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Convencional Royo (MSC): “Estamos transformando la realidad”

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Agencia Uno
POR Sofia del |

La constituyente indica que la Convención no está en crisis y cree que la propuesta de texto se debe terminar en el plazo establecido.

“Creo que el proceso será exitoso. Estamos transformando la realidad”, dice la convencional Manuela Royo (MSC) en entrevista con PAUTA tras una de las semanas más intensas que ha vivido el proceso constituyente. “Nuestra responsabilidad es hacerlo bien”, expresa.

Las comisiones de la Convención Constitucional ya se encuentran votando en general y en particular propuestas de norma. Pero hay más: este martes 15 de febrero se efectuará el primer Pleno que deliberará y votará el informe inicial de la Comisión de Justicia, relativo a principios básicos de la jurisdicción.

Royo integra la Comisión de Justicia. Ha patrocinado la mayoría de las propuestas de normas aprobadas en particular junto con Daniel Bravo (Pueblo Constituyente), Mauricio Daza (INN), Luis Jiménez (Aymara), Natividad Llanquileo (Coordinadora Plurinacional), Rodrigo Logan (Colectivo del Apruebo) y Daniel Stingo (Frente Amplio).

Algunos especialistas han cuestionado los resultados de esta comisión. Los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, en el programa Derecho a la Convención, consideran que normas como las aprobadas tienen problemas en el alcance sobre “la jurisdicción”, el papel de los tribunales indígenas y temas como arbitrajes y resolución de conflictos.

La convencional Royo tiene una visión diferente. Cree que las normas se encuentran bien aspectadas para el cuórum de los dos tercios requeridos en el Pleno, ya que “hemos logrado generar consensos”. En esta entrevista habla sobre el debate en torno al Banco Central y Tribunal Constitucional, y aborda algunas normas controvertidas respecto al futuro del Sistema de Justicia. 

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Los dos tercios

-¿Cómo tratarán de caminar hacia los acuerdos en la Comisión de Justicia en miras de los dos tercios del Pleno? Hay normas aprobadas en particular que han sido bastante criticadas.

“En particular la Comisión de Justicia es donde hemos avanzado de forma más rápida. Fuimos la primera en entregar el informe [al Pleno], y ello obedece a este espíritu de generación de consensos por parte de quienes integramos la Comisión, pensando que hay aspectos que son muy relevantes en materia de justicia y que son mínimos democráticos. Hemos podido identificar cuáles son nuestros puntos en común y nuestros disensos. Así pudimos dialogar respecto a qué aspectos queríamos mantener. Cada parte fue cediendo con el fin del encontrar un punto medio pensando en un equilibrio que tendiese a ser inclusivo y, por tanto, con una proyección importante hacia los dos tercios”.

-¿Y cómo cree normas aprobadas que han generado bastante controversia -como la eliminación del fuero de los jueces o la limitación del período de los magistrados- se van a enfrentar en el Pleno?

“Ya se han presentado bastantes indicaciones. Respecto a los jueces de instancia, creemos que se mantendrá la inamovilidad; y sobre los jueces y juezas de la Corte Suprema abogamos que debe existir un plazo, pero no inferior a 10 o 15 años. En cuanto a la Corte de Apelaciones, este tema no está zanjando. Eso demuestra que ha existido también flexibilidad en nuestros diálogos. Aquí nadie se está enamorando de una propuesta personal, sino que estamos abiertos a seguir conversando”. 

-¿Y respecto al fuero?

“Eso es una materia legal y ni en la Constitución de 1980 ni 1925 se regula el fuero judicial. Entonces, no es un tema que tenga mayor debate, porque era una iniciativa de incluir un término que antiguamente no estaba consagrado a nivel constitucional. Por tanto, rechazarlo no implicaría nada terrible”.

-Entonces, ¿se podría decir que la independencia del Poder Judicial no estaría en cuestión?

-“No, claramente. Se establece de forma expresa el principio de independencia, la inamovilidad de los jueces. Y tal como lo ha establecido la propia relatoría para independencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es que efectivamente pueden existir plazos para el funcionamiento de los jueces y juezas, y también edad de término. En el fondo, lo que tiene que existir es inamovilidad hacia el cumplimiento de los plazos y hacia el cumplimiento de la edad de terminar, y en ese caso tiene que existir inamovilidad, que es juntamente lo que hace nuestra propuesta. Está muy en conformidad por los estándares internacionales, por lo que no es problemático”.

-Un debate que también se ha dado en la Comisión es el cambio de “Poder Judicial” a “Sistemas de Justicia”. ¿Esto quiere decir que convivirán dos sistemas paralelos en el país?

“Nosotros creemos que el poder está en las juezas y en los jueces, ellos son los que tienen el poder de conocer, juzgar y ejecutar desde los juzgados lo que es el concepto de la jurisdicción”. 

