Constitución: el Pleno agrega el derecho a la seguridad social y crea un sistema público

La Convención rechazó propuestas de la derecha que evitan en forma explícita la expropiación de los fondos de pensiones.

El Pleno de la Convención Constitucional se enfocó el martes 19 de abril al despacho de una serie de derechos fundamentales provenientes de la comisión homónima, que para un conjunto amplio de constituyentes representan el “corazón” de su trabajo estos meses. Algunas de las iniciativas que ya entran al borrador de la nueva Constitución incluyen materias como el derecho al derecho a la vivienda digna y la libertad sindical.

Entre los elementos que generaban mayor expectación estaban aquellos vinculados con la seguridad social. Sobre esta materia, se aprobó con 120 votos a favor, 16 en contra y 13 abstenciones el inciso donde se establece que “La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.

Junto con esto, se aprobó que la ley “establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás
contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo”. En el mismo inciso, se agrega que este sistema “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”.

La misma suerte tuvo el inciso tercero, donde se establece un sistema de pensiones tripartito. Específicamente, el inciso señala: “Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

Distinto fue el destino del artículo donde se leía que el Sistema de Seguridad Social “garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido”. Una prestación “definida” significa que se asegura un determinado monto de pensión preestablecido. En la derecha afirman que esa propuesta apuntaba a establecer un sistema de reparto. Ese inciso fue rechazado y vuelve a comisión.

También deberá volver el inciso donde se fijaba que “las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley”. La propuesta que buscaba “garantizar el derecho a la seguridad social de las y los trabajadores rurales, se considerarán las condiciones específicas de su actividad”, regresa igualmente a comisión.

Se rechaza inexpropiabilidad de fondos

La convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre) ingresó una indicación donde se fijaba que el “Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”. Fue rechazado con 37 votos en contra, 47 abstenciones y 49 a favor. En la propuesta hubo votos a favor por parte de la derecha pero también de algunos convencionales como Adriana Ampuero (Ind.), Fernando Atria (FA), Daniel Bravo (PuCo), Fuad Chahin (Col. Apruebo), Malucha Pinto (Col. Socialista), entre otros. 

La mayor parte del Colectivo Socialista y del Frente Amplio se abstuvo, mientras que en general los colectivos más a la izquierda se inclinaron por rechazar la indicación.

A esa propuesta se agregaron otras de la misma Cantuarias y también de Bárbara Rebolledo (Ind. Evópoli), que apuntaban a la misma idea de inexpropiabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores o aquella que les daba la calidad de heredables.

El convencional Atria definió la indicación de la derecha como una “majadería”. “Hubo diferencias sobre qué hacer con esa indicación, precisamente dado que es una indicación que no tiene consecuencias, en el sentido de que no excluye posibilidades que no sean relevantes, pero claro, también hay que decir que aceptarla y aprobarla habría sido conceder esa majadería de la derecha y aceptar entonces que esa campaña sucia, es una campaña que tiene que tener impacto en la Constitución”. 

Sobre este punto, agrega que su opinión era aprobar la indicación y decir “‘ahí está, dejen de lanzar voladores de luces, dejen de escabullir las cuestiones importantes'”. Además, sostuvo que podría abrirse nuevamente la discusión sobre la inexpropiabilidad, a pesar de que no considera esta materia como un tema constitucional. “Si para acabar con esta majadería de la derecha, es conveniente eso, espero que sea una cuestión que se discuta en la comisión”, dijo.

Esta materia ha sido objetivo de amplio debate político. En la discusión sobre el quinto retiro previsional, por ejemplo, el Ejecutivo anunció un proyecto de reforma constitucional para introducir en la actual Constitución (vigente) un par de incisos que impiden la expropiación de los recursos previsionales.

Por su parte, el convencional Bernardo Fontaine (Ind. RN) insistió en el punto. “Vamos a tener un sistema únicamente estatal de pensiones, un sistema como solamente los fondos se van a poder dedicar a pagar pensiones, no van a ser heredables […] En la derecha vamos a seguir comprometidos con establecer en la Constitución que los ahorros previsionales de los trabajadores son de su propiedad, son heredables y van a poder elegir administrador”.

Dado que numerosos artículos rechazados por el Pleno de la Convención vuelven a la Comisión de Derechos Fundamentales, aún existe un espacio para modificaciones. Es decir, todavía el Pleno podría votar ideas que hablen acerca de la inexpropiabilidad de los recursos previsionales de los trabajadores.