Por plazos y por pasos: la Convención se enreda con la Consulta Indígena

El lunes 14 debería haber encuentros convocados y autoconvocados. Hay dudas sobre su aplicación, los informes y las votaciones.

Son días decisivos para la Consulta Indígena de la Convención Constitucional (CC) y para el proceso constituyente entero. Según el cronograma elaborado por la Secretaría Técnica de Participación Indígena y presentado al Ejecutivo, el lunes 14 de febrero se debe iniciar la discusión territorial. Hay un problema básico y expuesto: lo ajustado del calendario y el límite de que los resultados solo serán “incidentes”.

Aún no hay facilitadores capacitados ni está cerrado en qué lugares se organizarán las jornadas, ni hay definición clara sobre las fechas de los encuentros. Según lo planteado por la instancia, son citas en dos modalidades: autoconvocadas y convocadas. Además, desde los representantes de los Escaños Reservados también surgen distintas propuestas para complementar el proceso, e incluso algunos convencionales apuestan por tener una “consulta paralela”. 

Una fuente ligada a la consulta lo resume así: todo “está en proceso, aunque un poco lento”. Recién entre este jueves y viernes habrá más detalles e instrucciones para parte del personal de apoyo.

El papel de la Mesa

En la Mesa Directiva, liderada por María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN), saben que el éxito del proceso constituyente depende en gran medida de la Consulta Indígena. Hubo un encuentro que se realizó el 28 de enero en el Palacio Pereira y que reunió a parte de la Mesa de la Convención con representantes del Mineduc, la Segpres y el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual varios presentes notaron cuánto la propia Quinteros se juega en esta etapa.

Dado lo sensible del asunto, ha sido Quinteros quien tomó las riendas personalmente. A la Secretaría Técnica de Pueblos Originarios, que es el ente que lidera esta fase, durante los últimos días se sumó un equipo armado por Quinteros. Lo lidera Giselle Davis, antropóloga y docente del Centro de Salud Pública de la Universidad de Talca.

Personeros del gobierno saliente y del entrante están preocupados por la viabilidad de la consulta. Hay un dato objetivo: no será vinculante (solo “incidente”) y esto puede tensionar más el ambiente en el tramo final de la Convención. Por lo mismo, 10 días después de la última reunión, la Segpres actual envió un oficio (martes 8) para dejar por escrito su inquietud por la organización y los recursos que la Consulta Indígena requiere. Después de todo, tras la cita en Palacio Pereira no habían recibido mayor información desde la Mesa Directiva para firmar convenios o coordinar el presupuesto. Incluso, en esa ocasión se habló de  formar una mesa de trabajo para ver el tema financiero; lo que estaría a cargo del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional (CC), Matías Cox.

El primer comentario público de Quinteros ocurrió este mismo miércoles 9, cuando se conoció el oficio. Hasta el cierre de esta edición, La Moneda aún no recibía un oficio formal de respuesta.

“La ejecución de la Consulta Indígena es de plena responsabilidad de la Mesa y eso el vicepresidente Domínguez y la presidenta Quinteros lo señalaron muy claramente. El Ejecutivo apoya, pero la implementación es de la Mesa”, dijo el ministro (s) de la Segpres, Máximo Pavez. 

Pavez aseguró que “es un calendario exigente que la misma Mesa se fijó y nosotros esperamos que se pueda cumplir”. 

Los nudos de la logística

“Partimos de la base de que esta consulta no va a tener el carácter de una Consulta Indígena formal con todos los estándares internacionales, porque los plazos no dan”. Así explican en la Convención el proceso que tendrá dos meses para ver la luz. Este es un tiempo récord para una instancia así, pues una consulta de esta envergadura, según las bases metodológicas del Ministerio de Desarrollo Social, podrían durar entre seis meses y un año. 

Este será un proceso participativo, agregan las mismas fuentes, en que se va a facilitar un proceso “de deliberación y el resultado será insumo a los convencionales y los convencionales lo pueden convertir en indicaciones”. 

