Un mayor rol del Estado: las propuestas sobre la seguridad social que analizan los convencionales

La Comisión de Derechos Fundamentales vota iniciativas que transforman el mecanismo de ahorro previsional.

Se trata de una de las demandas que, entre cánticos y cacerolas, marcaron el estallido social de octubre de 2019: un nuevo sistema de previsión social. Ya iniciado el proceso constituyente, los convencionales han dedicado varias propuestas y horas de debate sobre esta materia. Y hay de todo: desde aquellas ideas que buscan refundar todo, hasta iniciativas populares que plantean la protección de los ahorros de los actuales cotizantes ante eventuales expropiaciones de esos fondos. Por cantidad, sin embargo, la mayoría de las iniciativas le da un mayor poder al Estado y restringe el actual mecanismo de ahorro previsional basado en la capitalización individual.

El miércoles 16 de marzo, las subcomisiones 3 y 4 de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional comenzaron la deliberación de las ocho iniciativas de normas constitucionales presentadas por sus convencionales en materia de derecho a la seguridad social y al trabajo.

La mayoría de las propuestas apuntan a consagrar la seguridad social como un derecho fundamental. Según lo establecido actualmente por la Constitución de 1980 en la materia (art. 19 nº 18), el Estado tiene el rol de “supervigilar” su “adecuado ejercicio”. Ahora, la mayoría de las iniciativas apuntan a que el Estado tenga un papel primordial en un nuevo sistema. Se habla, por ejemplo, de un régimen universal y solidario y, en algunos casos, incluso de reparto.

Junto con ello, se discute de dónde debe venir el financiamiento del nuevo sistema: de las cotizaciones individuales, del Estado o de un modelo tripartito.

Solidaridad y universalidad, principios base

La primera propuesta en debatirse en la tercera sesión de la subcomisión 3 fue la iniciativa 436, presentada por los convencionales de izquierda Elsa Labraña (Coord. Plurinacional), Tania Madriaga  (Coord. Plurinacional), Wilfredo Bacián (quechua de Coord. Plurinacional) y Carolina Vilches (MSC), entre otros. El texto señala en primer lugar que será deber del Estado “consagrar un auténtico régimen público de seguridad social para todas las personas, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante estados o situaciones de necesidad”. 

Se habla de una garantía a través de un “régimen nacional previsional y de seguridad social administrado por el Estado”. El texto no hace referencia al rol de los privados en materia previsional. 

El sistema propuesto se basa en principios como la “solidaridad, universalidad, comprensividad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera y redistribución de ingreso; igualdad y uniformidad de trato; unidad, responsabilidad estatal, eficiencia, y participación de los y las trabajadoras en su gestión”.

Al respecto, la convencional explica que la universalidad dice relación con que “las prestaciones de la seguridad social lleguen a todas las personas, independiente de si han cotizado o no en el sistema, o si han tenido participación en la vida laboral o no”. Sobre la sostenibilidad financiera y la suficiencia, Elsa Labraña plantea que el Estado debe contar con los recursos que son necesarios para este sistema. Se trata de un retorno al sistema de reparto.

La iniciativa 655, propuesta por la Red feminista de profesoras de derecho del trabajo y la seguridad social, y patrocinada por Jeniffer Mella (Ind. Frente Amplio), es más directa. Junto con consagrar el derecho a la seguridad social, que se refleja en pensiones por “vejez, salud y cesantía”, con fundamento en los principios de “solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad, igualdad, obligatoriedad y participación”, el artículo propuesto establece que la administración del sistema “recaerá exclusivamente en el Estado”.

Los convencionales firmantes afirman que el principal defecto del actual régimen previsional es “eliminar el concepto de solidaridad […], negando por ende la posibilidad de recurrir a herramientas distintas al ahorro individual y además, permitir que existan privados con ánimo de lucro en la administración de éstos ahorros”.

Otra propuesta que excluye al sector privado es la iniciativa 589, discutida en la subcomisión 4 y presentada por María Trinidad Castillo (Col. Socialista). El texto plantea que deberá haber normas transitorias que regulen el paso de un sistema con instituciones con fines de lucro “hacia la prohibición de tener participación de instituciones privadas con fines de lucro dentro del ámbito de la seguridad social”, dado que el Estado será el garante principal del derecho discutido.

