olivares |

Chile tiene uno de los plazos más dilatados para la transmisión del poder. La constitución del nuevo Congreso se producirá 110 días después de su elección.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) y la licitación de litio han sido dos de los asuntos donde han chocado los intereses del Presidente actual y del electo. No se trata de un hecho nuevo en la política chilena. Siempre hay tensión entre el futuro gobierno, que no desea que limiten su campo de maniobra con compromisos adquiridos, y el gobierno presente que, con la legalidad en la mano, sabe que puede y debe continuar gestionando hasta la transmisión del mando.

Pero desde hace tiempo, los traspasos del poder en Chile se vienen enrareciendo, fruto de la decadencia de la institucionalidad y la pérdida de la amistad cívica. En 2017, el gobierno de Michelle Bachelet llegó a modificar la agenda legislativa para favorecer electoralmente a su candidato. Aceleró la tramitación de la reforma de las pensiones y retrasó la norma del matrimonio igualitario, pensando que así tendría mejor resultado.

Y en los últimos días de su mandato, la expresidenta se quiso poner al día con todo lo que había procrastinado y hasta envió un proyecto integral de reforma de la Constitución. No tuvo tiempo, sin embargo, de ocuparse de la grave crisis que afectaba a Carabineros de Chile, tras descubrirse el fraude de la ‘Operación Huracán’ y el caso ‘Pacogate’. Ambos exigían dimisiones del más alto nivel que tuvo que reclamar el gobierno siguiente.

Todo esto incide en un asunto que los avances tecnológicos han puesto de manifiesto en Chile desde hace mucho tiempo: los enormes plazos que median entre la expresión de la voluntad popular y la investidura de las nuevas autoridades.

Los plazos para la toma de posesión de un Presidente o de un Parlamento son muy variables. En Francia, una república semipresidencialista, solo pasaron siete días entre la elección de Emmanuel Macron y su toma de posesión como presidente en mayo de 2017. En cambio, en Estados Unidos, que tiene una de las constituciones escritas más antiguas del mundo, entre la elección de un presidente y su investidura median entre 72 y 78 días, un resabio de cuando el país se desplazaba a caballo. Sin embargo, el Congreso de EE. UU., que también es elegido el primer martes que sigue al primer lunes de noviembre queda constituido el 3 de enero, unos 55 días después, y comienza sus trabajos desde ese momento.

En Rusia, otra república semipresidencial con una Constitución moderna, el nuevo presidente toma posesión del cargo 30 días después de su elección, plazo más que razonable. En los sistemas parlamentarios, la elección del jefe de gobierno es variable y depende de la formación de las mayorías parlamentarias.

Chile tiene uno de los plazos más dilatados para un sistema presidencial. La toma de posesión del nuevo Congreso se producirá 110 días después de su elección. En 2018 transcurrieron 112 días. El Presidente Gabriel Boric será investido 82 días después de la segunda vuelta electoral. En 2018 fueron 84 días.

Se trata de un interregno extraordinariamente largo para lo que requiere la modernidad. Para convertirse en un período virtuoso y no vicioso se necesitaría una idea muy generosa de la política. Debería crearse un equilibrio no escrito entre la autolimitación del derecho a gobernar hasta el último día del Mandatario saliente, el derecho de las Cámaras a legislar hasta que termina su periodo, y el veredicto de las urnas que encarna el nuevo Presidente. Por eso, no tenía asidero lógico, después de constatar que ha sido imposible generar un amplio consenso político y técnico en torno a las pensiones durante muchos años, insistir en llevar medidas relacionadas con estas en el último momento.

La Convención Constitucional tiene la posibilidad de restituir nuestra antigua mecánica de traspasos (votación el 4 de septiembre y toma de posesión 60 días después), que ya era bastante holgada o introducir una nueva, con plazos más breves, para corregir esta anomalía.

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