Paridad, nombramientos, TC: las propuestas constitucionales que discutirá la Comisión de Justicia

Doce propuestas de norma han ingresado a la instancia especializada de la Convención Constitucional, pero hay plazo hasta el 1 de febrero para sumar otras.

La votación de normas en la Convención Constitucional se acerca y las comisiones ya se encuentran discutiendo su contenido. Hasta el 1 de febrero los constituyentes puden ingresar iniciativas de norma y según indicó la presidenta de órgano, María Elisa Quinteros (MSC), hasta la fecha hay 98 presentadas y derivadas a las respectivas comisiones para comenzar su tramitación. 

La de Principios Constitucionales encabeza la lista con 43 iniciativas, le sigue Derechos Fundamentales con 22 y Sistema de Justicia con 12. PAUTA analizó las propuestas de norma que hasta el momento han sido ingresadas a esta última instancia. 

Colectivo Socialista: un Consejo de la Judicatura

“Modernizar el Poder Judicial, garantizando una administración de justicia independiente, imparcial y oportuna” es el objetivo de la iniciativa propuesta por los convencionales del Colectivo Socialista.

Según explica el constituyente Andrés Cruz, esta norma busca establecer el principio de unidad jurisdiccional, donde “tanto los tribunales ordinarios de justicia como todos los especiales estén sujetos a la misma regulación jurídica y sometidos a los mismos principios”. 

La norma también hace alusión al pluralismo jurídico, con el objeto de “reconocer el derecho indígena”. También aborda la necesidad de una “justicia abierta” basada en principios de transparencia, participación y colaboración, “con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia”.

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Una de las propuestas centrales es crear un Consejo de la Judicatura, orientado a fortalecer la independencia judicial. Se trata de un órgano autónomo, colegiado y paritario, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará integrado por 19 miembros y encabezado por el presidente de la Corte Suprema.

Otro elemento novedoso en relación a la actual Constitución son los Tribunales de Justicia Comunales, que ejercerán la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal y que afecten la convivenci social, conforme a un procedimiento breve, sencillo y expedito.

Eliminar el Tribunal Constitucional 

Esta norma titulada Justicia Constitucional fue suscrita por 16 convencionales: 13 del Frente Amplio, dos de Movimientos Sociales Independientes (MSC), uno de Independientes No Neutrales (INN) y uno de Apruebo Dignidad.

“El cuestionamiento más significativo a la doctrina del Tribunal Constitucional es la de considerarlo como una tercera cámara legislativa”, indica el documento. Propone que no exista un órgano especialoizado en el control de la constitucionalidad, lo que no implica que dicho control desaparezca ya que quedaría en manos de la Corte Suprema.

Según dijo el constituyente Mauricio Daza (INN) “se trata de un rediseño basado en diversos sistemas en el mundo, especialmente en el que se utiliza en Canadá”.

Durante la presentación de la norma, el constituyente Christian Viera (Ind-FA) precisó que en la propuesta ingresada “desaparece el control preventivo, que es el control que se realiza antes que la ley sea promulgada. En ese tipo de control, el TC (…) se transformó en un legislador negativo”.  

Integración paritaria de la Corte Suprema

Función jurisdiccional se denomina es la propuesta de norma presentada por 14 convencionales del Frente Amplio. Plantea que los Tribunales de Justicia son independientes de todo otro poder o autoridad del Estado, “que por mandato expreso no puede ejercer en caso alguno ningún tipo de funciones jurisdiccionales”.

Propone que los tribunales “sean independientes entre sí” y que se distingan únicamente por las funciones que a cada cual se les encomiende. “Se acaba entonces la jerarquización entre los diversos Tribunales de Justicia, herencia monárquica muy arraigada al interior de la función jurisdiccional”, indica la iniciativa. 

Se agrega que una “novedad relevante” es aquella que modificaría la actual configuración de la Corte Suprema mediante una integración paritaria de ese órgano. También se menciona la creación de un Consejo Nacional de la Jurisdicción , que “elimine el protagonismo del poder político partidista en la designación de los jueces y juezas“. 

También se señala la creación de los Tribunales Administrativos, que podrán conocer las reclamaciones dirigidas contra la administración del Estado. Según se describe, orgánicamente estos órganos serán el resultado de la fusión entre Tribunales Ambientales, Tribunales Tributarios y Aduaneros, Tribunal de Cuentas y Tribunal de Compras Públicas.