“Planteamos la consagración de ‘Sistemas de Justicia’, estableciendo una superación a esta lógica bien colonial y del siglo XIX que habla de los poderes y que genera mucha lejanía en la ciudadanía. También estamos hablando que ningún juez o jueza va a tener privilegios al interior del Poder Judicial, ni un tratamiento especial. A nosotros no nos parece que tengamos que tratar de ‘señoría excelentísima’ a un profesional que tiene importantes competencias y deberes, pero con el trato digno a todas las personas es suficiente. Buscamos transformar esta lógica autoritaria que está muy inserta en el Poder Judicial, y con ello también la jerarquía. Por otro lado, también pensar en la existencia de otros sistemas de justicia, que es la denominación que se le otorga al derecho propio de los pueblos indígenas”.

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-¿Eso es lo que se denomina “pluralismo jurídico”?

“Claro, el pluralismo jurídico es el principio. A nivel de Estado podemos hablar de plurinacionalidad, que es básicamente el reconocimiento de la existencia de más de una nación; tiene que ir de la mano con el aseguramiento de sus derechos. Esto se enmarca por un lado por lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas, que establecen el derecho propio de los pueblos indígenas y que los Estados también tienen el deber de considerarlo a la hora de ejercer la justicia”. 

-Y en la práctica, ¿cómo funcionarían estos sistemas paralelos?

“Lo que hace esta propuesta de sistema es, por un lado, democratizar, que exista acceso a la justicia, gratuidad y también incluye nuevos aspectos como la paridad y el enfoque de género. Y por otro lado, reconoce la existencia de un sistema propio de los pueblos indígenas, sustentado por la existencia de un pueblo que tiene un derecho ancestral y que en la práctica ya se está implementando de facto en algunos lugares este reconocimiento. Por ejemplo, yo trabajé en la Defensoría Penal Pública y en la Defensoría Penal Mapuche que era parte de una defensoría del Estado; hay salas mapuches en algunos tribunales, en el norte también los tribunales se constituyen en las comunidades…”.

-¿Y las personas podrían optar por cuál tipo de sistema quieren ser juzgados?

“Ese es un debate importante, porque las personas también tienen que tener derecho a someterse a la jurisdicción ordinaria si así le parece, pero siempre como un derecho”.

Autonomías institucionales 

-Respecto al debate que se viene sobre el Banco Central, sobre todo la autonomía del órgano, ¿ya están buscando acuerdos al respecto? 

“Sí, se han presentado algunas iniciativas y nos tocó estudiar las distintas propuestas. Como Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) también redactamos una propuesta propia. En esta establecemos que si bien consideramos que tiene que regularse a nivel constitucional la existencia del Banco Central y establecer su autonomía, esta tiene que ser una autonomía con responsabilidad. Esto significa que tienen que existir inhabilidades y restricciones en cuanto a los nombramientos e integraciones del Consejo del Banco Central, y que además exista representación y paridad. Pero que además exista un sistema de transparencia, para que no haya esta puerta giratoria entre quienes están en el BC y al día siguiente son parte de la banca privada”. 

“También nos parece superrelevante pensar en democratizar los nombramientos del órgano. Un aspecto superesencial tiene que ver con los objetivos, y la gran apuesta que tenemos como Movimientos Sociales, además de la democratización, es la ampliación de los objetivos del Banco Central. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene dentro de sus objetivos el poder desarrollar políticas monetarias que tomen en cuenta las políticas ambientales, y esto lo queremos incluir dentro de los objetivos del órgano. Creemos que el objetivo del Banco Central no es solo el control inflacionario, porque eso lo que hace es continuar un paradigma muy neoliberal, y que sí podemos pensar en la ampliación de ciertos objetivos y en la democratización de la toma de decisiones e inhabilidades”.

-Donde sí habría un acuerdo más transversal sería en la creación de una “Corte Constitucional”. ¿Es así? ¿Cuál es la diferencia con el actual Tribunal Constitucional (TC)?

“La crítica general que existe del TC tiene que ver con el control de constitucionalidad preventivo que hace el órgano durante el trámite legislativo. Eso es problemático, porque el TC no es una institución electa democráticamente, pero que tiene la posibilidad de generar un veto hacia leyes que sí fueron elaboradas por personas electas democráticamente. Por tanto, es un veto que carece de legitimidad democrática, pero además hemos visto cómo el Tribunal Constitucional se ha transformado en un legislador en casos como el aborto en tres causales, incorporando requisitos que no existían en la ley. Eliminar eso ya es importante para el país. Por otro lado, sabemos que existe un activismo muy fuerte en el TC por parte de los poderes fácticos que a partir de una judicatura que no es gratuita, donde no existe una defensoría política. Existe un mercado para suspender causas que se ha filtrado por los mismos ministros. Y si uno analiza las sentencias hay un sesgo y un compromiso con la defensa de la propiedad privada a costa de derechos sociales”.

“Respecto al control de constitucionalidad, hay un debate importante. Nosotros presentamos una iniciativa donde proponemos que esa función tiene que estar dentro del Poder Judicial, pero no nos cerramos a la existencia de una Corte Constitucional que tenga ciertas atribuciones en temas de competencias, coordinación, sobre todo si estamos pensando que existan dos sistemas de justicia. Porque por ejemplo, qué pasaría entre el parlamento unicameral y el parlamento regional, cómo pueden dialogar y qué competencias hay. Ahí podría jugar un rol importante”.

¿Crisis en la Convención?

