Semana del 25 de abril en la Convención
Comisión aprueba artículo que entrega mayores atribuciones a la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado. Además, llegan al borrador de nueva Constitución autonomías territoriales indígenas e iniciativas populares de ley,
Lunes 25 de abril
Contra el tiempo, convencionales de seis colectivos de izquierda y centroizquierda, que son parte de la comisión de Sistema Político, llegaron a un acuerdo para presentar una indicación que entregara no solo atribuciones, sino que mayor cantidad de ellas a la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.
Esto, porque si bien el nombre del nuevo órgano había entrado al borrador de la nueva Constitución, no así sus atribuciones, pues anteriormente faltó un voto para que se aprobara el artículo referido a las Leyes de Acuerdo Regional, donde se radicarían sus facultades.
Por el plazo perentorio que tiene la Convención Constitucional, que termina el 4 de julio, era necesario sellar el acuerdo político esa noche, porque dentro de tres días, el jueves 28 de abril, la comisión de Sistema Político debía conocer esa y otras indicaciones -también respecto de la orgánica de la Cámara de Diputadas y Diputados- y votarla. Todo esto para proyectar la propuesta ante el Pleno del próximo 6 de mayo.
En las negociaciones participaron los coordinadores de la instancia Rosa Catrileo (Escaños Reservados) y Ricardo Montero (Col. Socialista), además de los convencionales del Partido Comunista Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda; por el Frente Amplio, Fernando Atria, Constanza Schönhaut y Jaime Bassa; por INN Patricia Politzer y Guillermo Namor; y por el Colectivo Socialista, además de Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado. También se sumaron Alondra Carrillo y Alejandra Flores, ambas de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC).
También suscribió el documento la convencional Tammy Pustilnick (INN), quien es parte de la comisión de Derechos Fundamentales. Pero se restaron Fuad Chahín (DC)y Renato Garín (Ind). Tampoco fueron parte Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y Popular, dos colectivos cuyo respaldo a las indicaciones estuvieron en suspenso hasta el jueves 28 de abril.
Finalmente, esa noche a la Cámara de las Regiones se le ampliaron sus facultades, que incluyen ver las leyes relativas a las regiones y presupuesto; las leyes que “creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad” y “las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales”.
Además, las leyes sobre derechos fundamentales en materia de salud, vivienda y educación. También se le dio mayor injerencia, pero siempre bajo el protagonismo de la Cámara de Diputadas y Diputados: incidir en la declaración de estados de excepción, en los tratados internacionales y ser jurado en las acusaciones constitucionales.
La comisión de Sistemas de Justicia sesionó. Tras el rechazo en general a su tercer informe, el 14 de abril pasado, abordó normas relativas a órganos autónomos e hizo modificaciones respecto del Banco Central, la Corte Constitucional y el Ministerio Público.
Tras las críticas de especialistas en reforma procesal penal, los convencionales repusieron la figura del fiscal nacional, que había eliminado por un Consejo Superior, de siete personas, a cargo de dirigir el Ministerio Público. Si bien se repuso, no será quien dirigirá este consejo, que se mantuvo. La autoridad quedó con menor incidencia.
La instancia, además, aprobó normas sobre la nueva Corte Constitucional, que reemplazará al Tribunal Constitucional. Elevó de diez a 11 sus integrantes y cambió el sistema de nombramientos: cuatro serán electos por el Consejo de la Justicia; tres por el Presidente de la República y cuatro por el Congreso, de ternas elaboradas por la Alta Dirección Pública.
Y cambiaron algunas atribuciones. Entre ellas, respecto de la interposición de recursos de inaplicabilidad sobre un precepto legal.
Sobre el Banco Central, también hubo varios cambios, como en la selección de sus consejeros, ahora propuestos en ternas al Congreso después de ser seleccionados por el consejo de Alta Dirección Pública.
Martes 26 de abril
Doce nuevos artículos y cinco incisos pasaron al borrador del texto constitucional derivados del informe de segunda propuesta de la Ccomisión de Forma de Estado. Entre ellos, normas especiales para Rapa Nui y Juan Fernández y sobre autonomía territorial indígena.
