Qué dice el plan de Gobierno de Boric sobre la Macrozona Sur
El programa impulsa un “diálogo plurinacional”, sustituir la Ley antiterrorista, impulsar el cumplimiento de tratados internacionales y crear una comisión de verdad “que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas”.
La primera amenaza pública ocurrió el 21 de diciembre, dos días después de que el Presidente Gabriel Boric fuera electo en la segunda vuelta. Fue cuando el grupo armado Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), a través de un comunicado público, se adjudicó un atentado incendiario que destruyó 31 casas en la ribera del lago Lanalhue, en Contulmo, Región del Biobío: “El weichan (la lucha) no parará. Ni con Piñera ni con Boric”, señalaba un panfleto.
Tres meses más tarde, y apenas 48 horas horas después de que Boric asumiera en La Moneda, hubo otro ataque incendiario, nuevamente en Contulmo: los agresores destruyeron dos galpones de la familia de Edgar Grollmus, y mataron y calcinaron un caballo. En la casa del cuidador dejaron una pancarta del grupo Weichan Auka Mapu. Tal como el RML, es una de las cuatro agrupaciones radicalizadas que operan en la Macrozona Sur.
El hecho de mayor notoriedad pública, sin embargo, ocurrió en la mañana de este martes 15 de marzo. Una ráfaga de disparos y la obstrucción del camino impidieron que una comitiva dirigida por la ministra del Interior, Izkia Siches, continuara su viaje a la comunidad de Temocucui, en la comuna de Ercilla (La Araucanía). Era la primera visita de la autoridad a la Macrozona Sur. La policía la evacuó a la comisaría de Ercilla.
La comitiva está integrada, además de Siches, por otros cuatro ministros: Maya Fernández de Defensa, Jeanette Vega de Desarrollo Social, Juan Carlos García de Obras Públicas y Marco Ávila de Educación. También por dos los subsecretarios: Eduardo Vergara de Prevención del Delito, y Miguel Crispi, de Desarrollo Regional (Subdere).
Pasadas las 14 horas, la ministra del Interior señaló que “el gobierno no va a retroceder en el plan” que estaba previsto de visitar “a todas las víctimas” para escucharlas. “Esta no va a ser nuestra última visita. Lo que necesita La Araucanía es la presencia de un Estado robusto. La ausencia del Estado ha dejado a muchos en el camino. Necesitamos reparar este camino de violencia y reencontrarnos en la paz […] Aquellos grupos que esperan que la violencia impere [de narcotráfico y robo de madera], como país los vamos a enfrentar”, indicó
“Hay varios problemas de seguridad, pero también desde una deuda del Estado. Vamos a asistir con el ministro de Obras Públicas y con la ministra de Defensa para ver cómo va a ser la desescalada del estado de excepción en el ‘Wallmapu’, tomando todos los resguardos”, planteó.
Siches iba camino a reunirse con Marcelo Catrillana, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien murió de un disparo durante un operativo de Carabineros en Temocuicui el 14 de noviembre de 2018. Por el homicidio fue condenado a 16 años de cárcel el exsargento del GOPE Carlos Alarcón. También fueron sentenciados otros seis funcionarios policiales y un abogado de la institución por obstrucción a la justicia.
Finalmente, la reunión se concretó, según confirmó la ministra Siches en su cuenta de Twitter: “Conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá”.
Conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá. pic.twitter.com/xvFZSNCyOV
— Izkia Siches Pastén (@izkia) March 15, 2022
Sin embargo, la cita no ocurrió en Temocuicui, como pretendía el Gobierno, sino que en la Municipalidad de Ercilla. Se trata de la misma comunidad donde, en enero de 2021, murió de un disparo el detective Luis Morales Balcázar durante un masivo operativo de la PDI por tráfico de armas y drogas.
Hasta el momento, la única pista sobre una posible reivindicación de los hechos es un panfleto encontrado por carabineros en la Ruta R-50, cerca del puente Tricauco, formado por “resistencia mapuche”. Señala: “Izkia Siches, mientras existan presos políticos mapuches, no habrá diálogo. Por Kamilo Katrillanca [sic] y todos los caídos en combate. En Wallmapu no aceptaremos ningún soborno de Estado asesino”.
Quien liderará la investigación será el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Schiba. El funcionario informó que un vehículo en llamas bloqueó el camino por donde transitaba la comitiva ministerial antes de que comenzaran los disparos al aire.
Estado de excepción termina el 26 de marzo
Los disparos al aire, mientras transitaba la comitiva, ocurrieron en circunstancias en que aún está vigente el estado de excepción constitucional en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y en Malleco y Cautín, Región de La Araucanía.
La medida fue decretada por primera vez por el expresidente Sebastián Piñera el 12 de octubre de 2021. Fue ratificada por el Senado, por décima vez, el 8 de marzo. Estará vigente hasta el 26, pues el Gobierno entrante decidió no prorrogarla.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo esta mañana de martes 15 que el episodio que afectó a Siches “sucedió en estado de excepción: creo que eso lo responde todo”.
“Nosotros tenemos la evaluación de que necesitamos planificar una retirada para poder terminar con el estado de excepción, porque creemos que la solución no es la guerra, no es el enfrentamiento armado sino que la paz. Nuestra evaluación es que no ha sido la decisión más efectiva y eficaz para dar solución a un problema que es político, que es histórico y que requiere poner en el centro el diálogo”, agregó.
Anunció que el itinerario en la zona “va a continuar”.