-El lunes 7 de febrero la Mesa convocó a una reunión informativa para exponer su preocupación por los acotados tiempos del cronograma. ¿Cree que sería necesario empezar a hablar de la necesidad de una prórroga o es un debate anticipado? 

“Creo que podemos avanzar hacia lograr los dos tercios, y que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por ello. Es importante cumplir el plazo, aun cuando eso signifique también muchos esfuerzos. Sabemos que la derecha quiere ralentizar el proceso y demostrar un caos de que no cumpliremos el plazo, cuando eso no es así. Además, no creo que el Congreso nos dé una prórroga, por tanto no hay ninguna posibilidad”. 

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-¿Cree que la Convención está viviendo en cierta medida una crisis más bien política o logística?

“Yo no creo que haya una crisis. Estamos escribiendo una Constitución de forma democrática y transparente, como nunca antes se había realizado. Estamos acostumbrados a que las decisiones se tomen entre cuatro paredes y que no se transparenten las diferencias que tenemos, y creo que hoy estamos haciendo política de cara a la gente en Youtube, en los medios de comunicación… No es una crisis, es parte de un proceso y de un aprendizaje y de cómo es la política en verdad, porque si creen que aquí nos vamos a poner todos de acuerdo de un día para otro, eso no va a pasar. Eso significa que hay que trabajar en base a nuestros programas políticos e ideas”.

-¿Y usted está de acuerdo con la visión de la Mesa de viabilizar de manera más expedita las normas que conciten más consenso? 

“Hay un punto importante en que la Mesa Directiva ha tenido la intención de buscar un diálogo constructivo y transversal dentro de las fuerzas de la Convención. Eso se agradece. Tenemos que buscar la estrategia para ponernos de acuerdo y avanzar de la forma más responsable. Es importante ese esfuerzo, pero aquí nadie va a permitir que exista una concentración centralista o que se deje de lado las minorías, porque somos justamente las fuerzas más periféricas de la política tradicional. Pensar en el ejercicio de una conversación horizontal entre fuerzas es relevante, porque históricamente a quienes no somos parte de los partidos políticos nos han excluido de esta toma de decisiones”. 

-¿Y usted cree que hay algunos (as) convencionales que han aportado a empañar la imagen de la Convención? Por la presentación de algunas normas o dichos… 

“María Rivera es María Rivera. La gente eligió a María Rivera con su discurso, pensamiento político y con el derecho que ella tiene de expresar lo que quiera expresar. Quizás su propuesta de norma –disolver el Congreso y crear una asamblea plurinacional– no tuvo ningún voto en la comisión, pero tuvo el derecho a plantearlo y creo que no nos podemos horrorizar frente a que personas electas con un discurso consecuente con su persona. A mí me parece que hay muchos ataques a su persona por su propuesta política, pero me gustaría escuchar a Teresa Marinovic estar en la comisión presentando sus propuestas respecto al Estado en vez de decir garabatos que no contribuyen en nada. Por último María Rivera dice lo que piensa, y es consecuente con su programa, nos guste o no”.

Amenazas de muerte

-Respecto a la amenaza de muerte que usted sufrió esta semana, ¿a qué lo atribuye y qué medidas ha tomado?

“Sobre las motivaciones yo creo que tiene que ver con una política de atacar hacia quienes estamos dando la cara para hacer ciertas transformaciones que tienen que ver con la desprivatización del agua, con el reconomiento de los pueblos indígenas y sus derechos, cuestionando el modelo hídrico y forestal. Frente a eso, hay personas que por la imposibilidad de argumentar en base a ideas van al ataque personal, y cuando este evidentemente es de personas que tienen una intención de atacar, tiene que ver con un pensamiento fascista que cree que las personas no tenemos derecho a opinar y a votar en base a nuestras convicciones. Lo más triste es que es muy machista, porque me trata de prostituta y de todo tipo de denigraciones porque soy mujer, y lo más grave es que cuando te dicen que vas a aparecer muerta eso ya constituye un delito. Por tanto, si nosotras estamos planteando la necesidad de una justicia feminista, con enfoque de género y comprenda estas situaciones, tomamos la decisión de denunciar y hacerlo público, porque el mayor resguardo está en publicar y ese es el mensaje que queremos transmitir”. 

-¿Se ha sentido en desventaja por no pertenecer a un partido político?

“La desventaja será cuando tengamos que salir a realizar campaña para el Plebiscito de Salida, ya que no tenemos dinero, y ahí los partidos tienen más recursos. Pero no me he sentido ni menoscabada ni disminuida, porque creo que desde los movimientos sociales logramos organizarnos muy bien”.

-A pesar de todas las críticas, ¿cree que no fracasará el proceso?

“Creo que el proceso será exitoso. Si creemos que vamos a transformar las condiciones materiales de Chile, que vamos a distribuir el poder, conservar la naturaleza sin ninguna crítica, es porque somos bien inocentes. Estamos transformando la realidad, generando malestar en los poderes fácticos y es evidente que nos van a atacar. Nuestra responsabilidad es hacerlo bien y ser capaces de trasmitir lo que estamos haciendo hacia la ciudadanía”.