La Convención desmonta la propuesta completa que creaba las “asambleas regionales legislativas”

El Pleno aprobó por dos tercios que Chile sea un Estado Regional, plurinacional e intercultural. “Da vuelta la lógica de la distribución del poder”, se afirma desde el Frente Amplio.

Toda una nueva estructura organizacional del Estado es lo que aprobó el Pleno de la Convención Constitucional. Ya no se hablará más de Chile como un Estado Unitario, sino que de uno Regional.

Los 154 convencionales votaron en particular los 28 artículos que habían sido aprobados en general sobre el informe de Forma de Estado. El primero de ellos se aprobó por 112 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, y señala:

“Artículo 1.- Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.
El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.

La convencional Amaya Alvez (FA), una de las principales impulsoras del artículo, comenta que “lo central es que es una forma jurídica de Estado Regional, que reconoce unidades territoriales denominadas regiones, que van a tener personalidad jurídica de derecho público, van a tener patrimonio propio y van a poder tomar decisiones, y por eso hablamos de autogobierno”.

En ese sentido, agrega que “vamos a tener la posibilidad de autogobernarnos, principalmente con facultades ejecutivas, que en parte ya existen por la elección del Gobernador Regional”.

Por su parte, el convencional y coordinador de Forma de Estado, Adolfo Millabur (mapuche), sostuvo luego de la votación, que lo aprobado “significa acercar las decisiones lo más cercana a los territorios […] hoy día con la decisión que se ha tomado, es descentralizar el poder, acercar las soluciones a los problemas de la gente, lo más cerca posible […] los dos tercios aquí sirven mucho”.

¿Qué dicen los artículos aprobados?

Se habla de un cambio estructural en el poder de las regiones, lo que quedó de manifiesto en el artículo que establece la organización del Estado. Ahora, la columna vertebral del territorio quedó conformada por: regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Asimismo, se aprobó que “Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”. En ese sentido, se aprobó que las entidades territoriales establezcan “relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones”.

En el caso de las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas, se aprobó que tuvieran “autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley”. También avanzó el inciso donde se señala que estas autonomías no podrán “atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial”.

Además, avanzó el derecho de los habitantes de las entidades territoriales a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas. Junto con eso, se aprobó un inciso donde se señala que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

Algo que fue criticado por algunos convencionales como Fuad Chahín (Col. Apruebo), quien dijo que esta norma eleva “el estándar mucho más allá de lo que son las atribuciones de los instrumentos que ha suscrito Chile, como el Convenio 169, eso en definitiva, se transforma en un derecho a veto en cualquier asunto que les pueda afectar”.

Por otro lado, se avanzó en un desarrollo territorial donde las entidades deben “establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza”.

Uno de los artículos que más destacaron sus autores fue el referido a la “Radicación preferente de competencias”, el cual señala que las funciones públicas “deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y ésta última sobre el Estado, sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven a cada una de estas entidades territoriales. La Región Autónoma o el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrán subrogar de manera transitoria y supletoria las competencias que no puedan ser asumidas por la entidad local”.

Según explica Alvez, esta norma “da vuelta la lógica de la distribución del poder. En general, el poder siempre se ha distribuido desde arriba hacia abajo, desde el Estado Central, desde la capital, desde las élites, hacia el resto del territorio y las personas. Y esto da justo a la inversa, porque el poder debe ser lo más localizado y cercano a las personas posible, y solo si ese nivel no puede sube al siguiente, o sea desde el comunal al regional, del regional al estatal”.

Finalmente, se votaron algunas de las competencias que tendrán las regiones autónomas. En esa lista aparecen cuestiones como: la organización del Gobierno Regional; organización político-administrativa y financiera de la Región autónoma; fomento del desarrollo social, productivo y económico; y ejercer autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios públicos de su dependencia.

Revisa aquí el detalle de todos los artículos aprobados:

🔵VOTACIÓN NORMAS SOBRE FORMA DE ESTADO

En el siguiente hilo compartiré los artículos aprobados por 2/3 y q serán incorporados al borrador de nueva Constitución. Se trata solo de los artículos aprobados, no incluiré aquellos q volverán a la comisión🧵#ConvencionConstitucional pic.twitter.com/iF6yFn2Pnq

— Paul Follert (@PaulFollert) February 18, 2022

Asambleas legislativas y nudos que volverán

Los incisos y artículos que no lograron los dos tercios, pero sí la mayoría de los votos, deberán volver a la comisión de Forma de Estado. Los convencionales podrán ingresarles indicaciones hasta el próximo lunes 21 de febrero, las cuales deben ser deliberadas y votadas, para luego pasar nuevamente al Pleno.

Ahí surgen dos escenarios: si la nueva propuesta alcanza los dos tercios, será aprobada. En cambio, si la propuesta no consigue la mayoría absoluta, queda definitivamente excluida de la propuesta constitucional.

En el caso de Forma de Estado, se vislumbran algunos nudos que deberán resolverse en la comisión para aunar los 103 votos necesarios en el Pleno. Entre ellos, se revisará aquel inciso del artículo 2°, donde se señala que las “regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas y las comunas autónomas cuentan con personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse”.

Sus autoras señalan que el nudo podría estar en el concepto de autonomías territoriales indígenas, ya que aún no está bien desarrollado. “Sólo se habla de su existencia”, dice Alvez. 

