El triunfo de la noche del PC y FA para avanzar a un “unicameralismo corregido”

Un acuerdo transversal de la izquierda y centro izquierda derivó en establecer la eliminación del Senado y reemplazarlo por un Consejo Territorial. Las indicaciones serán votadas la próxima semana.

A inicios de febrero el convencional integrante de la Comisión de Sistema Político Fernando Atria (Frente Amplio) resumía así el panorama de la Convención Constitucional: “Si se rechazara en el segundo informe la composición del Congreso, bueno, quedaría bastante en cuestión la posibilidad de que hubiera una nueva Constitución, porque una Constitución que no se pronuncia respecto de la composición del Congreso, que es el órgano legislativo, bueno… podría decirse que no es una Constitución”.

Entre los integrantes de la comisión había conciencia de que era necesario llegar a un acuerdo amplio para proyectar los dos tercios en el Pleno. Si bien en la votación en general avanzó un Congreso Unicameral, la votación solo obtuvo un voto de ventaja, lo que hacía difícil consensuar los 103 apoyos en el Pleno. 

Se hacía fundamental tener más tiempo para llegar a acuerdos y para ello la Comisión decidió cerrar el plazo de indicaciones la noche del lunes 21 de febrero. 

En ese contexto, y tras largas conversaciones y negociaciones entre representantes del PC, FA, Colectivo del Apruebo, MSC, INN, Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Colectivo Socialista, durante la madrugada se conocieron las indicaciones ingresadas por los constituyentes para modificar el texto sistematizado y que fue aprobado en general el 27 de enero de 2022. 

Según informaron los coordinadores de la Comisión Sistema Político –Rosa Catrileo (mapuche) y Ricardo Montero (Col.Socialista)- son más de 760 las indicaciones ingresadas, las cuales comenzarían a ser deliberadas y votadas en particular desde el lunes 28 de febrero en una sesión extraordinaria. 

De todas las indicaciones ingresadas la que elimina el Senado y crea un Consejo Territorial fue la que acaparó la mayor atención, tanto de los convencionales como de la sociedad civil. Esta propuesta fue firmada por la mayoría de los integrantes de la Comisión, con la excepción de la derecha, quienes indican que no se les consideró para formular esta norma. 

Los firmantes del documento son Bárbara Sepúlveda (PC); Francisca Arauna (Pueblo Constituyente); los representantes del Colectivo Socialista Ricardo Montero, Maximiliano Hurtado y Pedro Muñoz; Constanza Schonhaut y Fernando Atria, del FA; Alondra Carrillo y Alejandra Flores, de MSC; Patricia Politzer y Guillermo Namor, de INN; y Fuad Chahin, del Colectivo del Apruebo. Aunque no aparecen en el documento, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Marco Arellano, de la Coordinadora Plurinacional, también suscribieron esta indicación. En tanto, la convencional mapuche Rosa Catrileo dijo que estudiaría la indicación para tomar una decisión al respecto.

“Con esta propuesta estamos eliminando el Senado, el que nunca ha representado a los territorios y siempre ha sido parte de una élite, y creando una instancia nueva de representación de los pueblos de Chile”, dijo Madriaga.

Mientras tanto, en entrevista con Primera Pauta, de Radio PAUTA, el coordinador de la Comisión de Sistema Político de la Convención, Ricardo Montero, comentó que “el Senado como lo conocíamos ya no va a existir en las propuestas que hemos venido discutiendo. Lo que hay ahora es un órgano de representación territorial muy potente de las regiones […]. Lo que me llama la atención es que nos preguntan si se acabó el Senado, pero no nos preguntan si se acabó también la Cámara de Diputados. Bajo esos criterios uno podría contestar a las dos preguntas que sí”.

