Gabriel Osorio categórico sobre los plazos de la Convención: “Deben terminar antes del 4 de julio”

Los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio analizan las polémicas normas aprobadas en general por la Comisión de Medio Ambiente sobre nacionalización de bienes estratégicos, entre otras.

Esta semana renunció la directora de Comunicaciones de la Convención Constitucional, Lorena Penjean. Una de las principales razones que ha entregado para dejar el cargo es que no tenía el apoyo suficiente de la Mesa Directiva y en particular de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, acerca de cómo debía abordarse el plan comunicacional en general y la falta de presupuesto para la Consulta Indígena en ese ítem.

El exmiembro de la Mesa Técnica Constitucional y académico de las universidades Central y Andrés Bello, Gabriel Osorio, señala que existe un desconocimiento por la mayor parte de la ciudadanía de la labor que está realizando la Convención y no existe un relato detallado de lo que realmente se discute en ella. Más bien hay “ruido”, critica, con voces que buscan marcar su propia identidad: “La Convención Constitucional tiene un problema comunicacional evidente. Creo que el problema no es solo comunicacional… Lamentablemente hasta este momento la Convención ha tratado sus comunicaciones más bien como cada quien maneja sus cuentas en la redes sociales. Como que bastara grabar un video por Instagram, Youtube o Twitter y plantear sus puntos de vista en la Convención”.

De manera similar lo ve la abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), Marisol Peña. Opina que dentro de la Convención existe un vacío y hace falta una buena estrategia comunicacional. Esas deficiencias se reflejarían en la cantidad de información dispersa que hay en redes sociales: “La renuncia de Lorena Penjean vino a poner en evidencia lo que tal vez sentíamos algunas personas, pero que ahora se ve plasmado en el argumento de ella de que no es posible desarrollar una estrategia comunicacional por la falta de apoyo de la presidenta de la Convención actual”.

La Comisión del Medio Ambiente

En la Comisión del Medio Ambiente se han votado ciertas normas en general que han generado preocupación, sobre todo en el sector productivo. Una de estas es el boletín 270-5 aprobado en general por 13 votos a favor y 6 en contra, que tiene como objetivo la nacionalización y nueva gestión social y ambiental de bienes estratégicos. Esta norma fue aprobada en general por una comisión pero no por la Convención. No es un artículo que vaya a quedar expresado de manera fija en la Constitución necesariamente.

Para Marisol Peña, la propuesta significaría un retroceso en el desarrollo: “Hay que tener presente que aquí hay inversiones, hay derechos adquiridos. Las reacciones que se han generado tienen que ver básicamente con eso. ¿Cómo es posible que estemos desandando un camino que significó superar importantes problemas del pasado y abrir la posibilidad de que la iniciativa privada y la inversión extranjera contribuyera al desarrollo de esos recursos?”.

Ante el resultado de la votación que tuvo esta iniciativa, Gabriel Osorio dijo que puede haber ciertas negociaciones a futuro a pesar de que solo fue aprobada por una sola comisión: “Esta es una votación solo en comisión y creo que ni siquiera la composición de ella es tan representativa de la Convención Constitucional. En ese sentido yo bajaría un par de cambios a la urgencia. Pero por el otro lado, y esto sí me preocupa […]. Esto es el inicio de una negociación y estas normas igual van a estar en juego probablemente, no tal vez en su integridad, pero sí para efectos de poder otorgar esas fuerzas para la aprobación de otras normas y viceversa”.

Además se sometió a votación el boletín 315-5: Reconocimiento y Protección de los Derechos de la Naturaleza. Esta iniciativa tuvo 15 a favor y 4 en contra. Peña comenta que la naturaleza no es sujeto de derecho: “La base de los derechos fundamentales es el concepto de dignidad, y por eso hay una norma relacionada con los animales como seres sintientes, que es una iniciativa de norma que trata de proclamar que de alguna manera los animales también tendrían cierta dignidad. Yo creo que es muy difícil predicar la dignidad respecto de la naturaleza en general”, sostuvo.

Plazo de la Convención Constitucional

La Convención tiene como plazo máximo de cierre de su trabajo el 4 de julio. Pero las miles de iniciativas y discusiones han generado dudas de si realmente se logrará llegar a puerto para la fecha establecida.

Para Osorio, esta fecha debe cumplirse y se debe evitar solicitar una prórroga: “Yo creo que más que ‘hay que’, debe llegar al final. Deben terminar antes del 4 de julio. Creo que en un año, en términos ordenados y en un diálogo fructífero, es posible sacar una nueva Constitución. No sería bueno pensar una prórroga cuando existen todavía cinco meses para poder evacuar un texto”.

Por otra parte, Peña asegura que el plazo no es suficiente para redactar una nueva Constitución: “Lo que complejiza el tema de prorrogar o no el plazo, que yo no puedo sino coincidir con Gabriel, ojalá se cumpliera dentro del plazo, pero yo soy de las que vengo diciendo hace tiempo: ‘No alcanzan, matemáticamente no alcanzan para un debate con seriedad”.

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Derecho a la Convención se transmite todos los viernes a las 17:00 horas por la Señal 2 de streaming de PAUTA, a través de pauta.cl; los domingos a las 10:00 horas por todas las frecuencias de Radio PAUTA en Santiago y regiones, y también por medio del canal en YouTube PAUTA TV. 

El espacio de esta semana fue conducido por Eduardo Olivares, editor general de PAUTA.

Vea el vigesimoctavo capítulo del programa Derecho a la Convención