Acusación constitucional contra Piñera: PDG también la evalúa, pero hay rechazo en otras bancadas
El Partido Republicano fue la primera colectividad en analizar un nuevo libelo contra el Presidente debido a “abandono de deberes” en materia de seguridad.
Es por ahora una idea que ha surgido en conversaciones dentro de la futura bancada del Partido Republicano. La eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera es evaluada por este grupo de parlamentarios cuyo líder político es el excandidato presidencial José Antonio Kast. El sustento está en lo que consideran un “abandono de deberes” ante la crisis inmigratoria en la Macrozona Norte y los casos de persistente violencia en la Macrozona Sur.
No son los únicos en evaluar un libelo contra el actual Mandatario.
De acuerdo con información recogida por PAUTA, la noche de este martes los parlamentarios electos del Partido de la Gente tuvieron una reunión donde conversaron el tema y fijaron su postura, a pesar de proyectar de que no será viable.
“Efectivamente nosotros apoyaríamos una acusación constitucional. El tema es que esta ya no sería ni la primera vez ni la segunda. Si va a tener una consecuencia o si va a llegar a puerto, no lo vemos viable”, dijo a este medio la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada.
Para la diputada electa por Antofagasta, el nuevo Congreso Nacional debería buscar “otras alternativas, más que una acusación constitucional: [hay que] ver en el futuro que cuando algún Presidente o alguna otra autoridad electa de manera popular no cumpla con su responsabilidad o con su cargo como corresponde, pueda ser sancionado o pueda ser destituido”.
Hasta ahora, Sebastián Piñera ha superado dos intentos de remoción. El primero fue activado por diputados del Frente Amplio, PC, PS y PPD el 19 de noviembre de 2019, que lo responsabilizaron por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Fracasó cuando no pasó la etapa de cuestión previa. El segundo llegó más lejos: presentado por la oposición -incluyendo la DC-, acusó al Mandatario de infringir la Constitución en medio de las negociaciones del Proyecto de Minera Dominga. El 16 de noviembre de 2021, el Senado rechazó el requerimiento al no conseguir los 29 votos que necesitaba para destituir al Jefe de Estado.
La división republicana
“Se lo merece con ganas”, asegura a PAUTA la diputada electa por el distrito 22 y militante del Partido Republicano Gloria Naveillán. Ella asegura estar “absolutamente de acuerdo con que se estudie la posibilidad de hacer una acusación constitucional”, porque -a su juicio- el Mandatario “cada día que pasa junta más méritos”.
La Tercera informó originalmente sobre el interés de Republicanos en evaluar un libelo contra Piñera.
Naveillán dice a PAUTA: “Estamos conversándolo y estamos viendo cómo redactar esto y si tendría el sustento necesario desde el punto de vista jurídico”. Entre los fundamentos centrales está en que, a su juicio, el actuar del Presidente en la crisis migratoria en la Macrozona Norte y de seguridad en la Macrozona Sur “ha sido cobarde”.
“Ha demostrado claramente un notable abandono de deberes. […] Ha pecado en cuanto a no gobernar como corresponde y a permitir que en Chile esté el desastre de la inmigración ilegal descontrolada en el norte; el desastre del terrorismo en La Araucanía. […] Y no solo eso, sino que además [está] la tremenda ola de violencia que estamos viviendo todos los ciudadanos en todas partes del país”, indica.
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El respaldo a esta idea no es unánime dentro de la bancada del Partido Republicano. Por ahora solo se ha conversado sobre evaluar esta opción.
La réplica del Gobierno
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió este martes 15 de febrero a la idea y recordó lo que pasó en la actual administración. “Si hay algo de lo que hemos visto durante este periodo de gobierno es la utilización de nuestra institucionalidad con fines exclusivamente políticos”, dijo.
Galli también hizo un llamado a no respaldar esta idea: “Yo espero, espero que ningún partido se preste para la irresponsabilidad de seguir con la mala práctica de acusaciones constitucionales totalmente infundadas y que tienen un único y exclusivo fin de daño político”.
Sin abordar directamente la acusación, el Presidente Sebastián Piñera resumió lo que ha hecho su administración respecto a la política migratoria. Lo hizo luego de informar que este martes comenzó la vigencia del Estado de excepción constitucional de Emergencia en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
“Lo primero fue modernizar una ley de migraciones que databa de varias décadas atrás y que estaba absolutamente obsoleta y que no entregaba los instrumentos. Afortunadamente después de mucho tiempo se aprobó y se promulgó la ley de migraciones y el reglamento que era necesario para ponerla en práctica fue publicado ayer [martes] […] Hemos creado y modernizado absolutamente el nuevo servicio de migraciones. […] Además, pusimos el Programa Frontera Norte Segura y hemos hecho una enorme inversión en equipamiento, en tecnología”, dijo.
El Mandatario además aseguró que se han cumplido los compromisos que adquirió el Gobierno a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
“Mayor dotación policial, cumplido; plan de intervención de barrios críticos, está en plena aplicación; implementación del reglamento para aplicar el estado de excepción de emergencia, está vigente a partir de ayer [martes]; capacitación de Carabineros en el tema de la reconducción, estamos capacitando a los carabineros en todas las zonas afectadas; decreto de expulsión que sigue aplicándose y de hecho está planificada una nueva expulsión para las próximas semanas; y mayores recursos para la Fiscalía para que pueda ejercer su labor de persecución penal”, detalló el Mandatario.
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Posibilidad de apoyo en otras fuerzas políticas
En otras fuerzas políticas de la Cámara de Diputados que asumirá el 11 de marzo comienzan a mirar la alternativa de una acusación constitucional basados en una posibilidad: se puede presentar hasta seis meses después de terminado el Gobierno. De hecho, así se activó en su momento la AC contra Andrés Chadwick, quien ya había dimitido como ministro del Interior de Piñera en medio del estallido social. El libelo fue aprobado y Chadwick quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2024.
En las fuerzas de izquierda no hay tantas coincidencias por los fundamentos que esgrimen hasta el momento los republicanos, incluso entre quienes ya han apoyado las acusaciones contra el Presidente Sebastián Piñera.
El diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González, dice: “No comparto los planteamientos de los republicanos que reclaman a Piñera no ser aún más fascista”. Es un argumento similar al que expone el diputado electo del Partido Humanista Hernán Palma: “Por ningún motivo patrocinaremos focos de xenofobia que capitalizan los conflictos humanos y que se ven agitados por el mismo sector político que avaló a Piñera”.
Para el actual senador y también diputado electo Carlos Bianchi (IND), “Piñera pasará a la historia por muchas negligencias y en su mayoría malas decisiones, y otros menos aciertos”. Pero, sostiene, “anunciar hoy acusaciones es poco prudente, se debe recuperar la credibilidad de las acusaciones constitucionales”.
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