Cómo en la Convención se debaten la libertad de expresión y las identidades

Marisol Peña analiza las normas discutidas tanto en Derechos Fundamentales como las aprobadas por el Pleno desde Sistemas de Conocimientos. Además, critica la propuesta de crear “Consejos Regionales”.

Materias sobre las libertades civiles, en especial las vinculadas con la expresión, han encontrado un seno de discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales y también en el debate en el Pleno por un informe proveniente de la Comisión de Sistemas de Conocimientos.

La confluencia de esos derechos en dos comisiones distintas es parte de los asuntos que la Convención Constitucional deberá resolver con posterioridad cuando consolide sus contenidos. 

La abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo (UDD), considera el debate da cuenta de áreas de interés múltiple en el órgano constituyente.

“Estamos observando claramente, por estos días, un cruce de materias entre las comisiones. Ayer [jueves] se verificó en el Pleno de la Convención, la votación de las 30 primeras propuestas de norma proveniente de la Comisión [Sistema de Conocimientos…]”, reseñó.

En esa discusión se habló de libertad de prensa. “Me llama la atención que haya una referencia bastante reiterada a la libertad de prensa, en circunstancia que es la libertad de expresión es el fenómeno genérico más amplio. Es más, he escuchado fundamentos de algunos convencionales en estos debates, en el sentido de que es la libertad de prensa la que sería consustancial a la democracia, y sucede que Chile fue condenado el año 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso famoso que todos recordarán, que es la película La Última Tentación de Cristo, y entre sus consideraciones, esta corte dijo que lo que está estrechamente ligado a la democracia es la libertad de expresión”, señaló.

El derecho fundamental a la libertad de expresión tiene dos líneas: libertad de opinar y libertad de informar, enseña la constitucionalista.

“Lo otro que preocupa es el fuerte encargo que se le hace al Estado de carácter regulador”, continúa. “Desde luego se señala que el Estado será el responsable de velar por el pluralismo al interior de los medios de comunicación, pero en el mismo debate de la Comisión de Medio Ambiente se preguntaban algunos convencionales qué significa ‘velar’. Puede significar esto que el Estado entre a censurar, y, por tanto, a impedir en forma previa la difusión del contenido decidido por ciertos medios como parte de su línea editorial y programática”.

En esa materia, también plantea una cautela ante las normas que apuntan a regular “monopolios” mediáticos. “Escuchaba muchas reticencias que se manifestaban frente al monopolio de ciertos grupos económicos o de ciertas personas respecto de ciertos medios de comunicación. Pues en rigor lo que se prohíbe internacionalmente es el monopolio estatal sobre los medios de comunicación. Porque si el Estado domina todos los medios de comunicación, es muy difícil pensar que va a haber un efectivo pluralismo y que vamos a tener distintas miradas para formarnos una opinión objetiva. Por lo tanto, esto de sancionar a ultranza sin distinción, el monopolio sobre los medios de comunicación social, me parece que ahí introduce un signo de interrogación que puede incluso entrar en conflicto con la libre iniciativa en materia económica”.

Las identidades

Entre los artículos aprobado en particular por la Comisión de Derechos Fundamentales se considera aquella que establece que el Estado debe velar y promover la presencia de pueblos originarios en los medios de comunicación, incluso con sus lenguas.

“Estamos ahí en ese evento en el peor de los mundos, porque le estamos dando un verdadero cheque en blanco al Estado. Ahora, ¿cómo podría ser interpretada esa norma de velar por la presencia de lo que es las diversas culturas existentes en nuestro territorio? Nuevamente como imposiciones a los medios para detener determinadas horas de programación dedicadas nada más a la difusión de estas culturas, que no son otra cosa que diversas identidades. Pero también podría suceder que se obligara a los noticiarios, o a este mismo programa a tener una traducción simultánea, ya no con lenguaje de señas, sino que además en los lenguajes de los pueblos originarios”, ejemplificó.

Precisamente se deriva de ese tema otro similar: las identidades. Hay algunas propuestas que buscan proteger ese derecho, que en la redacción incluye la nacionalidad, la etnia, la cultura, el género y las percepciones sexoafectivas, “entre otras”, dice el texto aprobada en la Comisión de Derechos Fundamentales.