Unicameralismo Corregido o Bicameralismo Asimétrico

En los pasillos del Congreso Nacional sede Santiago se reconocía que el unicameralismo, tal como se había planteado, no concitaría los dos tercios requeridos en el Pleno. Si bien en un momento parte de la izquierda cedía para apoyar un sistema bicameral también solicitaban que los miembros de la nueva Cámara fueran designados por las Asambleas Regionales, uno de los órganos que se propone desde Forma de Estado. Sin embargo, la opción no tuvo apoyo y fue rechazada rápidamente.

La alternativa restante era mantener el Congreso Plurinacional y sumarle un nuevo órgano legislativo, pero con competencias muy acotadas y donde se eliminara cualquier referencia al Senado. Ante el complejo y cerrado escenario de negociaciones, los participantes del acuerdo lograron llegar a una fórmula: Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial.

Algunos le llaman Unicameralismo Corregido, mientras otros lo denominan Bicameralismo Asimétrico. En cualquier escenario, las indicaciones presentadas hablan un Congreso Plurinacional que reemplaza a la Cámara de Diputados. Este órgano tendría la representación política de la ciudadanía y funcionaría como el lugar de origen y fin de toda tramitación; es decir, todas las leyes pasarían por el Congreso Plurinacional. 

El Consejo Territorial sería el reemplazante del Senado, el cual queda definitivamente eliminado de la Carta Fundamental. Estaría encargado de la representación territorial, donde cada región tendría un mínimo de tres representantes, sin importar el tamaño de población de las mismas. Asimismo, se le agregarían escaños reservados y una composición paritaria. Si bien no hay un número definido se habla de que podría estar integrado por un poco más de 50 consejeros. 

En ese sentido, los consejeros durarían en sus cargos cuatro años y podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por un período en elecciones conjuntas con autoridades municipales y regionales. Además, sus sesiones estarían presididas por el Vicepresidente (a) de la República, que solo tendría derecho a voz.

¿Cuáles serían las facultades del Consejo Territorial? Las relativas al “presupuesto anual; la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria; las que alteren la división política o administrativa del país; las que reformen el texto constitucional en aquellas materias relativas a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; y las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional”.

Quienes critican la propuesta indican que las atribuciones del Consejo serían muy mínimas con respecto al Congreso. En ese sentido, una de las indicaciones a las que apuntan en esta materia señala que si el Consejo no entrega o niega una aprobación de ley de acuerdo regional en el plazo establecido en la ley “se entenderá que el Consejo aprueba el proyecto y será remitido al Presidente para su aprobación”.

Asimismo, en otro inciso de la indicación se lee que “si el Consejo Territorial negare su aprobación, podrá formular enmiendas que serán remitidas al Congreso Plurinacional. Si el Congreso Plurinacional no aprobare una o más enmiendas” podrá formarse una Comisión Mixta. Y se señala: “El proyecto modificado por la Comisión Mixta será despachado al Congreso Plurinacional, el que se pronunciará sobre las modificaciones propuestas por ésta. De rechazar las modificaciones realizadas por la Comisión Mixta, el Congreso Plurinacional podrá insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio”.

Al respecto, Raúl Celis (RN) comentó que “hay que considerar que estas propuestas excluyeron del todo a la centro derecha […] como sector a la centro derecha se le considera en las conversaciones sociales, hay un buen respeto en la discusión, pero cuando se habla de normas, cuando entramos al contenido de la Constitución, se prescinde casi por completo de sus ideas”.

También agregó que “lo que ha ocurrido acá en la práctica es una mayor concentración del poder en la cámara política y esa concentración implica una concentración del poder en la capital […] es un sistema unicameral con un maquillaje de bicameralismo, pero no es bicameralismo propiamente tal”.

De la postura anterior difiere el convencional Marcos Barraza (PC), quien señala que “se crea un Consejo Territorial que reemplaza el actual Senado, pero en términos asimétricos, por lo que transita en la dirección de un unicameralismo corregido […] permite que las personas que sean electos consejeros territoriales a nivel nacional tendrán que tener pertinencia, tanto al consejo territorial como a la respectiva asamblea regional autonómica, y eso le da una capacidad de deliberación a las regiones que hoy no lo tienen con el actual Senado”.

