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Comisión de M. Ambiente y Modelo Económico de la Convención discute primeras normas

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Felipe Rojas, PAUTA
POR Sofia del |

Nacionalización de la gran minería y derecho a la soberanía alimentaria son algunas de las iniciativas de norma que tendrán que discutir esta comisión.

La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención tiene programado comenzar a deliberar y votar en general las propuestas de normas convencionales, tanto aquellas de los constituyentes como las que fueron ingresadas por la ciudadanía y alcanzaron los requisitos (IPN). El cronograma indica que las primeras definiciones parten este jueves 20 de enero.

“Garantizar y proteger la atmósfera”, “cargas a los ciudadanos y deber del Estado a proteger el medioambiente”, “derechos de los pueblos y naciones a la tierra, recursos y bienes naturales”, “derecho al acceso a la montaña” y “derecho a la soberanía alimentaria” son las cinco normas que están en tabla para la sesión. 

A la fecha, son más de 15 las iniciativas que la Comisión deberá debatir y posteriormente someter a votación. Los convencionales que más han patrocinado normas son Gloria Alvarado (MSC), Alvin Saldaña (MSC), Carolina Vilches (MSC) y Rocío Cantuarias (Chile Libre).

Preservación y protección ambiental

“Acceso a la montaña y uso de senderos ancestrales” fue una de las primeras normas ingresadas a la comisión por parte de miembros de los colectivos Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Frente Amplio y escaños reservados. 

“Presentamos esta norma para que sea obligación del Estado garantizar el derecho de acceso a la montaña y el uso de senderos ancestrales, y velar prioritariamente por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña, resguardando el patrimonio natural, las funciones ecosistémicas y la cultura de las comunidades pertenecientes al territorio”, señalaron durante la presentación de esta iniciativa. 

Otra de las propuestas que hace referencia al medioambiente busca garantizar y proteger la atmósfera como bien común. Los colectivos que impulsan esta norma son Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Chile Digno. 

“El Estado reconoce a la atmósfera, dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia, como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado” indica el artículo propuesto. 

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La norma “Sobre protección al bosque nativo” también se refiere a que “es deber del Estado proteger, preservar, conservar, regenerar y monitorear los bosques nativos, su biodiversidad y el conjunto de funciones ecosistémicas, especialmente de los más amenazados”. 

Esta iniciativa, suscrita por convencionales de los colectivos Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y Chile Digno, busca que “se diseñarán, establecerán y ejecutarán instrumentos para la protección, preservación, conservación, regeneración y monitoreo del bosque nativo, asegurando la participación de las comunidades”. 

En cuanto a los convencionales de la UDI y Partido Republicano, presentaron una norma que buscar establecer el principio gneral de protección del medioambiente. “Es deber de todos los habitantes del territorio nacional y del Estado proteger el medioambiente y promover el desarrollo sostenible, asegurando la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”, se lee en el documento presentado. 

Los convencionales de derecha también ingresaron una propuesta de norma para “establecer cargas a los ciudadanos y deber del Estado a conservar el medio ambiente”. 

Bienes naturales estratégicos 

A través de una norma ingresada por convencionales de la Coordinadora Plurinacional, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente se busca establecer el estatuto constitucional de los bienes naturales estratégicos.

Titulada “Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre,
Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”, promueve que el Estado, en representación de los pueblos de Chile, “tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.”

Animales en la Constitución

La Iniciativa Popular de Norma “#Nosonmuebles-Incorporación de los animales a la Constitución”, alcanzó las 15 mil firmas y será discutida en esta Comisión. 

A través de esta norma, se busca “el reconocimiento de los Animales No Humanos (ANH) como “seres sintientes” a partir del interés de las y los ciudadanos a través de un principio constitucional de protección conllevaría la debida protección de los intereses y las necesidades de los ANH por parte del Estado”.

En el artículado propuesto se lee que “existirá un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico, que fomentará el resguardo, protección y promoción del bienestar de todos los animales. Una ley determinará la composición, organización, funciones y atribuciones de dicho organismo”. 