Según los tiempos impuestos por la Mesa Directiva, serían 12 semanas a partir del 26 de enero; de ellas, las tres primeras para difundir la consulta, pero también para contratar personal y capacitarlo. Sin embargo, esa primera etapa ya ha tenido sus dificultades, tanto por los recursos necesarios como por la cantidad de personas que deberán sumarse.

De hecho, esa ha sido una de las tensiones entre el Ejecutivo y la Convención. Luego de insistir en la necesidad de aumentar el presupuesto y financiar cerca de $1.400 millones, Quinteros aseguró que se las arreglarían con parte de los dineros que ya tiene la CC y también con el respaldo de instituciones del Estado, principalmente, de las gobernaciones regionales (gores) -que entregarán apoyo logístico (lugares, transporte y alimentación)- y de ministerios.

“Gracias a la colaboración de múltiples instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, también los gobiernos regionales y municipios, esta estimación presupuestaria de $1.400 millones la vamos a poder cubrir gracias a estas colaboraciones y con los fondos que tenemos dentro de la Convención” dijo la presidenta Quinteros este miércoles durante su punto de prensa diario. 

Agregó: “Eso supone que alrededor de un 60% de la Consulta será cubierta con el aporte de las instituciones del Estado y un 40% con los fondos propios del órgano que tenemos destinados desde la Secretaría General de la Presidencia. Recordemos que la Consulta es un deber del Estado, nosotros la empujamos de la Convención”. 

La tarea de los gobernadores fue elegir a la persona que estará liderando el proceso en cada zona. Por ende, son 16 los encargados territoriales, quienes contarán con un equipo para abarcar cada territorio. Según la información disponible, el número de personas variaría según la región y, hasta el momento, los únicos nombres concretos que se tienen son los dispuestos por los gores.

“Tenemos un convenio de cooperación con la CC para apoyarla en distintas instancias que requieran. En el caso de la Consulta es apoyo logístico, de transporte, condiciones de internet y de espacio para reunirse. No hay ningún compromiso de recursos específicos o de un presupuesto especial para esto. Es más bien la disponibilidad y las formas de cooperación que podamos diseñar”, comenta a PAUTA el gore de Los Lagos y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, Patricio Vallespín.

Cuánto apoyo se necesita para cumplir la meta

La definición del personal es una de las aristas que ya va con retraso, según el cronograma establecido. La última semana de enero estos nombres ya debieran haber estado contratados, y esta semana (7 al 11 de febrero) estaba originalmente pensado para la capacitación. Sin embargo, según la última información disponible, la capacitación se realizaría desde el viernes 11 -de manera online-, dos días antes que comience la fase del despliegue territorial.

De acuerdo con las estimaciones de quienes conocen el proceso, son 600 las personas que trabajarían en esta primera etapa. De ellos solo cerca de 250 serían contratados para la instancia y el resto serían “préstamos” por parte de la administración pública. El criterio de esos facilitadores y colaboradores externos, eso sí, aún no está zanjado. ¿Cómo son seleccionados, con qué criterios y bajo qué supervisión? Desde la CC aseguran que se apoyarán en las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social y de la Conadi para convocarlos a contrarreloj. 

En un comienzo se había pensado en 1.200 personas. El número se redujo en conformidad con el menor presupuesto. 

Por ahora, a nivel territorial se ha mantenido la difusión para convocar a los distintos pueblos y comunidades. Los encargados territoriales ya están requiriendo apoyos en traslados y para gestionar los lugares con los distintos alcaldes. Sin embargo, algunos describen que, cuando faltan pocos días para que comience la etapa deliberativa, “la información que ha llegado es poca”. 

PAUTA se contactó con Andrés Albornoz, encargado de la Consulta en la Región de La Araucanía. Es uno de los lugares con mayor concentración de miembros de pueblos originarios y con alto interés por participar. Albornoz señala que aún no sabe cuál será su equipo, y que eso “lo está viendo la Convención”. Respecto de la viabilidad del proceso, Albornoz indica que “está toda la voluntad”, aunque reconoce que ve muy improbable que esto pueda comenzar el lunes 14, tal como está contemplado. 

