Comisión de Sistema Político: acuerdo establece un bicameralismo asimétrico y un presidencialismo atenuado

La propuesta firmada por ocho colectivos, que no incluyen a la derecha, considera un Congreso de las Diputadas/os y una Cámara de las Regiones. También elimina al Ministro de Gobierno y la vicepresidencia.

A solo 15 minutos del inicio del martes 29 de marzo y también del cierre del plazo fijado para las indicaciones, la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional generó una nueva propuesta sobre materias como la composición del Congreso y la estructura del Poder Ejecutivo. Ambas claves para cualquier Carta Fundamental.

El denominado “Gran Acuerdo Sistema Político Final” fue firmado por la Coordinadora Plurinacional, Pueblos Originarios, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes por una Nueva Constitución.

Los convencionales Constanza Schonhaut (FA) y Fernando Atria (FA) estuvieron la mayor parte del tiempo a cargo de teclear cada una de las indicaciones que generaban acuerdo en la comisión. Durante seis días ese fue el ritmo de todos los integrantes de la instancia, con la excepción de Renato Garín (Ind) y Fuad Chahin (Col. Apruebo). Este último incluso suspendió su participación en las conversaciones, acusando que la propuesta ponía en riesgo la democracia.

En tanto, la derecha, que en el primer informe no participó del acuerdo, ahora se sentó en la misma mesa junto a colectivos como la Coordinadora Plurinacional o Pueblo Constituyente. “Ha habido buen ambiente, se ha conversado. El hecho de estar ahí es algo inédito. Pero nosotros seguimos siendo una minoría y, por lo tanto, nuestras propuestas a veces se escuchan y en otras simplemente tenemos que seguir concursando”, dijo Cristián Monckeberg (RN).

Participaron de las reuniones, pero no firmaron las indicaciones junto a la izquierda. En el caso de los Independientes-UDI, ingresaron sus propias propuestas como una dupla paritaria en el Gobierno, con una presidencia y una vicepresidencia. En el Legislativo mantuvieron la denominación de una Cámara de Diputados y un Senado.

“La Convención no puede seguir avanzando hacia un sistema en que quien controle el Congreso de Diputados tenga el poder total, porque una democracia no funciona sin contrapesos al poder político”, advirtió Marcela Cubillos (Ind. UDI)

El primer gran nudo que tuvo que resolver la comisión se refería a la estructura del Poder Legislativo. El tira y afloja era principalmente entre unicameralistas, que habían cedido a establecer una nueva instancia legislativa que no fuera revisora, y bicameralistas, que buscaban rescatar más atribuciones para la cámara que reemplazara al Senado, aunque no fuera idéntica a la actual y que tuviera una verdadera representación regional. 

El primer logro fue de los unicameralistas, como el PC y el FA, quienes avanzaron en establecer que toda la tramitación de la ley comience y termine en el Congreso de Diputadas y Diputados; es decir, el grueso de la legislación recaería en la cámara de representación política. 

Sobre dicho órgano también se acordó que sea deliberativo, paritario y plurinacional, y que esté integrado por un número no menor a 155 miembros. Además, se enumeró una serie de atribuciones como fiscalizar los actos del Gobierno; otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días; conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas, o administrativas, y los tribunales superiores de justicia; entre otras.

Luego los bicameralistas, como el Colectivo Socialista y la derecha, lograron incorporarle mayores atribuciones a la Cámara de las Regiones. Un primer paso fue definir su composición, donde se definió que también sea un órgano deliberativo, paritario y plurinacional, pero su representación sería regional. Además, estará integrado por un número igual de “representantes regionales” por cada región, el cual no podrá ser inferior a tres.

“Nosotros hemos empujado la idea que sus atribuciones estén vinculadas a la naturaleza regional de su principio. Otros han empujado por la solución que tenga más atribuciones y hemos tratado de hacer coincidir estos dos criterios: ampliar facultades, pero que sigan respondiendo a su principio regional”, comentó Atria, horas antes del acuerdo final.

Esa coincidencia llegó al incorporarle una serie de materias de acuerdo regional a las que podría concurrir la Cámara de las Regiones. Ahí se enumeran materias como ley anual de presupuesto; sistema electoral; división político-administrativa; reformas constitucionales sobre Ejecutivo y Legislativo; además de reformas sobre órganos como la Contraloría y el Servicio Electoral (Servel), entre otras.

Ley: tramitación y enmiendas

También se acordó que el “Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se renovarán en su totalidad cada cuatro años”.

Sobre la tramitación de la ley, se definió que un proyecto de acuerdo regional aprobado por el Congreso de las Diputadas/os deberá ser aprobado o rechazado por la Cámara de las Regiones. En caso de ser aprobado, el proyecto será enviado al Congreso para que lo despache al Presidente de la República para su promulgación como ley. 