Consejo Supremo de Justicia 

Los patrocinantes de esta iniciativa son de los colectivos Independientes No Neutrales (INN), Escaños Reservados, Apruebo Dignidad, Movimientos Sociales Constituyentes e independientes. 

Su planteamiento se enfoca en promover un Consejo Supremo de Justicia como un organismo autónomo, independiente, colegiado, técnico, paritario y plurinacional, “que se encargará del gobierno y la administración del sistema nacional de Justicia y sus órganos”. 

Entre sus funciones se establece la selección, nombramiento, destino, traslado, perfeccionamiento, profesionalización y promoción de juezas y jueces de todos los Tribunales de Justicia. También cumpliría esa función en el caso del Fiscal Nacional y fiscales regionales del Ministerio Público, del Defensor Penal Público Nacional y defensores penales públicos regionales, así como también respecto de los demás cargos que la Constitución o la ley establezcan.

Este Consejo Supremo de Justicia está compuesto por veintiún integrantes, quienes durarán seis años en sus cargos sin reelección, y tomarán sus decisiones mediante acuerdos adoptados por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

El abogado y constituyente Mauricio Daza afirmó que la propuesta apunta a que este organismo se haga cargo de la gestión financiera y del control disciplinario de lo que hoy es el Poder Judicial, “de manera tal de garantizar que los jueces solo se dediquen a aquello que corresponde a su función, que es conocer y fallar casos”.

Defensoría Penal autónoma

El Colectivo del Apruebo ingresó una iniciativa de norma para que en la nueva Constitución, la Defensoría Penal Pública quede establecido como órgano autónomo y con personalidad jurídica, encargado de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado en la forma prevista por la ley.  Su organización y atribuciones serán determinadas por una ley orgánica. 

El convencional de ese colectivo, Felipe Harboe, explica que “la defensoría cumple un rol fundamental que tiene que ver con la defensa de los imputados”. Enfatiza de este modo se asegura “el ejercicio democrático del derecho que tiene toda persona, a la cual se le acusa de algo, a ser defendida cuando no tiene los recursos para defenderse por sí misma”.

Sus impulsores indican que el hecho que la Defensoría tenga un rango constitucional le da cierta independencia, que la pone en igualdad de condiciones con el  Ministerio Público, “lo que generará una competencia justa que mejorará la calidad de los procesos penales”.

La derecha y sus propuestas

Un grupo de convencionales de la UDI y Republicanos ingresaron una propuesta de norma que busca implementar un sistema de control de mérito, cuya finalidad es la “ejecución efectiva del gasto y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, debiendo examinar la efectiva consecución de los objetivos predefinidos y perseguidos y su recta ejecución”. 

Otra de las iniciativas ingresadas por convencionales UDI busca l creación de un Consejo de Defensa del Ciudadano (Codec), el cual estará “encargado de proteger a las personas contra los abusos o incumplimientos de los órganos y/o funcionarios de la Administración del Estado que puedan afectar sus garantías y/o derechos fundamentales”.

Miembros del Colectivo Independiente RN-Evópoli presentaron otra norma  que resalta el principio la independencia de los jueces respecto de todo otro poder o autoridad (independencia externa) y entre los propios miembros de la rama judicial (independencia interna).

Este documento también garantiza la “tutela judicial efectiva y el debido proceso”. Se incluye un mandato al legislador para crear un servicio público que reemplace la actual Corporación de Asistencia Judicial y le permita contar con equipos profesionales. Y añade que “toda clase de tribunales, sean ordinarios o especiales, deben estar sometidos a los mismos principios”. 

Eliminación de la jerarquía entre jueces y juezas

Pueblo Constituyente y Escaños Reservados ingresaron una propuesta de norma que se centra en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que plantean debe enmarcarse en el pluralismo jurídico reconocido por el Estado y sustentarse “en los principios de unidad, independencia interna y externa, imparcialidad, probidad, publicidad, celeridad, plurinacionalidad, interculturalidad, equidad de género, accesibilidad y responsabilidad”.

Detalla que esta potestad se organizará en virtud del principio de diferenciación funcional, por el cual las juezas y jueces “se distinguirán entre sí únicamente por la diversidad de sus funciones asignadas por esta Constitución y las leyes”. Añade que “en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no existirán jerarquías, ni jueces o tribunales superiores e inferiores”.