Gobierno envía oficio: hay preocupación por los plazos y presupuesto de la Consulta Indígena

La Moneda comunicó a la presidenta de la Convención que el Ejecutivo constata que a la fecha aún no ha existido una solicitud para el “incremento del presupuesto”.

“Manifestamos nuestra preocupación en orden a que, para cumplir las fechas propuestas por la Mesa, se tenga claridad de los recursos involucrados en la Consulta Indígena”, dice la frase final del oficio enviado ayer por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a María Elisa Quinteros (MSC), presidenta de la Convención. 

Este documento, fue enviado con fecha 8 de febrero, una semana antes que comience a aplicarse la Consulta Indígena a los territorios. El oficio también indica que “el Gobierno se encuentra absolutamente comprometido con este proceso(…) Prueba de ello, son los compromisos adquiridos presencialmente en la reunión de trabajo del día 28 de enero, por parte del Ministro de Educación y la Ministra (S) de Desarrollo Social y Familia”. 

Pero el oficio también comunica la preocupación del Gobierno ya que “a la fecha, no se ha recibido en esta Secretaría de Estado ningún requerimientos formal ni específico asociados a incrementos de presupuestos para estos fines”. 

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El monto presupuesto tentativo final que Quinteros le habría presentando al ministro Segpres Juan José Ossa eran $1.439 millones de pesos, “considerando tareas de elaboración y difusión del material informativo; diálogo y deliberación propia; acuerdos y sistematización”. 

Respecto al financiamiento, radio Bío Bío informó que la presidenta de la Convención señaló que “no está contemplado por ahora solicitar financiamiento al Gobierno”, aunque adelantó que “se utilizará una parte no determinada de tres subtítulos presupuestarios correspondientes al año 2022: el subtítulo 21, de contratación de personal, para apoyo en participación ciudadana “en todos sus ámbitos”, “fundamentalmente el subtítulo 24” de participación ciudadana, que cuenta con $261.000.000; y que van a “revisar” cuánto del subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo se iba a utilizar”. 

Asimismo, los cálculos se han realizado considerando el convenio de colaboración que suscribieron los Gobiernos Regionales con el órgano constituyente. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también comprometió ayuda.

Respuesta de la Mesa

Durante un punto de prensa, la presidenta María Elisa Quinteros se refirió al oficio enviado desde el Gobierno. “El día de ayer nos llegó un oficio del subsecretario general de la Presidencia y del ministro general de la presidencia subrogante, preguntándonos por el tema de los recursos” indicó Quinteros y agregó que “estamos dando respuesta por supuesto a ese oficio”.

Pero la presidenta de la Convención adelantó que “gracias a la colaboración de múltiples instituciones del Estado como el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, también los gobiernos regionales y municipios, esta estimación presupuestaria de $1.400 millones la vamos a poder cubrir gracias a estas colaboraciones y con los fondos que tenemos dentro de la Convención”.

En efecot, “eso supone que alrededor de un 60% de la Consulta será cubierta con el aporte de las instituciones del Estado y un 40% con los fondos propios del órgano que tenemos destinados desde la Secretaría General de la Presidencia. Recordemos que la Consulta es un deber del Estado, nosotros la empujamos de la Convención”.

El proceso de la Consulta 

La Consulta Indígena comenzó el 24 de enero y actualmente se encuentra en su primera etapa, la cual se extiende hasta el 14 de febrero. Esta consta de difusión y educación del proceso participativo, además de la elaboración de material gráfico para informar sobre los alcances de la Consuta. 

En la segunda etapa -desde el 14 de febrero-,  se dará el puntapié a los encuentros territoriales de la Consulta Indígena. En la etapa de “Diálogo y Deliberación” podrán participar autoridades ancestrales, comunidades y asociaciones indígenas, entre otras afines, quienes se abocarán a “discutir, analizar y generar propuestas, recomendaciones y acuerdos en relación con el catálogo de derechos y principios de los Pueblos Indígenas”.

En concreto, las comunidades deberán deliberar sobre un documento que consta de cinco principios y 25 derechos colectivos de los pueblos indígenas, el cual contiene cinco preguntas de carácter general sobre estos y otros derechos o temáticas que los propios pueblos pueden indicar. “Para los Pueblos Originarios, ¿qué debería estar escrito en la Nueva Constitución?”; “¿Qué se necesitaría para que esto se haga realidad?”; “¿Qué normativa propones?”; “¿Los PP. OO. están de acuerdo con que estos principios y derechos sean incorporados a la Nueva Constitución?”; “¿Consideras que falta alguna otra temática? ¿Cuál?”, son las preguntas.