También se comenta que genera ruido que estas entidades tengan personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, aunque están dispuestas a que estas características solo queden consagradas sobre las regiones autónomas. 

Sin embargo, el integrante de la comisión de Forma de Estado Eduardo Castillo (Col. Apruebo), advierte que hay más nudos además de las autonomías territoriales indígenas. “También hubo diferencias sobre los territorios especiales, y en tercer lugar tenemos el tema de las provincias que no están contempladas en la división territorial. Ha habido propuestas para reponer las provincias para los efectos de que el Presidente de la República tenga delegados en las provincias y no en las regiones”.

Pero sin duda alguna que una de las grandes ecuaciones que deberán resolver será el tema de las Asambleas Legislativas Regionales, una entidad que no logra convencer a la derecha, tampoco a parte de la centro izquierda como el Colectivo del Apruebo, ni tampoco a una fracción del Partido Comunista.

Si bien, se aprobó que las regiones tengan atribuciones legislativas, en la votación en particular, se rechazaron todas las referencias a las Asambleas, tanto en el artículo 22° sobre autoridades regionales como en una serie de numerales e incisos donde se contemplaba esta figura para efectos de, por ejemplo, elaborar y proponer un Estatuto Regional. 

Al respecto, el integrante de la comisión de Forma de Estado Álvaro Jofré (RN), señala que tiene una preocupación porque “este Estado no tiene que crecer, y creo que con esta política que están haciendo algunos, es crecer la burocracia, la gente lo que quiere es una vida más simple […]. Uno de los temas que no se ha considerado, al menos en mi comisión, es que nunca hemos hablado de costo, nunca hemos hecho el ejercicio de ver cuánto nos sale esta creatividad”.

Sobre esto, el convencional Castillo sostiene que hay dudas sobre el hecho de que las asambleas puedan dictar leyes. “El problema es que en la comisión uno (Sistema Político) tampoco sabemos qué van a resolver sobre las leyes nacionales […] personalmente, he sido partidario de tener potestad reglamentaria, y significa que los gobiernos regionales pueden dictar reglamentos de las leyes nacionales, para adecuarlas a la realidad de cada región”.

Entre los impulsores de la norma hay diferentes miradas. Es el caso de Alvez, quien reconoce la necesidad de hacer ciertas adecuaciones. “Tenemos que delinear de mejor forma ese otro órgano que acompaña al Ejecutivo y que seguramente va a tener potestades reglamentarias, y esperamos que todavía pueda tener también facultades legislativas, pero eso es parte del diálogo con la comisión de Sistema Político”, dice. 

En tanto, Elisa Giustinianovich (MSC) comenta que uno de los problemas de las conversaciones para destrabar el nudo de las asambleas es que no han recibido propuestas concretas y que este fin de semana será clave para ellos.

En ese contexto, Giustinianovich marca los límites: “Aquí claramente estamos con varios textos aprobados que consagran que a nivel de regiones autónomas van a haber atribuciones legislativas, entonces lo que nos toca definir es cuáles van a ser esas atribuciones”. Sobre esto, agrega que es irrelevante el nombre que lleve, porque “mientras sea un órgano colegiado, paritario, plurinacional, a nosotros nos es irrelevante el nombre que lleve […] si es tanto el revuelo por el nombre y quieren mantenerlo como Consejo Regional, pero con las atribuciones que hemos aprobado, es un punto que podemos ceder”.

En tanto, el convencional Felipe Mena (UDI) comenta que “nosotros como Chile Vamos consideramos que las propuestas normativas son las que deberíamos haberle entregado al Consejo Regional, y desde ahí poder trabajar en base a lo que planteaba la izquierda. Vamos a insistir, estamos dispuestos a conversar”.

Otro de los aspectos que deberá volver a la comisión son aquellas atribuciones referidas al cobro de tributos y creación de empresas por las regiones autónomas. En particular, la norma se refería a las competencias de estas entidades para poder “crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio, orientado por el principio de equivalencia y en el marco que determine la ley”. Así como también “crear empresas públicas regionales en conformidad a los procedimientos regulados en la Constitución y en la legislación respectiva”.

Según comenta Jofré, lo que hace ruido es que “eso quede a cargo del Gobernador regional o de la Región autónoma, eso se tiene que dejar en la potestad que tiene el Presidente de la República y el Estado Central, o dejarla al Congreso […] Estando a un nivel central podemos llegar a un mejor acuerdo”.

Junto con esto, Mena agrega que este tema debería revisarse en el bloque tres de la comisión, momento en que se abordará el tema fiscal. En ese sentido, comenta que una de las posibilidades es “acercar las actividades productivas que están en las regiones a la ciudadanía. Consideramos que el legislador debería ver la forma en cómo algunos tributos queden en la región, pueden ser para gastos específicos no corrientes, pero nosotros no somos legisladores, tenemos que generar los principios adecuados”. 

Por otra parte, Giustinianovich asegura que solo se debe aclarar la propuesta. “Yo no creo que se haya rechazado por la idea de crear empresas públicas, sino más bien poder conversarlo en mayor profundidad para ver cómo nos imaginos que esto vaya a funcionar, qué tipo de empresas públicas estamos pensando […] también puede ser que quede para el bloque tres”.