Piñera decretó el estado de excepción luego de sucesivos episodios de violencia. Entre ellos la quema de dos templos, uno católico y otro evangélico, y la toma del “Sitio histórico matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes” de la Conaf. El hecho fue acompañado por la difusión de un video por Facebook
Pero, además, la medida se decretó tras el informe que elaboró el ministro de la Corte Suprema Arturo Prado sobre la situación de los tribunales en Cañete. El magistrado señaló que “existe miedo y temor de jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para concurrir a trabajar, síntoma que se repite aun cuando permanezcan con trabajo a domicilio”.
Asimismo, un conjunto de fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, emitidos entre agosto de 2020 y octubre de 2021, habían reiterado los conceptos “omisión” y “falta de eficacia” por parte del Estado en los hechos de violencia en la Macrozona Sur.
En paralelo, en abril de 2021, hubo un hecho que marcó un hito policial y judicial y que sigue en investigación reservada: la detención y formalización de J.P.P.V., funcionario judicial encargado de las actas del Juzgado de Garantía de Traiguén. En su casa había un arsenal compuesto por municiones, fusiles, explosivos y una subametralladora y diversas armas.
Lo que Boric dijo en campaña
El 10 de diciembre, nueve días antes de los comicios en que fue electo Presidente, en el debate organizado por la Asociación de Difusores de Chile (Archi) frente al candidato de Republicanos, José Antonio Kast, Boric fue consultado sobre cómo enfrentaría la violencia en la Macrozona Sur.
Entonces respondió que lo que proponen “es un diálogo, tal como el que está llevando adelante el Centro Nansen, junto con las iglesias, las universidades, las comunidades, para llevar adelante un proceso de reencuentro y de reconstrucción de confianza, que es mucho más difícil”.
Y añadió: “Tengo la convicción, como me lo dijo el obispo evangélico de Temuco, de que las armas, las metralletas y los tanques no van a terminar con la violencia en La Araucanía. Lo que va a terminar con la violencia en La Araucanía es el encuentro entre dos pueblos […] De lo que nosotros tenemos que hablar ahí es territorio y autodeterminación, tal como lo han hecho países como Nueva Zelandia o Canadá. Se puede hacer de una manera diferente, sin violencia”.
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En la vocería que realizó Vallejo en La Moneda, reiteró esos conceptos de campaña: “El camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el ‘Wallmapu’, particularmente en La Araucanía, es un camino que sabíamos que iba a ser difícil, que no va a estar exento de dificultades. Sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo”.
Lo mismo que señaló, pasadas las 14 horas, la ministra Izkia Siches en el punto de prensa que dio tras lo ocurrido en Ercilla, y reiteró que el camino es el diálogo y la presencia del Estado.
“El territorio es distinto. Las necesidades de nuestros distintos territorios requieren de una mirada integral”, agregó.
¿Qué dice el plan de Gobierno?
En el programa de gobierno de Boric, la situación de violencia en la Macrozona Sur no se aborda en el capítulo de seguridad, en el que tras la segunda vuelta puso el foco en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
En cambio, en el capítulo sobre Pueblos Originarios y Tribal afrodescendiente, el plan de gobierno señala lineamientos sobre plurinacionalidad, restitución de tierras, sustitución de la ley antiterrorista; una Comisión de Verdad -como la que anunció la ministra Siches este 15 de marzo- además “un programa de reparación dirigido a la niñez mapuche víctima de la violencia estatal asociada al conflicto territorial”.
Sobre este punto, dice el programa: “Frente a la violencia estatal sufrida por las niñas y niños en las comunidades mapuche, adoptaremos las medidas
necesarias para desmilitarizarlas y reparar el daño sufrido”.
Entre las medidas del gobierno entrante, en su programa se propuso el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio, “lo que incluye la perspectiva intercultural que nos permite comprometernos con la autodeterminación, la integridad, la cultura y la lengua de todos los pueblos como un derecho, en un marco de respeto mutuo”.
También, dice que busca impulsar el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado de Chile. En este ítem, el Gobierno se comprometió a 13 puntos:
1. “Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios”.
2. Implementar “de buena fe el Convenio 169 de la OIT en su conjunto, lo que incluye el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el patrimonio cultural e intelectual y los derechos sociales”.
3. Crear, en conjunto con los pueblos originarios, “una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena”.
4. La adopción, en consulta con los pueblos originarios, de “la legislación e institucionalidad que requiera la implementación de la nueva Constitución en
materia indígena”.
5. La incorporación de iniciativas autónomas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud.
6. La sustitución de la la Ley 18.314 Antiterrorista “por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas, y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir su utilización como herramienta
de persecución política”.
7. La creación de “una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico Intercultural que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas desde el retorno a la democracia, y proponga medidas de reparación integral”.
8. La derogación del DL 701 para “sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales”.
9. La adecuación de “la legislación sectorial minera en materia de aguas (Código de Aguas y de Minería) y la que regula las concesiones de energía geotérmica (Ley 19.657), “para garantizar los derechos de agua de las comunidades indígenas aledañas a las faenas mineras y geotérmicas”.
10. La adecuación, en consulta con los pueblos indígenas, de programas de fomento de la producción e innovación desde la Corfo e Indap.
11. La creación de “corredores territoriales bioculturales, con participación de los pueblos indígenas, incorporando el manejo integrado de cuencas para
la gestión de las aguas”.
12. Ajustar el reglamento de la Ley que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios “para fortalecer su cumplimiento irrestricto y evaluar,
en conjunto con los pueblos concernidos, las modificaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos”
13. Y el establecimiento “de un sistema de cogestión con los pueblos originarios del sistema de áreas naturales protegidas, incluyendo las áreas marinas”.