Desde plurinacionalidad hasta dignidad: los conceptos que avanzan en Principios Constitucionales

La Comisión de Principios Constitucionales ya cuenta con un sistematizado de las normas que ocuparán los primeros párrafos de la nueva Constitución y que deben ser votadas en particular.

No solo tienen la tarea de escribir el primer párrafo de la nueva Constitución, o incluso eventualmente el preámbulo, sino que también el primer artículo. Al inicio de su funcionamiento, la mayoría anticipaba que los principales nudos se darían en el bloque uno, cuando se discutan los principios constitucionales. “Ahí vamos a tener una discusión, porque es básicamente la visión filosófica que tienes de lo que viene con la nueva Constitución”, afirmaba Beatriz Sánchez (FA), una de las coordinadoras del espacio.

La Comisión de Principios Constitucionales es la que contiene el temario más acotado. El Reglamento estableció siete temas mínimos a abordar: preámbulo; principios; nacionalidad y ciudadanía; mecanismos de participación; integración de fuentes del derecho internacional; y mecanismos de democracia directa y participativa. 

“Va a ser una discusión a ratos bastante ideológica. Eso quizás va a ser una de las barreras que vamos a tener que traspasar […] Obviamente en todas las comisiones serán preponderante las posiciones que son más hacia la izquierda, pero dentro de la Comisión de Principios somos todos personas superabiertas al diálogo”, resumía hace un tiempo la constituyente Paulina Veloso (RN).

El grupo de 19 convencionales ya comenzó a votar en general. La primera parte de los artículos aprobados fueron sistematizados en un documento de 31 páginas. Los dos primeros títulos de ese texto se refieren al rol del Estado y las personas. Se despliegan una serie de principios que deben ir moldeándose en la votación en particular.

Sobre el Estado en la nueva Constitución

Una de las primeras propuestas que se presentó sobre esta materia fue elaborada por el Colectivo del Apruebo. Entre otras cosas, la propuesta establece que “la República de Chile es un Estado social y democrático de derecho”, donde se reconoce la plurinacionalidad dentro de su unidad soberana e indivisibilidad territorial.

Sobre esto, se “confirma la existencia de pueblos indígenas que tienen derecho a sus culturas, tradiciones, lenguas, educación, organización, autoridades, instituciones, tierra y recursos naturales, en la forma que determinen esta Constitución y las leyes”.

Uno de los convencionales que lideró la propuesta fue Agustín Squella. Sobre este punto, comenta que “la autonomía política y jurisdiccional indígena que la ley establezca no afectará los derechos humanos ni la integridad e indivisibilidad del Estado de Chile”.

Otra de las propuestas logró aunar los patrocinios de Pueblo Constituyente; Coordinadora Plurinacional; Frente Amplio; Movimientos Sociales y Colectivo Socialista; fija como artículo uno de la nueva Carta Magna que la “República de Chile es un Estado plurinacional, democrático, solidario y ecológico de derechos que reconoce como valor intrínseco e irrenunciable la dignidad, así como la libertad y la promoción de la igualdad material de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

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La convencional María José Oyarzún (FA), una de las patrocinantes de esta norma, explica que un Estado Plurinacional implica un reconocimiento a la existencia de distintas naciones en Chile. “Hay pueblos que en definitiva adquieren una categoría de nación a propósito de su organización, de sus culturas, del idioma, hay varias características que dan paso a que Chile tiene distintas naciones y que estas conviven bajo el marco constitucional que hoy estamos planteando” dice Oyarzún. 

En ese sentido, agrega que en la práctica esto se puede manifestar de distintas formas, “la primera, es que logremos incorporar dentro de nuestro sistema político, formas de representación plurinacional, como por ejemplo, escaños reservados, esa es una posibilidad”. 

“La otra forma, es que exista tal vez, un ordenamiento jurídico distinto, dentro de un marco constitucional, de un sistema de justicia, que albergue las distintas costumbres y cultura que los pueblos y las naciones que hoy en día constituyen el país”. Eso sí, enfatiza que lo anterior “no significa que van a haber pueblos que no estén regidos bajo el marco normativo de nuestra Constitución”. 

En tanto, sobre el concepto “solidario”, la convencional comenta que “eso significa en el fondo que todos los organismos y todas las personas que constituyen el Estado se organizan de una forma solidaria. No se puede actuar sin que eso pueda perjudicar o pueda beneficiar al otro o la otra, la idea es convivir en una especie de equilibrio en términos materiales y de igualdad”.

Uno de los incisos que contiene la norma, señala que “es deber del Estado, de las personas en general y de la sociedad en su conjunto asegurar un legado vital y cultural para las futuras generaciones, que sostenga las bases naturales de la vida, promoviendo la solidaridad intergeneracional y la comprensión de nuestra interdependencia”.

Según Oyarzún, con esto se busca decir que “nosotras y nosotros como seres humanos como habitantes de nuestro país, tenemos el deber de asegurar la vida de las generaciones venideras. Ahí se contempla nuestro medio ambiente, los derechos fundamentales, la convivencia con los otros. En el fondo, busca que el resto de las generaciones puedan habitar un espacio seguro”.

Otra de las normas que fue aprobada en general y que logró apoyos desde la Coordinadora hasta el Frente Amplio, establece que “Chile es un Estado social, ecológico y democrático de derecho, que se funda en el trabajo y la solidaridad entre las personas”.

Mario Vargas (Col. Socialista), uno de los impulsores de la norma, dice que que un Estado social “tiene que ver con las personas, las comunidades, lo que involucra la interrelación de cada uno de nosotros. Este Estado garantiza esta posibilidad de reencuentro. En relación a este reencuentro, también está lo que es la relación del hombre, de los hombres de las comunidades con su entorno y la naturaleza”.