“Hace tiempo ya el derecho internacional de los derechos humanos y algunos tratados internacionales, podemos citar aquí la Convención de los Derechos del Niño, han venido expresamente el derecho a la identidad. Pero [lo hacen] de una manera objetiva. El niño tiene por esencia el derecho a que se obtenga el reconocimiento de su origen, de dónde viene, quiénes son sus progenitores. Por lo tanto, el derecho a la identidad, dentro de la construcción internacional ahora ha sido trabajado y reconocido de una forma objetiva, no sobre la base de la auto precepción que cada uno levante”, comenta la abogada constitucionalista.

“El Tribunal Constitucional”, recuerda, “en una sentencia reconoció el derecho la identidad como un derecho implícito en la Constitución, que derivaba por un lado de la dignidad humana y también del derecho a la honra de toda persona y su familia, sin necesidad de que estuviera consignado expresamente [en la Constitución]”.

Despojos y expropiación

Otras iniciativas aprobadas en comisión hablan de “despojos” cometidos por el Estado a territorios indígenas, y a partir de ello propone la “restitución” de tierras a individuos o colectivos.

“Es perfectamente legítima la propiedad individual de una persona perteneciente a la etnia originaria, cumpliendo todas las disposiciones legales que se encuentran vigentes. Si [una persona] ha adquirido la propiedad de una tierra que conforma las disposiciones legales vigentes, es indígena y el título de propiedad aparece inscrito en el respectivo conservador de bienes raíces a su nombre, no me parece justo que la nueva Constitución le venga a desconocer ese derecho, que haya un retroceso en el nivel de protección y que le impongan compartir esa tierra con esas personas que provengan de los mismos ancestros. El segundo tema tiene que ver con la identidad. Cuando se haga la historia de esta convención constitucional vamos a ver que hay ciertos conceptos que han tenido una figuración transversal a través del tiempo. Uno de ellos es el de identidad, otro el de patriarcado y otro el de colonialismo. Desgraciadamente el concepto de identidad que está muy asociado a tesis de algunos autores que están en la línea de lo que se llama el populismo, postulan nociones de identidad que tienen que ver con reivindicaciones históricas, pero tremendamente subjetivas”, dice Marisol Peña.

Si se aplicara a la letra la propuesta que avanzó en la comisión -falta el Pleno- sobre eventuales restituciones, “uno debiera pensar en expropiaciones. Expropiaciones para que volviera al Estado las propiedades correspondientes volvieran y pudieran ser reasignadas conforme a nuevos caminos. Pero aquí hay algo más profundo de carácter estructural con esta norma referida al despojo. Desde mi punto de vista no se compatibiliza con una sana técnica constitucional, que la Constitución regule cosas del pasado. Eso puede estar en el preámbulo de la Constitución”, afirma.

¿Bicameralismo asimétrico? No: “Es una trampa”

Entre los elementos que despetaron controversia fue un acuerdo “transversal” entre convencionales del Colectivo Socialista, Frente Amplio, Chile Digno y otros movimientos de izquierda para cambiar el Congreso: se elimina el Senado y la Cámara de Diputados pasa a ser el Congreso Plurinacional.

Pero el detalle está en un aspecto: no hay Senado, pero la propuesta dice que se establece el “Consejo Territorial”, con representantes de regiones y bajas atribuciones legislativas.

“A mí me parece una trampa […] Cuando originalmente en la comisión se aprobó la idea de avanzar hacia un régimen unicameral y hacer desaparecer el Senado y entre otras reacciones, varios senadores hicieron una consulta ante la Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa, cuyos representantes ciertamente están ahora en Chile, para recabar antecedentes y responder si una eliminación ipso facto del Senado, irían contra la democracia, a mí me parece un despropósito y una trampa. Estamos viendo en realidad un unicameralismo disfrazado, porque el criterio sobre el cuál se ha estructurado la representación de los senadores a lo largo de nuestra historia republicana ha sido el criterio territorial”, señala Marisol Peña.

“Esto es simplemente un Congreso unicameral”, resume.

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El espacio de esta semana fue conducido por Eduardo Olivares, editor general de PAUTA.

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