En caso contrario, podrá ingresar enmiendas al proyecto para que sea revisado nuevamente por el Congreso de Diputadas/os. Si no hay acuerdo sobre las enmiendas se activará una comisión mixta donde se propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Sobre este punto, la propuesta señala: “Estas enmiendas serán votadas por el Congreso. Si todas ellas fueren aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. En caso contrario, el proyecto originalmente aprobado por el Congreso, con las enmiendas que hubieren sido aceptadas por éste y sin las disposiciones sobre las que recayeren enmiendas no aprobadas, podrá ser despachado. Con todo, si en una nueva votación contare para ello con el voto favorable de cuatro séptimos de los presentes, el Congreso podrá insistir en la formulación original de estas disposiciones”.

En la práctica, los convencionales hablan de la eliminación del Senado como lo conocíamos. La constituyente Bárbara Sepúlveda (PC) sostuvo que con la nueva propuesta “por fin se cimenta el fin del Senado como una institución que ha representado un obstáculo muchas veces para la democracia, para el sentir popular, para las grandes transformaciones sociales que Chile ha esperado por décadas”.

Fallido intento del triunvirato en La Moneda

Resuelto el tema del Congreso, la Comisión debía resolver otro puzzle: el Poder Ejecutivo. En ese punto las propuestas de los convencionales se movían en tres direcciones. Por un lado, algunos colectivos como el FA y Movimientos Sociales proponían la figura de un Ministro de Gobierno, encargado de las coordinaciones del Gabinete y de conducir las gestiones legislativas del Gobierno. En la otra vereda,  estaban quienes preferían una dupla paritaria en La Moneda, donde un vicepresidente/a asumiera la conducción del Ejecutivo, en caso de cesación en el cargo de Presidente. En este último grupo aparecían colectivos de la derecha, el PC y el Colectivo Socialista.

Una cosa era segura desde el principio, las tres figuras no eran viables para la conducción del Gobierno. En ese contexto, se comenzó a discutir la opción de eliminar ambos cargos que acompañarían al Presidente, de modo tal que La Moneda solo quedara encabezada precisamente por el Presidente, y así fue. Uno de los principales impulsores de esta idea, y que propuso esta salida en la reunión, fue el convencional Pedro Muñoz (Col. Socialista).

“Eran dos figuras extrañas a nuestro sistema político y no sabíamos las consecuencias que podría traer […]. La atenuación de un régimen presidencial no se da por la compañía de dos figuras extrañas al sistema político, se da en primer lugar por su relación con el Congreso Nacional […] y además con la forma de Estado, que va a implicar una redistribución del poder hacia las regiones desde el centro del país, por lo tanto, desde la Presidencia de la República”, sostuvo Muñoz.

En concreto, la norma acordada señala que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. Además, se acordó que el período del Presidente dure cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola vez, sea o no de forma inmediata.

Entre sus atribuciones se fijan el “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales; Dirigir la administración del Estado; Nombrar y remover a las Ministras y Ministros de Estado”; “Declarar los estados de excepción constitucional”; entre otras.

Una de las atribuciones nuevas se refiere a las “leyes de concurrencia presidencial”, donde se enumeran materias como aquellas que irroguen -dañen- directamente gastos al Estado; las leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos; las que alteren la división política o administrativa del país; las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza; y más.

El nudo de las organizaciones políticas

Casi hubo acuerdo en la totalidad de las materias, con la excepción del capítulo referido a las organizaciones políticas. Movimientos Sociales Constituyentes, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente impulsaban una propuesta que -a modo general- buscaba la participación efectiva y vinculante de los independientes y de los movimientos sociales. 

Sin embargo, la propuesta no convencía al resto de los colectivos. Según comentan quienes participaron de la reunión, el FA estuvo abierto a avanzar en esta materia, sin embargo, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista eran reticentes a la idea. Fue el último capítulo que revisó la instancia.

Sobre este punto, la convencional Alondra Carrillo (MSC) comentó que desde sus colectivos se habían “planteado alternativas diferentes a los partidos como formas de representación, y el punto transversal al que llegamos es un punto que reconoce a las organizaciones políticas en términos generales y remite esto a la ley”.

En esa misma línea, la constituyente Francisca Arauna (PuCo) dijo que “lo que no se toca al fin y al cabo son las listas de independientes programáticas […] eso lo vemos con preocupación, nos reservamos el derecho respecto del acuerdo a presentar nuestra indicación”.

Ahora, la comisión deberá votar las indicaciones ingresadas por los convencionales, donde se cuentan los 60 artículos del acuerdo, además de las propuestas de la derecha y del Colectivo del Apruebo. Ahora deberán ser votadas en particular para luego pasar a votación en el Pleno.