Con 113 votos a favor fue aprobado el artículo N°30, que estableció que Rapa Nui es un territorio especial y que el Estado deberá asegurar medios para financiar y promover su desarrollo, protección y bienestar.
Además, se consagró que el archipiélago Juan Fernández también es un territorio especial.
A lo anterior se sumó que fueron visadas las Autonomías Territoriales Indígenas, por 113 votos, diez más que el piso de los dos tercios. La norma establece que “son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley”. Además, que “el Estado deberá reconocer, promover y garantizar las Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines”.
Otra norma aprobada fue la de las empresas públicas municipales: “Las comunas autónomas, previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes”.
Miércoles 27 de abril
La comisión de Sistemas de Conocimiento nuevamente rindió prueba ante el Pleno: de las 18 normas que propuso en su informe, le aprobaron siete.
Fue, por ejemplo, la segunda y última oportunidad para los derechos de autor, cuya propuesta inicial había sido cuestionada por varias organizaciones de artistas. Ante ello, la comisión le realizó mejoras y el Pleno apoyó la norma con 115 votos a favor, 13 en contra y 25 abstenciones.
El artículo señala que “la Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señale la ley, que no será inferior a la vida del autor”. Y agrega, en su segundo inciso, que “la Constitución asegura la protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de conformidad a la ley”.
Quedó fuera del borrador la norma sobre propiedad industrial, que sí está consagrada en la Constitución actual: obtuvo 80 votos a favor, 50 en contra y 20 abstenciones.
También fue aprobado el derecho a la seguridad informática en que el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en sus diferentes “contextos culturales, sociales y territoriales”; el acceso a la información pública; la prohibición de la asimilación forzada o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas y que la Constitución reconoce los derechos culturales del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno.
Jueves 28 de abril
Durante la mañana terminaron de afinarse los nombres de quienes integrarán las comisiones de Armonización, de Normas Transitorias y de Preámbulo, cuyo trabajo parte el lunes 16 de mayo en la Región de Antofagasta.
La instalación de estas comisiones marca el principio del trabajo final de la Convención Constitucional, pues tienen un rol clave en el texto, su proyección y articulación.
Tres días después del acuerdo de la medianoche del lunes 25 de abril de los seis colectivos de izquierda y centroizquierda, hubo novedades: la indicación sobre las Leyes de Acuerdo Regional -que definieron las atribuciones a la Cámara de las Regiones- fue aprobada en la comisión de Sistema Político. Tuvo 17 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Y los dos colectivos, cuyo respaldo estaba en suspenso, apoyaron la propuesta: Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y Popular. En cambio, votaron en contra Marcela Cubillos (Ind. UDI); Constanza Hube (UDI), Arturo Zúñiga (UDI), Fuad Chahín (DC) y Renato Garín (Ind).
El Pleno en que se votará este artículo clave -y otros sobre la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados- está fijado para el próximo viernes 6 de mayo.
Por la tarde, el Pleno votó la segunda propuesta del segundo informe de la Comisión de Principios Constitucionales, lo que culminó en que siete artículos y tres complementarios fueron despachados al borrador de la propuesta constitucional.
Destacó la aprobación del artículo sobre democracia participativa, que establece que “la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas, en conformidad a esta Constitución y las leyes”.
Un aspecto nuevo que también pasó al borrador fue la iniciativa popular de ley, que permite que ciudadanos habilitados para sufragar podrán presentar proyectos de ley. Para ello se requerirán las firmas del 3% del último padrón electoral.
También se visó la derogación de ley, donde la ciudadanía también tendrá la posibilidad de presentar “una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional”.
En ambas normas quedó prohibido que se puedan referir a tributos o que alteren la administración presupuestaria del Estado, así como también “limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y las leyes”.
Además, el Pleno rechazó los referéndums revocatorios de mandatos de Presidente de la República, gobernadores regionales y alcaldes.
Viernes 29 de abril
El Pleno aprobó en general, por 109 votos a favor, el informe de la comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, derivado de la Consulta Indígena.
“Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias”.
Los otros 37 artículos que fueron rechazados, entre ellos todos los relativos a la restitución de tierras, permanencia en el territorio y el derecho al agua, entre otros, fueron devueltos a la comisión para que tengan una segunda oportunidad.