El nudo de las Asambleas Regionales: ¿podrán legislar?

A pesar de no haber sido aprobadas en el Pleno, la propuesta de “Asambleas Legislativas Regionales”, impulsada en la Comisión de Forma de Estado, sigue generando consecuencias en las definiciones del Pleno. 

Todo parece indicar que sí hay acuerdo para establecer Asambleas Regionales. De hecho, en las indicaciones ingresadas en Sistema Político hay una serie de referencias a estas. Es el caso de aquella que busca establecer que los candidatos a la Asamblea Regional y al Consejo Territorial se presenten en una misma lista, pero votados y elegidos separadamente.

Esa misma indicación agrega que los consejeros territoriales “son miembros de la Asamblea Regional a la que, dentro de sus competencias, representarán en el Consejo Territorial. La ley especificará sus derechos y obligaciones especiales, las que en todo caso deberán incluir la obligación de rendir cuenta para lo que serán especialmente convocados”.

¿Cuál sería el nudo entonces? Los integrantes de ambas comisiones coinciden en que el tema de las atribuciones legislativas es algo que genera ruido. En Sistema Político sostienen que los únicos organismos con potestades legislativas deben ser el Congreso Plurinacional y el Consejo Territoral. Sin embargo, en Forma de Estado insisten en que las Asambleas puedan dictar leyes y en ese sentido apuntan que el Pleno aprobó por dos tercios que las Regiones Autónomas tengan facultades legislativas. 

Aunque otros sectores de Forma de Estado sí estarían dispuestos a ceder esa potestad exclusivamente al Congreso y que las Asambleas hagan las bajadas de las leyes en el sentido reglamentario. Aunque hay una línea roja: los Core (consejeros regionales) no pueden tener las mismas facultades que hoy y deben revisar temas tributarios y económicos de las regiones. 

El nuevo coordinador de Forma de Estado, Claudio Gómez (Col. Socialista), comentó que era compatible un sistema como el propuesto con un Estado Regional y agregó que “logramos conversar con diversos convencionales y colectivos. Es que había que revisar y acotar su ámbito de competencia […] ya no serían asambleas legislativas, sino que podrían ser asambleas regionales de carácter normativa, donde podrían crear normativas, pero de un rango inferior a lo que es la legislación”.

En tanto, el integrante de la comisión de Forma de Estado Cristóbal Andrade (LLDP) dijo que en el tema tributario y fiscal “no vamos a transar, porque eso es la esencia del Estado Regional, porque el Estado Regional te da autonomía, pero también en el ámbito fiscal y tributos esperamos llegar a buen puerto con la comisión número uno”.

Catrileo sostuvo que “tratamos de pensar un sistema que estuviera en sintonía con las cosas que ya se han aprobado en la Convención, como es el tema de las regiones autónomas y también de las autonomías territoriales indígenas. Ambas propuestas aprobadas. Va en esa línea, por eso existe la propuesta del Consejo que le dará voz a los territorios y regiones autónomas en ciertos aspectos y decisiones que tienen que ver con temáticas de alcance nacional y afectación en los diversos territorios”.

Si bien ya es prácticamente un hecho que las indicaciones sobre la composición del Congreso serán aprobadas por mayoría en la Comisión, el panorama no están claro en el Pleno. De hecho, hay colectivos que mantienen diferencias entre sus integrantes. Es el caso del Colectivo del Apruebo, donde Chahín se mostró a favor de las indicaciones, pero Felipe Harboe mostró una posición contraria. “La eliminación del Senado es un error para los contrapesos políticos y la representación territorial, y responde a un revanchismo por ciertas votaciones”, dijo.

Las indicaciones comenzarían a votarse el próximo lunes 28 de febrero para luego elaborar un informe que sería debatido y votado, en general, en el Pleno del viernes 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando presidencial entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric.