Forma de Estado, Sistema Político y Justicia: comisiones anticipan el debate de las normas transitorias

La Mesa Directiva de la Convención Constitucional ya trabaja en una propuesta para la votación. En paralelo, hay constituyentes que adelantan cómo poner en práctica los artículos aprobados.

Si se aprobara la propuesta constitucional de la Convención, ¿cuánto tiempo tomaría implementar sus normas?, ¿cómo se materializarían los cambios? Esas son algunas de las preguntas que se hacen cada vez más seguido los constituyentes. No son pocos los que estiman que la totalidad de los artículos recién terminarían de aplicarse en un período de diez años.

Las conversaciones formales ya comenzaron. La Mesa Directiva se reunió la mañana del martes 5 de abril con los colectivos de la Convención para organizar el proceso de deliberación y votación de disposiciones transitorias, las cuales definen el camino y la forma para que una norma sea aplicada en la realidad. En palabras simples, poner en práctica los artículos de la Constitución.

Aún no hay un proceso acordado, pero sí hay consenso de que el tratamiento de estas disposiciones se realice después de que finalicen los informes de normas permanentes. Ya se habla de dos posibilidades concretas. Una de ellas implica que cada comisión redacte las disposiciones transitorias referidas a las temáticas que abordan esos espacios y la otra posibilidad contempla la creación de una comisión especial dedicada exclusivamente a la creación de estas disposiciones.

Hasta el momento correría con ventaja la opción de que se mantengan las comisiones temáticas, ya que algunos comentan que parece lógico que cada comisión siga abordando los temas que ya conoce en profundidad porque llevan meses analizando materias específicas de cada comisión.

En ese contexto, hay al menos tres comisiones donde las disposiciones transitorias deben ser coherentes entre sí. Son las llamadas comisiones orgánicas: Sistema Político, Forma de Estado y Sistemas de Justicia. 

Diez años para un Estado Regional

Uno de los cambios que más implicancias conlleva con la estructura actual del Estado es la transición hacia un Estado Regional. En los artículos aprobados se determinó que Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural, el cual se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Según el cronograma de la comisión de Forma de Estado, el 18 de abril terminarían de votar en particular los últimos informes de reemplazo, luego de esto comenzaría la discusión de normas transitorias para presentarlas al Pleno durante la primera semana de mayo. 

La convencional Jennifer Mella (Frente Amplio), cocoordinadora de la comisión, comenta que para materializar las normas referidas al Estado Regional es probable que se necesite al menos un período completo de legislatura. “Creemos que tienen que ser plazos bastante extensos, por lo menos un período de legislatura completa para establecer e instaurar el Estado Regional, para hacer las modificaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en lo que corresponde a modernización del Estado”, dice.

En esa línea, Mella agrega que “es un proceso profundo, un cambio importante que la ciudadanía tiene que entender, y donde se va a instalar en los órganos colegiados paridad, escaños reservados, representatividad territorial”.

Una mirada similar tiene su compañero de comisión Claudio Gómez (Col. Socialista), quien comenta que debe existir “un tránsito gradual, pausado, de manera de que las instituciones se vayan acoplando de manera mesurada y no generar cambios precipitados que pueden generar ciertos inconvenientes o errores en cuanto a la aplicación”. 

El cambio implica, además, la creación de una serie de organismos descentralizados, siendo uno de los principales la Asamblea Regional, la que fue aprobada por el Pleno. Sus impulsores las denominan también como “Cores 2.0”, ya que serían similares al órgano regional que se fija actualmente en la Constitución, pero al cual se le incorporan más atribuciones, entre ellas, que puedan dictar leyes si el Congreso lo permite.

Sobre este tema, el convencional Gómez no cree que se deba dar origen a una nueva institucionalidad, al contrario, dice que acá “estamos frente a una transformación, de Consejo Regional a Asamblea Regional […] los consejeros regionales o el Consejo Regional debiese pasar a ser la Asamblea Regional y en cierto modo, los que se encuentran ahora en sus cargos como Core serían de alguna u otra forma los continuadores, sin perjuicio de que tienen que ser reelectos, eventualmente”.

Entre los artículos aprobados también se establecen cambios para las autoridades de los Gobiernos Locales. Tanto alcaldes como concejales tendrán cambios en sus mandatos, ya que se estableció que ejercerán sus funciones por un período de cuatro años y con posibilidad de reelección por una vez, ya sea inmediata o no. Una propuesta que generó la molestia en algunos alcaldes, lo que inclusó llevó a la Mesa Directiva a instalar una mesa de trabajo con la Asociación de Municipalidades de Chile para atender sus inquietudes. 

¿Cuándo regirán estos cambios? El convencional Gómez anticipa que se deberían respetar los períodos en los que fueron electos. “Yo soy de los que cree de que los que se encuentren en funciones tienen que cumplir sus períodos respectivos y los períodos contemplados en la Constitución comenzarán a regir del momento en que entre en vigencia la Constitución, de manera que si un alcalde lleva un período, le quedarán dos más, que si un alcalde lleva dos períodos le quedará uno y si está en su tercer período no le quedará ninguno”, sostiene.

Nuevos órganos de justicia

En el caso de las normas referidas a Sistemas de Justicia, los convencionales anticipan que la mayoría de las disposiciones transitorias apuntarán al proceso de cómo se integrarán al Estado las nuevas instituciones que han aprobado o en las que prevén un amplio acuerdo.

Los integrantes de la comisión que aborda este tema anticipan que un período razonable para la implementación de las normas va de seis meses a dos años. “Como comisión nos toca abordar la creación de una nueva institucionalidad, de organismos autónomos […] Un plazo que puede ir desde los seis meses hasta los dos años, para poder ejecutar, pero eso también va a depender de la discusión política de cuáles temas creemos que son prioritarios”, sostiene la convencional Manuela Royo (MSC).

Una de las principales instituciones nuevas que se incorporó a la propuesta constitucional es el Consejo de Justicia. Un órgano “autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial”. Será el encargado del “nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia”. 

Para su pleno funcionamiento, algunos integrantes de la comisión piensan en un plazo de dos años. “Debería existir una gradualidad de dos años, en el que el legislador tenga que además dictar la ley que regula los ámbitos que no están contenidos en la Constitución, lo mismo en otras áreas como el Banco Central o la Contraloría General de la República”, comenta el convencional Tomás Laibe (Col. Socialista).

Los constituyentes mencionan, además, otras propuestas que deberán tener distintas gradualidades para su total implementación. La abogada e integrante de Pueblo Constituyente Ingrid Villena (PuCo) destaca la creación de la “Defensoría del Pueblo” y comenta que “también va a requerir -de ser aprobada- la absorción de dos instituciones que sería la Defensoría de la Niñez y el INDH”. Royo, por su parte, alude a la “creación de una Agencia Nacional del Agua, que es urgente y que tiene que ir operando de forma muy rápida después de la aprobación de la Constitución, o normas como la derogación de la criminalización del aborto en el Código Penal, que creemos que tiene que ser de pleno derecho”.

La comisión también aprobó en particular el reemplazo del Tribunal Constitucional (TC) por una Corte Constitucional, que, entre otras cosas, introduce cambios en su integración y modalidad de nombramientos. 

“Habíamos dicho que la Corte Constitucional es una nueva Corte, por lo tanto, viene a reemplazar el Tribunal Constitucional y eso significa que los actuales integrantes del TC salen e ingresan unos nuevos integrantes de acuerdo a los criterios de integración que hemos propuesto. Eso requiere un tiempo, que puede ser de dos o cuatro años”, señala Laibe. 

Otros colectivos, como Pueblo Constituyente, proponen que el actual TC tenga seis meses desde la aprobación de la nueva Constitución para terminar todas las causas que se encuentren ingresadas y aquellas que no tengan término sean traspasadas a la Corte Constitucional. 

El convencional Christian Viera (Frente Amplio) tiene una mirada distinta. A su parecer, el TC no puede desaparecer en el período intermedio, porque hay causas que aún van a estar siendo conocidas. “En el período intermedio ese órgano [Consejo/Corte Constitucional] asumiría las funciones que actualmente detenta el TC. En lo que sí hay consenso es que ese nuevo órgano, llámese como se llame […] va a tener funciones que va a tener que absorber del actual TC”, agrega.

Además, se incorporó al texto constitucional que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, y que “los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias”.

Una norma, que según comentan, deberá ser aplicada de manera gradual. “Respecto de la paridad tiene que ser integrado de forma paulatina, porque hay órganos que ya tienen paridad, pero esta paridad es solo en términos numéricos, porque no está en los altos cargos […] se necesita el conocimiento, el perfeccionamiento. Por ejemplo, para que todos los jueces fallen con enfoque de género, van a tener que someterse a un curso de enfoque de género”, explica Villena. 

Los escaños reservados también serán parte de algunas instituciones, no solo referidas a justicia, sino que muy probablemente en áreas como el Poder Legislativo. En esta materia hay una propuesta de los pueblos originarios que propone la creación de un Consejo de Pueblos, que sea el que provea de estos escaños reservados en aquellos cargos públicos que no sean de elección popular, por ejemplo, el Consejo de la Justicia.

Preliminares en Sistema Político

La comisión encargada de definir la composición del Congreso y la estructura del Poder Legislativo aún no logra incorporar al texto constitucional los artículos referidos a estas materias. El acuerdo al que llegaron el lunes 28 de marzo pasado estuvo marcado por las propuestas que establecen un “bicameralismo asimétrico” y un “presidencialismo atenuado”. 

Según la reforma constitucional, la nueva Carta Fundamental “no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”. 

Este es uno de los temas que ya han sido objeto de discusión en los diferentes colectivos, principalmente, porque el acuerdo firmado por casi todos los colectivos, con excepción de la derecha y el Colectivo del Apruebo, considera la eliminación del Senado, el cual reemplaza por una Cámara de las Regiones, que tiene una integración y atribuciones diferentes.

El escenario está dividido. El convencional del Partido Comunista Marcos Barraza advierte que en esta materia hay que ser “extremadamente cuidadoso” en las disposiciones transitorias y que “no se pueden aventurar definiciones prematuras cuando el sistema político no está aún zanjado”. 

Sin embargo, en otros sectores ya anticipan definiciones más claras, como es el caso del Colectivo Socialista. De hecho, el constituyente Pedro Muñoz dice que “cuando me guste y no me guste se respeta el principio de soberanía popular, las autoridades fueron electas bajo ciertas reglas con ciertos plazos, así concurrió el electorado, por tanto, un cambio de reglas tiene que ser muy bien pensado, no tiene que ser pensado en el interés propio ni de quienes van a competir en las próximas elecciones, y hablo a todo nivel”.

Particularmente, sobre el Senado, agrega que “los senadores que llevan ocho años estarán sujetos al mismo criterio. No sería adecuado pensar que la Cámara de las regiones va a tener tanta diferencia y va a funcionar en un lugar totalmente distinto de donde funciona hoy día el Senado. Tiene que haber una continuidad institucional, no estamos creando Chile desde cero”.

Una postura similar tienen en la derecha y el Colectivo del Apruebo. Desde esos sectores sostienen que se debe respetar el período de las autoridades recién electas, tanto parlamentarios como el Presidente. 

El acuerdo también considera que el Presidente pueda reelegirse por una única vez. La duda que ahora surge es si esa disposición aplicaría para el mandato de Gabriel Boric. Muñoz dice que “habrá que preguntarle a Apruebo Dignidad y a la coalición si quiere anticipar la elección presidencial o no, tenemos que tener reglas más o menos estándar para las distintas instituciones”.

Por su parte, el convencional Hernán Larraín (Evópoli) comenta que la opción de reelección no debiera considerar al período del Presidente actual. “Veo que debiéramos pensar un régimen que no tuviera, por así decirlo, beneficios personales”, sostiene.