Sobre este último concepto de “naturaleza”, Vargas agrega que a lo que apunta el  qué es el Estado ecológico. “Esa conexión tiene que darse, esa simetría tiene que darse, porque este crecimiento social que se da naturalmente dentro de este proceso de pacto social que estamos llevando adelante, conlleva a algo que también nosotros vamos a consagrar, que es el cuidado a la naturaleza”.

Sobre el concepto de Estado democráctico, el convencional comenta que esto implica “pasar de un Estado de representatividad a un Estado de participación continuo”. En ese sentido, agrega que “en la representatividad no teníamos cabida para la discusión ni para el proceso democrático que debe vivir cualquier sociedad. Por lo tanto este paso, con estos mecanismos que vamos a introducir, significa obviamente que hay un Estado que queremos que sea más democrático”.

Desde el Partido Comunista; la Coordinadora Plurinacional; los Movimientos Sociales y Pueblo Constituyente, impulsaron una norma que fue aprobada en general y que entre otras cosas, establece un Estado plurinacional, intercultural, laico y solidario. 

La convencional Lisette Vergara (Coord. Plurinacional) dice que no se puede alcanzar un Estado Plurinacional sin el principio de interculturalidad. “La interculturalidad es un mecanismo que fomenta el diálogo […] un Estado que se preocupa por garantizar y promover que tengamos igualdad de diálogo con todas las personas de todas las naciones que componen Chile”. 

Sobre un Estado laico, Vergara comenta que a pesar de estar consagrado en actual Constitución, en la práctica este concepto no se ha aplicado. “Honestamente no lo somos, seguimos teniendo por ahí el Te Deum, seguimos teniendo esta relación entre los gobiernos y las religiones”. 

En ese contexto, la convencional dice que “el Estado al ser laico tiene que mostrarse de una manera neutral. Por ejemplo, no vamos a ver en el Congreso que inicien actos o terminan actos en nombre de Dios, eso no corresponde, puede ser el nombre de los pueblos, por ejemplo”. En esa línea, agrega que el concepto laico apunta a un “Estado neutral donde no haya ninguna religión que sea preponderante, pero que las personas sí puedan ejercer su libertad de culto donde quieran”.

Finalmente, sobre el concepto solidario, Vergara señala que está pensado “en términos territoriales, más que estatales, porque si avanzamos en esta lógica que se está dando del Estado regional, necesariamente necesitas que haya solidaridad entre regiones, porque o sino las que tienen mayor capacidad productiva en términos económico van a poder tener mejores garantías y formas de vida que una que no. Entonces no podemos pensar en descentralizar el poder y las decisiones si no va de la mano con una solidaridad en términos económicos”.

Dignidad: el concepto transversal sobre las personas

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Así comienza el primer artículo de la actual Constitución. Todos conceptos que se repiten en las normas aprobadas en general en la comisión, aunque con algunas variaciones.

Es el caso de la propuesta del Colectivo del Apruebo. Ahí se establece: “Todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que les es inherente, irrenunciable e inviolable, y en ella se basan derechos fundamentales que se reconocen sin excepción y hacen a las personas acreedoras a igual consideración y respeto”.

Según se lee en la justificación de la propuesta, esto implica que las personas sean tratadas como un “fin en sí mismas y no como un medio al servicio de otro u otros. En consecuencia, la dignidad es una propiedad distintiva de todo ser humano viviente”.

En tanto en la propuesta de la derecha, en particular la impulsada por Veloso, se lee que habrá una “noción más exigente de la igual dignidad, lo que incluye reconocer y valorar que somos una sociedad plural y diversa. En este sentido promovemos que la nueva Carta Fundamental ayude a dar respuesta al anhelo de un país unido y cuyo Estado se encuentre al servicio de las personas y sus agrupaciones, orientando todas sus actuaciones al bien común”.

En la propuesta de la izquierda en tanto, se habla de conceptos como reconocer la autonomía individual. “Va de la mano de la libre autodeterminación sobre su cuerpo por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos, pero también cuando hablamos de autonomía individual estamos hablando del derecho a voto y a la participación política”, comenta Vergara.

Sobre eso agrega que irá acompañado del concepto de “participación en la vida social”, que según Vergara, tiene que ver “principalmente con la participación política que se da en términos sociales, vale decir que no tenga ningún problema en estar en cabildos, asambleas, en estar en ollas comunes, etcétera”.

Finalmente, hay una propuesta en particular que logró firmas de manera transversal entre los colectivos. Se trata de aquella norma titulada: “Garantiza la dignidad humana”, que firmaron convencionales de los Pueblos Originarios, la Coordinadora, Renovación Nacional  e independientes.

En ella, se establece que “La dignidad humana es una condición inherente, innata e intangible que tiene toda persona de ser respetada y valorada como ser individual y social”.

Vergara, una de las autoras de la norma, señala que lo anterior “quiere decir que tú por el solo hecho de ser persona tienes dignidad […] donde el Estado principalmente, tiene que garantizar el respeto a su dignidad”. 

La convencional ejemplifica con el tema de vivienda. “Cuando vemos viviendas sociales que son entregadas donde algunas no vienen con techo, o son de dos pisos y vienen sin escaleras, o qué le pasan una media agua a una familia de cinco personas, eso no es digno, te pueden estar pasando una casa, sí, pero no vas a vivir de manera digna. Eso lo puede llevar a la salud, la educación, el trabajo”.

Todas son normas que ahora deben ser votadas en particular, es decir, los integrantes podrán hacer las indicaciones que consideren necesarias para luego, eventualmente, ser votadas en el Pleno, donde necesitarán la aprobación de dos tercios de los votos para que sean incorporadas a la nueva Constitución.

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