Los plazos ajustados: el riesgo de no llegar

Además de la arista presupuestaria -la cual según la misma presidenta de la Convención estaría resuelta-, el cronograma apremia a la Mesa de la Convención.

El despliegue territorial de los encuentros convocados y autoconvocados debe ocurrir entre el 14 de febrero y el 4 de marzo. Posteriormente, en tres semanas (del 7 al 25 de marzo) la información recabada debiese quedar sistematizada, de modo tal que la Comisión de Pueblos Originarios debería recibir el informe final entre el 28 de marzo y el 1 de abril.

En el papel, aquellos tramos son claros. Pero los participantes cuentan que el formato y los contenidos son un desafío aparte.

La Consulta Indígena contempla cinco preguntas. Son abiertas, sin opciones establecidas. Así, los resultados de ese volumen de frases, expresiones y demandas podrían terminar, por ejemplo, en algo más parecido a una “nube de conceptos” que a la redacción directas de indicaciones. Este trabajo estará en manos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Tendrá la misión de ir compaginando los resultados de los encuentros y transformarlos en insumos para la Secretaría Técnica, luego para la comisión ad hoc y también para los propios convencionales, los que en paralelo ya estarán votando las otras normas en el Pleno. 

“Después de que termina la Consulta, tenemos dos semanas para hacer esto [sistematización]. La idea es que, de acá a una semana, cuando tengamos datos preliminares, que con esos datos ya podamos empezar a programar. Es un trabajo bien apretado, pero es factible”, dice a este medio Federico Olmedo, doctor en ciencias de la computación e investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.

Ahora, en este paso hay una incógnita. El Instituto Milenio tiene su plataforma para registrar la información base de esta consulta, pero en algunos sectores de los Pueblos Originarios ya han adelantado que tendrán su propia metodología y no sabe aún cómo esa información se sumará al texto final. 

“Vamos a aspirar a poder hacer una revisión exhaustiva sobre este catálogo de derechos (documento base). Además, hemos construido una propia propuesta de documento base como pueblo quechua, en función de los distintos derechos y tratados internacionales. Estamos construyendo una metodología propia, participativa, que también es complementaria a lo que hoy día tiene establecida la Secretaría Técnica”, asegura a PAUTA el convencional Wilfredo Bacián (Quechua). 

Dado que las comisiones temáticas de la Convención expiran el 13 de abril, en la práctica solo tendrían siete días para revisar el informe sistematizado que reciban. No solo eso: en esa etapa del proceso, es esperable que muchas normas ya hayan sido votadas en particular. ¿De qué serviría la Consulta, entonces? El propio vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez, puso más presión: según el cronograma general, “el primer informe de cualquier comisión puede llegar hasta finales de marzo […]. Necesitamos que la sistematización llegue antes de la primera semana de abril”. 

Pero no es todo. Surge otra inquietud que presiona ese calendario y es la llamada “etapa de acuerdos”. Se trata de una propuesta tentativa que toma fuerza en algunos convencionales de Escaños Reservados y que consiste en agregar una etapa extra a la Consulta: que se ratifiquen las normas propuestas por la Comisión de Pueblos Originarios en otra instancia de participación general con todos los pueblos. 

“Nosotros creemos que, en la realidad de nuestro pueblo, vamos a sacar adelante la etapa de acuerdo dentro de los plazos que están establecidos. En definitiva, esa instancia es la que podrá validar la participación del pueblo en este proceso constituyente, o si no, no tendría sentido haber generado todo un proceso de participación y consulta. La Convención no se puede desdecir de no aplicarla”, plantea Bacián.

Y agrega: “Lo que pasa es que hay distintas posiciones dentro de la comisión. Son 10 pueblos originarios los que estamos dentro de este proceso; entonces, cuesta mucho buscar acuerdos entre esta diversidad de realidades territoriales que hay en cada uno de los pueblos”. 

La etapa de los acuerdos aplicaría solo si hay tiempo, lo que parece esquivo. El último Pleno está programado para el viernes 22 de abril, por lo que en el órgano hay dudas de que esas normas indígenas, con sus idas y vueltas, sean sometidas a votación.