Convención: hay apoyo para dividir Chile en regiones autónomas y reconocer un maritorio

La Comisión de Forma de Estado comenzará esta semana a votar en general las primeras iniciativas de norma sobre la organización y la división político-administrativa del país.

En las dependencias del Congreso de Santiago es difícil encontrarse con integrantes de la Comisión de Forma de Estado. No precisamente porque no estén trabajando, sino porque la mayor parte del tiempo se encuentran sesionando en alguna de las otras 15 regiones del país.

Se trata de un espacio integrado por 25 miembros, todos de regiones distintas a la Metropolitana. Una demanda compartida no solo entre los integrantes de la comisión, sino que en todo el órgano, es que la nueva Constitución debe avanzar hacia una mayor descentralización. Aunque la manera de aproximarse a esto es diferente entre los convencionales.

El grupo coordinado por Jennifer Mella (FA) y Adolfo Millabur (Mapuche) ya comenzó la deliberación de algunas propuestas. Por un lado, apuntan a los temas más “macro”, como la forma y la estructura organizacional del Estado; por el otro, a lo más micro, como es el estatuto de chilenos residentes en el exterior.

En ese contexto, esta será la comisión que deberá definir si Chile se mantiene en un modelo unitario centralista, si pasará a un modelo unitario regional o a organizarse en estados federales.

Según las propuestas ingresadas y lo que comentan los propios convencionales de la comisión, una forma de Estado federal ya estaría descartada. Las iniciativas se mueven entre un Estado unitario y uno regional, siendo este último el que tiene mayor adhesión. Otra de las propuestas que se consideraron en algún momento fue establecer tres macrorregiones: norte, centro y sur; tampoco tendría apoyo suficiente. 

Un Estado unitario con cambios

Ante la poca adhesión que generó establecer un Estado Federal, los integrantes de la Comisión de Forma de Estado ingresaron una serie de propuestas que por un lado, se inclinan por un Estado unitario, y por otro, uno regional.

El primer concepto es apoyado por el grupo de convencionales de la derecha, quienes ingresaron una iniciativa referida a establecer un Estado unitario. Entre cosas, propone: “El Gobierno central será funcional y territorialmente descentralizado, o desconcentrado, en su caso, de conformidad a la Constitución y las leyes”. 

Según explica Harry Jurgensen (RN), uno de los autores de la norma, “nuestro país no tiene historia política, ni característica territorial y menos sustento social y estudios serios que permitan pensar en un Estado federal y tampoco en un Estado regional, similar al federal”. En ese sentido, agrega que esta propuesta busca “avanzar fuertemente para potenciar las decisiones locales y regionales, pero ello pasa por más competencias, más autonomía y más recursos regionales, pero a la vez con mayor eficiencia y aplicación del control de mérito a la inversión pública”.

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Si bien la Constitución actual establece que Chile es un Estado unitario, un modelo que se caracteriza por tener un único centro desde el que se impulsa el poder político. Sin embargo, Jurgensen comenta que en esta propuesta “la gran diferencia estará que ahora pretendemos consagrar el principio de Subsidiariedad Territorial, priorizando el nivel local por sobre el regional, y el regional por sobre el nacional en la función pública”.

Asimismo, el convencional RN agrega que “la diferencia no estará estrictamente en la forma de estado, en cuanto a conservar su unidad, sino que en los principios constitucionales de descentralización: diferenciación territorial y prohibición de tutela para impedir que el gobierno central siga decidiendo sobre las competencias regionales y locales”.

En concreto, la norma establece que “los órganos del Estado y la ley deberán velar por que cada función pública sólo y únicamente, sin duplicidad, se radique en el nivel de gobierno donde ésta se ejerza con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional. Sólo aquellas funciones que por su naturaleza no puedan ser asumidas por los gobiernos locales o regionales, deben recaer en la competencia del gobierno central”.

La opción mayoritaria por un Estado regional

Tal como lo adelantó PAUTA en su especial Anticipo de la Convención, existe mayor consenso por fijar un Estado regional. Al menos en ese sentido se ingresó la propuesta apoyada por INN, MSC, FA, Col. Socialista, Pueblo Constituyente y Chile Digno, donde se establece que “Chile es un Estado regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.

La iniciativa parte de un diagnóstico donde se critica la falta de descentralización que se ha generado a partir del Estado unitario en Chile. Al respecto, Claudio Gómez (Col. Socialista) sostiene que “el Estado unitario, que ha sido consagrado en las Constituciones de 1833, 1925 y 1980, está agotado, a pesar de las políticas públicas tendientes a descentralizar este sistema”. 