Soberanía alimentaria 

Otras de las materias que tendrá que abordar la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Económico es la propuesta de norma “Reconoce el derecho a la soberanía alimentaria”, la que fue respaldada por constituyentes de Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente. 

“La soberanía alimentaria es el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país”, dice el primer artículo de esta propuesta de norma. 

Para fundamentar esta iniciativa, entre otros argumentos, los convencionales aluden a los altos índices de sobrepeso y obesidad en Chile, lo que “se ve agravado en los sectores más pobres de la población, donde se presentan mayores dificultades en el acceso a alimentos sanos y nutritivos, primando la oferta de alimentos perjudiciales para la salud”.

“Así vemos cómo a pesar de sus condiciones geográficas y agroclimáticas, Chile se ha hecho cada vez más dependiente de la importación de alimentos fundamentales que antes producía (…) Esta crítica situación alimentaria del país dice directa relación con la con la falta de apoyo y acceso a medios de parte de quienes producen y recolectan a pequeña y mediana escala para el consumo interno”, indican.

Futuro de la minería 

Uno de los temas que más interés genera a nivel nacional sobre el proceso constituyente es el futuro de la minería en el país. Esto, debido a que el sector minero representa un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un 53% de las exportaciones, 14% de la inversión total y un 8% de empleo. 

Un grupo de convencionales de la UDI ingresaron una propuesta de norma denominada “Establece el estatuto constitucional de la minería”. En primer lugar, dice que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Pero a continuación, se indica “lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”. 

Se busca plasmar la importancia de “reconocer el derecho de propiedad de las personas sobre los terrenos, así como también el derecho de propiedad sobre las concesiones que se otorguen al efecto”. Por lo tanto, se habla de “consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado”. 

Pero la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que busca nacionalizar las empresas de “la gran minería”, cobre, litio y oro, propone lo contrario a la inicativa constituyente recién expuesta, y ha recibido el apoyo expreso a de algunos convencionales. 

Esta norma que alcanzó los requisitos para ser discutida en la Convención Constitucional, plantea la posibilidad de que “todas las grandes empresas mineras estén en manos del Estado, porque así vamos a recibir los recursos necesarios para resolver las necesidades sociales en nuestro país”.

“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas mineras de la Gran Minería, consideradas como tal las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas de mineral en cualquierade sus formas, la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes”, explica el articulado propuesto. 

Actividad económica, libre iniciativa y defensoría de Mipymes

Otro asunto que es materia de discusión de esta comisión es el modelo económico que regirá al país. Para este tema, los convencionales de la Vamos por Chile (derecha) han ingresado propuestas de normas para consagrar el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial y promover la libre competencia. 

“La República de Chile reconoce y garantiza la Libertad Económica y la Libre Competencia. El Estado deberá regular materias económicas, con la finalidad última de promover un crecimiento equitativo y sustentable” dice el articulado propuesto. 

También buscan consagrar “el derecho cualquier actividad económica y regula el rol del estado empresario”, estableciendo “el derecho a desarrollar libremente cualquiera actividad económica, respetando la Constitución, las leyes y demás normas que la regulen en ejecución de la ley”.

Asimismo, la norma busca que el “Estado y sus organismos puedan desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio lo autoriza, debiendo dicha ley definir en cada caso con precisión el giro autorizado”.

Un grupo de convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente presentaron una norma que indica que “el Estado debe velar por el desarrollo y protección de la micro, pequeñas y medianas empresas mediante la creación de la “Defensoría de las Mipymes”, la cual tiene por objetivo velar y defender los intereses de las empresas de menor tamaño en los ámbitos, legales, financieros, económicos, tecnológicos, laborales y tributarios.

Se busca así fortalecer mediante la ejecución de planes y programas “el Rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes”, promoviendo su participación en las instancias nacionales e internacionales relativas al comercio, el trabajo, el medio ambiente, entre otras.