Mario Marcel en Hacienda es el fichaje más potente de Boric
Con capacidades probadas para el cargo y la confianza del mundo económico local y de inversionistas internacionales, el ahora expresidente del Banco Central tiene una compleja tarea por delante.
¿Quién llega?
En la expectativa de quien ocuparía la cartera de Hacienda habían tres cosas claras: se necesitaba un economista con pleno manejo de la macroeconomía, capaz de generar confianza en el mundo económico y a los inversionistas internacionales, por lo que sería alguien externo a la coalición gobernante.
La designación de Mario Marcel (62) cumple con esos principios y constituirá la mejor noticia para los mercados y el mundo económico, porque se trata de un economista que da garantías que las transformaciones que plantea el futuro gobierno se realizarán de modo gradual, sostenible y no disruptivo. Así lo confirmará la esperada fuerte alza del IPSA en la sesión del lunes y también la apreciación que ha estado viviendo el peso (baja del dólar a nivel local) desde que su opción salió a la luz.
Como presidente del Banco Central desde 2016 y recién ratificado para un nuevo periodo al mando de esa entidad, el economista de la Universidad de Chile tenía por delante otros cinco años desafiantes, pero en un trabajo ya conocido. El salto a Hacienda le permite “sacarse una espina” que tendría desde que en 2006 la expresidenta Michelle Bachelet optó por Andrés Velasco para esa cartera.
Marcel fue designado en 2016 como presidente del Banco Central, desde donde lideró primero medidas para calmar el nerviosismo de los inversionistas en la crisis social de 2019 y luego comenzó una agresiva rebaja de tasas y medidas excepcionales con la llegada de la pandemia. Más tarde, Marcel sinceró en el Congreso los efectos financieros adversos de los retiros desde las AFP y las medidas que debía adoptar el BC para contenerlos. También advirtió que la peor pesadilla de un banquero central, la inflación, volvería a ser una amenaza. Todo esto en medio de un proceso de modernización de la entidad, buscando conectar con nuevos públicos e incursionar en temas emergentes como cambio climático y equidad de género.
Ha tenido una extensa trayectoria en el gobierno desde la recuperación de la democracia, entre ellos fue director ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego director de la Dirección de Presupuestos, liderando importantes avances en la la conducción de la política fiscal, entre ellos la regla de balance estructural que guía la política fiscal.
En la primera administración de la expresidenta Bachelet lideró una comisión técnica transversal que propuso cambios al sistema previsional, que fueron aprobados con celeridad en el Congreso. El más relevante de ellos fue la creación del pilar solidario para quienes no tienen ahorros para jubilar o solo logran pensiones mínimas.
En 2008 inició una carrera internacional que lo llevó a la gerencia del Departamento de Capacidad Institucional y Finanzas del BID en Estados Unidos y luego a París, Francia, donde asumió como subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2014 pasó al Banco Mundial como director de la Práctica Global de Buen Gobierno.
Principales prioridades
Su principal desafío será conducir la política económica y fiscal en un escenario con una expansión estimada entre 1,5% y 2,5% del PIB, con algunos trimestres negativos, un retroceso del consumo y de la inversión, y una inflación creciente.
Tal como lo dijo insistentemente desde el Banco Central, el principal riesgo será mantener una política fiscal que contribuya a reducir los desequilibrios existentes. Es decir, sin transferencias ni estímulos adicionales que le echen más leña al fuego de una economía recalentada y con alta inflación. Esto implica ajustarse al Presupuesto 2022 y fijar una ruta creíble para reducir el déficit estructural de 3,9% del PIB proyectado para 2022, formalizándolo en un decreto a emitir a más tardar en julio.
Complementariamente, debe hacer todo lo que todo ministro de Hacienda hace: priorizar ante recursos siempre escasos. Esto también implica definir la gradualidad de reformas, como la tributaria que incluye royalty minero y nuevos impuestos a la riqueza, que pueden postergar la inversión pero que es clave para financiar un programa que cuesta unos US$12.500 millones. También tratar promesas de campaña como eliminar el CAE, reducir la jornada laboral a 40 horas y elevar gradualmente el sueldo mínimo a $500 mil, entre otras.