El desacuerdo convencional: ¿Cuánto poder podría tener una segunda “cámara”?

El nudo radica en las atribuciones e incidencia legislativa que un “nuevo Senado” tendría en la propuesta constitucional.

¿Se respetó la “fórmula” del acuerdo? Esa era la pregunta que rondaba en los pasillos del ex Congreso Nacional, luego de que el martes 1 de marzo la Comisión de Sistema Político aprobara una indicación presentada por convencionales de Vamos por Chile como Marcela Cubillos, Constanza Hube y Arturo Zúñiga, la que reemplaza el concepto de “Consejo Territorial” por “Cámara Territorial”. 

Las indicación original tuvo algunas “enmiendas amistosas” y, tras ello, ese artículo (N° 12) fue aprobado por 14 votos a favor y 11 en contra. Contó con el resplado de la derecha y la centro izquierda -Independientes No Neutrales, Colectivo del Apruebo y Colectivo Socialista-. El PC, Frente Amplio, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) rechazaron esa propuesta. 

Presentamos una indicación, que fue aprobada, para reponer la existencia de una Cámara Territorial con incidencia en el proceso legislativo y empezar a alejarnos del unicameralismo que se había instalado. Un avance https://t.co/0zr7L0WFHO vía @emol

— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 1, 2022

Pero en el fondo, más allá del cambio “retórico”, esta indicación dota de más atribuciones a esta “segunda cámara”, en comparación a las establecidas por el acuerdo “transversal” de hace una semana. En aquella fórmula propuesta, el “Consejo Territorial” solo tenía potestad para la revisión presupuestaria y leyes de incidencia regional, por ejemplo, y siempre sometido a una última palabra del Congreso Plurinacional (actual Cámara de Diputados).

Sin embargo, este artículo aprobado indica que “corresponderá a la Cámara Territorial conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de ley que afecten las competencias de las regiones, de ley sobre votaciones populares y el sistema electoral […]”. Por tanto, aumenta las atribuciones inicialmente contempladas. 

Pero el trasfondo del asunto es que esta indicación logró los votos requeridos por el apoyo de colectivos que firmaron el acuerdo, como el Colectivo Socialista e INN, lo que generó “molestias” en algunos constituyentes. 

El convencional Marco Barraza (PC) cree que “ellos se sintieron muy presionados por sus respectivos partidos, senadoras y senadores. Es evidente que ha existido una presión por parte del establishment para conservar el Senado en los términos que hoy día existe y veo que ha tenido efecto en algunos constituyentes”. El convencional comunista agregó que “tenía la presunción que podía darse esa situación. Uno nunca se deja de sorprender, pero hay un intento por desdibujar el acuerdo”. 

Pero estas afirmaciones son desestimadas por Max Hurtado (Col. Socialista). “Sin lugar a duda yo desmentiría cualquier tipo de presiones. Nosotros hemos mantenido siempre un grado de independencia respecto de los poderes constituidos, lo que por cierto no significa tener comunicaciones, pero entendemos que el lugar para tomar esas decisiones viene dada por la legitimidad de una elección democrática, y por tanto descartaría cualquier tipo del Partido Socialista desde su orgánica y otros mandatarios”, sostiene.

Atribuciones e incidencia legislativa 

Pero a pesar de este primer impasse en la votación en particular en la comisión, los constituyentes que forman parte de este acuerdo creen que aún no se ha arribado a los artículos más decisivos. En aquella instancia se quedará en evidencia el cumplimiento o no de la “fórmula” prevista. 

En esa línea, el convencional Barraza adelanta que “aún no votamos las indicaciones sobre ‘Consejo Territorial’ porque no han sido vistas, y ahí tenemos que ver cuál será la conducta de quiénes sostuvieron el acuerdo y que inicialmente estaban por una posición tajante de mantener el Senado”. Además, cree que la propuesta de una  “Cámara Territorial” no cuenta con la votación requerida en el Pleno. 

Alondra Carillo (MSC) pone ese freno: “Me parece que es muy pronto para poner en entre dicho las confianzas, pienso que todavía faltan trámites en la Comisión y en el Pleno”. Por ejemplo, la convencional indica que “sin duda que el contenido sustantivo del acuerdo está puesto en la tramitación de la ley y el flujo de tramitación”, y argumenta “el Congreso Plurinacional es el lugar de inicio y de término de todas las tramitaciones legislativas y también para de leyes de acuerdo nacional”.

Es decir, el punto nervioso de la propuesta solo se conocerá cuando se vote el articulado sobre cómo se tramitan las leyes.

El coordinador de la Comisión, Ricardo Montero (Col. Socialista), enfatiza que “la ‘línea editorial’ está clara desde un inicio y no nos hemos movido respecto a eso en lo esencial, y lógico que sí nos hemos movido en acomodarlo para lograr la mayoría de 2/3”. El convencional también cree que aún quedan muchas definiciones por votar, “como por ejemplo el proceso de tramitación legal”. 

Por ejemplo, Guillermo Namor (INN), comenta a PAUTA que además del tema de las atribuciones, ellos insitirán en otorgarle más facultades legislativas a esta “segunda cámara”. “A diferencia de Costa Rica, país que se pone de ejemplo de presidencialismo unicameral, Chile será un estado regional, no unitario como ellos, de ahí la necesidad de fortalecer una instancia nacional de coordinación del proceso de descentralización”, explica.