El abogado laboralista y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez Hugo Cifuentes apunta, en conversación con PAUTA, que “el Estado tiene el deber de crear, organizar, regular, controlar y gestionar el sistema de seguridad social. Pero esa gestión no debiera ser exclusiva del Estado, ya que podrían involucrarse también entidades privadas sin fines de lucro. Es bueno que el Estado recurra a la colaboración de privados”.

El debate sobre cómo financiar las futuras pensiones

Donde no hay acuerdo es en la forma en que se financiará el nuevo sistema previsional. Para la convencional Labraña, el Estado “tiene que hacerse cargo de los recursos estratégicos del país para poder generar recursos para pensiones y así poder atender las demandas de la población”.

En la misma línea, la iniciativa 589 asegura que se debe transitar desde un régimen basado en las cotizaciones de los trabajadores “hacia un financiamiento mediante impuestos generales y específicos. Será condición para ello, el que exista un sistema tributario justo, donde los impuestos sean equitativos, solidarios y progresivos”, dice esa idea.

Cifuentes plantea que a nivel internacional existen modelos previsionales financiados completamente por el Fisco, “pero no es lo más común, y tampoco lo más consistente con nuestra historia, que ha estado marcada por lo cotizacional. Sería un cambio muy fuerte, revolucionario, pues tendríamos que incrementar el costo de la seguridad social en muchísimo”.

La abogada Teresita Tagle, profesora de derecho del trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, plantea sus reparos a esta idea. “Pensar que el Estado tendrá todos los recursos para financiar todos los derechos sociales es prometer algo muy difícil de cumplir, porque es necesario resolver cómo se recaudarán más recursos, y eso no está definido”, opina.

Actualmente, el sistema de pensiones se basa en tres pilares: uno contributivo (cotizaciones obligatorias de los trabajadores), uno voluntario (aportes extra de los mismos trabajadores) y solidario (financiamiento del Estado a las pensiones más bajas). 

La propuesta 570, presentada por los convencionales comunistas Valentina Miranda, Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda, plantea un sistema tripartito. Busca mantener el financiamiento a partir de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, y agrega la figura de las cotizaciones obligatorias de los empleadores y el aporte estatal.

Tagle aclara que “actualmente hay contingencias que se financian en forma tripartita”, como el seguro de cesantía y los accidentes del trabajo, donde “la participación del Estado ya se da, pero podría perfeccionarse más”.

“Con mi plata no”, la iniciativa popular más apoyada

Desde la vereda contraria se asoma “Con mi plata no”, iniciativa popular de norma que con el apoyo de 60.852 personas se transformó en la más respaldada del proceso.

La propuesta tiene cuatro ejes principales: garantizar la propiedad sobre los fondos actuales y futuros y volverlos heredables; la libertad de elegir entre instituciones públicas o privadas; la igualdad de género en los pagos a partir de los mismos montos ahorrados; y una pensión básica universal, financiada por impuestos.

Sin embargo, el foco principal de la iniciativa, que le da su nombre, está en resguardar los actuales ahorros. En las normas transitorias que propone se establece: “En ningún caso la ley podrá expropiar, nacionalizar ni reducir los fondos de estas cuentas o afectarlas a un destino o titular distinto de la pensión del cotizante o de sus herederos”.

Esta propuesta fue presentada ante la comisión el 10 de marzo, en una instancia marcada por el debate entre los convencionales miembros y sus impulsores.

Existe además otro par de propuestas en materia de seguridad social presentadas por convencionales de derecha. Apuntan a fortalecer los mecanismos de capitalización individual. Sin embargo, hay dudas de que puedan pasar la fase de aprobación en la Comisión de Derechos Fundamentales.

¿Qué viene ahora?

Las iniciativas serán votadas por la comisión de Derechos Fundamentales en general y luego en particular, a partir de esta semana.

Luego, aquellas normas aprobadas por mayoría simple de los miembros de la instancia, pasarán a formar parte del segundo informe que la comisión presentará al Pleno. En el Pleno solo aquellos artículos (o incisos) que superen los dos tercios en particular pasan al borrador final de la propuesta de nueva Constitución.