Para efectos prácticos, la iniciativa propone que el Estado se organice territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Según explica Tammy Pustilnick (INN), esto implica que “en el caso de las regiones autónomas, para lograr que estos diferentes núcleos políticos puedan tener una autonomía real, se propone la existencia de un órgano regional con potestades legislativas para, por ejemplo, crear impuestos regionales“.

Asimismo, Pustilnick agrega que esto “significa también reconocer la autonomía financiera de dichas entidades para sus ingresos y gastos, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario y endeudamiento, entre otros criterios”.

La iniciativa, que incluye dos artículos, no se refiere directamente a las competencias de cada órgano, sino que es más bien un acercamiento general a la forma de Estado regional. Sin embargo, este martes 18 de octubre Amaya Álvez (FA) expuso la iniciativa en la comisión.

En la instancia detalló algunos de los alcances de la norma, que entre otras cosas establece: “Las regiones autónomas y las comunas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo como límite sólo el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

En ese sentido, Álvez comentó que la autonomía implica que las regiones tengan competencia legislativa: “No es que sean soberanas, sino que tienen competencias que les permiten crear sus propias normas”.

Proponen la existencia de “Asambleas Regionales”, que según señala Gómez, “podrán dictar normas de relevancia para la región dentro del marco que le autorice la Constitución”. 

En concreto, Álvez explicó en su presentación que las entidades autónomas no gozarían de autonomía constitucional; es decir, no tendrían potestad de crear sus propias Constituciones y solo podrán referirse a materias territoriales. Esto implica que sigue existiendo un Congreso Nacional. 

Quienes también se inclinan por establecer un Estado regional son los convencionales de Pueblos Originarios, que ingresaron una norma donde se instaura que “Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas. El Estado de Chile se organiza territorialmente en comunas, regiones autónomas, territorios autónomos indígenas, territorios insulares y territorios especiales”.

La diferencia con la propuesta anterior radica principalmente en los conceptos “plurinacional” e “intercultural”. Así lo explicaron Wilfredo Bacián (Quechua), Tiare Aguilera (Rapanui), Eric Chinga (Diaguita) y Adolfo Millabur (Mapuche), quienes presentaron la iniciativa ante la comisión. 

En su exposición sostuvieron que la iniciativa “no busca poner en riesgo la integridad del Estado al cual pertenecen”, ya que la autonomía tiene sus límites dentro del Estado. Al respecto, Aguilera comentó que “la autonomía, el derecho a la libre determinación, plurilingüismo, reconocimiento de autoridades tradicionales, son súper importante de plasmar no solamente en una dimensión política y jurídica, sino que en una dimensión institucional”.

Asimismo, agregó que “la incorporación del concepto de plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado regional es crucial para que esta institucional plasmada a través de la autonomía territorial indígena, tenga una practicidad y pueda dialogar con las distintas instituciones que vamos a crear para el efecto”.

Además, se propone que los organismos regionales incorporen principios de interculturalidad y plurinacionalidad, así como asegurar la integración de los pueblos originarios.

Consenso por establecer un “maritorio”

Desde la UDI hasta los Pueblos Originarios, existe una iniciativa transversal para consagrar un nuevo concepto en la Constitución: el “maritorio”. Se refiere a otorgarle categoría jurídica al área marítima de Chile. 

La propuesta de la UDI fija en la nueva Carta Magna que el “Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica, que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico”.

Entre los fundamentos de la propuesta, se señala que “se debe entender el maritorio como una categoría jurídica específica que, al igual que el territorio, amerita contar con una institucionalización y marcos regulatorios propios, que reconociendo sus características singulares en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico, establezca bajo la impronta de equidad y justicia con el territorio, los mecanismos normativos y administrativas que cautelen adecuadamente el desarrollo integral de sus habitantes y la protección del maritorio”.

La otra propuesta relacionada con el reconocimiento del maritorio apunta de manera más específica a la configuración de esta área. En particular, la propuesta apoyada por MSC, Col. Socialista, FA, INN, Pueblo Constituyente y Pueblos Originario establece: “El maritorio, como parte del territorio, está integrado por los ecosistemas marinos y marino-costeros continentales, insulares y antárticos, y abarca la zona costera, aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y, en general, el litoral. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el maritorio en los términos, extensión y condiciones que determina el derecho internacional y la ley”.

Además, la propuesta incluye un inciso donde se indica que es deber del Estado “proteger el maritorio, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a él, y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado y descentralizado basado en la equidad y justicia territorial”.